En lo que representa un fallo inédito, seis delegados petroleros fueron condenados por realizar una protesta gremial en la ciudad de Catriel, en Río Negro, y deberán realizar 1.200 horas de trabajo comunitario para evitar tener que afrontar un juicio oral y público.

Se trata de 6 delegados del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa que lidera Marcelo Rucci, que encabezaron una protesta en un yacimiento en el año 2020 por la reincorporación de unos 10 compañeros despedidos, y que están acusados de haber generado un perjuicio millonario por el «grave hecho de coacción».

El fiscal jefe Gustavo Herrera fue quien decidió la condena, y según se informó estuvo muy cerca de resolver llevar a los gremialistas petroleros directamente a juicio. Sin embargo, en la audiencia donde se homologó el acuerdo explicó que tomó la determinación final «en pos de la paz social», y reconoció que el trabajo de la querella y la defensa fue clave para resolver el conflicto.

El pedido de que «no se vuelva a repetir»

«Este acuerdo tiene una finalidad que es lograr la paz social, entre ustedes, el sindicato, y la empresa. El objetivo es que esto no se vuelva a repetir. Vamos aceptar un acuerdo para que esto quede como una regla general de que no se vuelva a repetir», remarcó en la audiencia que presidió la jueza Alejandra Berenguer.

Además de las ordinarias pautas de conductas que se disponen en una suspensión de juicio a prueba, los seis imputados deberán realizar (o pagar) 1.200 horas de trabajo comunitario, además de la compra de materiales para reparar la vivienda donde funciona la brigada de investigaciones de Catriel. 

Los seis imputados dieron conformidad al acuerdo, cuyas pautas deberán cumplir por el plazo de tres años. Si lo hacen, en 2026 quedarán sobreseídos de la persecución penal.

El propio Herrera leyó el acuerdo, que en primer lugar se trató de un compromiso del sindicato de no realizar nuevos bloqueos a la empresa Petróleos Sudamericanos (PS), víctima y querellante en este proceso penal, «sin que ello represente una renuncia al ejercicio de los derechos sindicales que son de carácter irrenunciable».

La empresa, por su parte, se comprometió a no promover acciones civiles por los hechos que se investigaron. En tanto no podrán cometer nuevos delitos y deberán presentarse periódicamente en el juzgado de Paz de esa localidad.

Cómo fue la protesta de los petroleros

Los imputados, en tanto, ofrecieron como reparación económica por el daño causado el arreglo de la sede de la Brigada de Investigaciones en Catriel, con la suma de 200 horas de trabajo comunitario por cada delegado. 

El abogado defensor Marcelo Hertzriken Velasco dejó establecido que esta tarea será realizada por profesionales, pero que los imputados serán quienes pagarán

El hecho ocurrió el 21 de julio de 2020, cuando se produjo un incidente en el bloque que opera PS por un conflicto gremial. El sindicato pretendía que la operadora reincorporara a 10 operarios de la firma AESA que habían sido desafectados.

En las vísperas de la primera ola de Covid-19 en la región, los imputados, delegados pertenecientes al poderoso gremio de petroleros privados, irrumpieron el yacimiento Medanito, ubicado a 30 kilómetros de Catriel, y generaron una serie de acciones que pusieron en un «grave riesgo» el medio ambiente. El incidente dejó sin energía el área por 36 horas, y la estimación es que el conflicto generó un impacto de 7 millones de pesos.

En ese yacimiento también se encuentra la planta de tratamiento y despacho de crudo de PS, la planta de bombeo de crudo de Oldelval y la planta de tratamiento y compresión de Gas de Medanito. También allí se ubica la infraestructura de la Estación y Subestaciones del suministro eléctrico, que es transportado por Transcomahue SA.