Por CRISTIAN CARRILLO

La supuesta alta conflictividad laboral dentro de las industrias es un latiguillo que repiten a diario los principales referentes del sector empresario, con el objetivo de obtener flexibilizaciones en el marco que regula los contratos de trabajo. Uno de los principales voceros del establishment corporativo es Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint. Sin embargo, la usina de pensamiento pymes de ese conglomerado reconoce que la conflictividad laboral actual, con condiciones más estrictas para respaldar a trabajadoras y trabajadores, es casi la mitad de la que se exhibía en 2017, en pleno proceso flexibilizador macrista y el único año en que no hubo recesión económica. 

La falacia de que mayor flexibilización laboral implica mayor nivel de empleo y menor nivel de conflicto dentro de las empresas se sostiene a pesar de las números duros. "La litigiosidad laboral es hoy menor que en el pasado. La proporción de empresas afectadas se redujo en un 40 por ciento", señala el último informe de la Fundación Observatorio PYME, un desprendimiento de Techint creado en 1996 por Roberto Rocca, padre de Paolo, actual CEO del Grupo.

"A pesar de que un tercio de las PyME manufactureras no había logrado establecer acuerdos de cambios en las condiciones laborales durante la pandemia, o que dichos cambios fueran homologados por el Ministerio de Trabajo, la litigiosidad laboral no aumentó hasta el momento con respecto a la situación prepandemia relevada en 2017", destaca el documento de la entidad que depende de Rocca, el primero en desoír el decreto que estableció la prohibición de despidos el año pasado y cesanteó en plena vigencia de la medida a 1500 trabajadores de su nómina. 

De acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio, en 2017 el 34 por ciento de las industrias manufactureras enfrentó litigios judiciales, mientras que durante el 2021 por acciones legales fue alcanzada sólo el 20 por ciento. En el caso de las empresas vinculadas al software y servicios informáticos, el porcentaje de firmas con litigio laboral era de 21  por ciento en 2017 y este año solo alcanzó al 13 por ciento de las relevadas por el Observatorio PYME. 

La situación es todavía mejor para las pequeñas empresas, donde el porcentaje de firmas que tuvieron algún tipo de demanda, tanto directa como indirectamente, era de 31 por ciento en 2017 y actualmente abarcó al 18 por ciento. En el caso de las firmas medianas, el guarismo pasó de 48 por ciento (2017) a 36 por ciento (2021). 

El empleo formal registrado, incluso, ya recuperó el deterioro ocasionado por la pandemia y parte de la crisis macrista, exhibiendo una mejora de 1 por ciento en relación a diciembre de 2019 y volvió a los niveles de empleo formal cercanos a los de 2018. "La confianza empresarial PyME se encuentra en un nivel históricamente alto, en torno de 50 puntos del ICEPyME de FOP, similar al registrado al inicio del gobierno de Mauricio Macri", sostiene la Fundación que comanda Paolo Rocca. 

La dinámica de acuerdos entre las firmas y su personal, o el sindicato que los representa, dimensiona la conflictividad o el mutuo  entendimiento, así como la difusión de demandas laborales describe la situación de litigiosidad. La prohibición de despidos y la doble indemnización hicieron que la litigiosidad laboral se haya reducido, aunque habrá que esperar lo que suceda cuando a fin de año se dé por finalizada ambas obligaciones para la patronal. 

Mientras la cúpula empresaria se empeña en señalar que el principal problema que tiene la actividad son las leyes laborales y sostienen que facilita la denominada "industria del juicio", el cuidado de los puestos laborales no impidió el crecimiento y la mejora en los números de casi todas las actividades. 

Durante la pandemia, las investigaciones del Observatorio revelaron "una intensa dinámica de acuerdos laborales para un 40 por ciento de las empresas  micro, pequeñas y medianas (con diferencias por tamaño, sector y región)". "Aproximadamente  un cuarto de estas firmas, a mediados de junio de 2020, contaba con acuerdos homologados  ante la autoridad laboral como mecanismo de ajuste ante el impacto de la pandemia", agrega el informe.