Se trata del fiscal de Delitos Complejos, Gustavo Zorzano, quien solicitó la requisitoria a elevación a juicio contra Monteros y otros 13 dirigentes del gremio de la construcción a la jueza de Garantías Marisa Promé.

Fuentes judiciales informaron a Télam que "el fiscal realizó el pedido el pasado viernes ante la magistrada en el marco de la causa por la cual se encuentran detenidos con prisión preventiva 14 dirigentes de la UOCRA de Bahía Blanca".

"Además de Monteros el pedido fue para su adjunto José Burgos junto a los dirigentes Pablo David Gutiérrez, Mario Matías González, Guillermo Molina, Sebastián Canales, Walter Rafael Paiz, Raúl Erbín, Roberto Sabino Ríos, Carlos Ariel Carrillo, Nelson Damián Cabrera, David Ezequiel Muñoz, Aníbal Alejandro Aranda y Sergio Vázquez", agregaron.

Según la requisitoria del fiscal "Monteros está imputado por los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefe por un hecho y por extorsión reiterada en calidad de coautor por treinta hechos como así también por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra en calidad de autor, en concurso real de delitos".

En el caso de Burgos el fiscal solicitó el pedido por los delitos de "asociación ilícita en calidad de jefe por un hecho y extorsión reiterada por 29 como así también otros dos en grado de tentativa, todos en concurso real", informaron fuentes judiciales.

El 11 de enero del 2018 durante un procedimiento que incluyó varios allanamientos en Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez, Monteros y el resto de los dirigentes fueron detenidos en operativos realizados por la policía bonaerense y tras el pedido realizado por el fiscal Zorzano a la jueza Promé.

En una vivienda de Monte Hermoso, donde se encontraba Monteros, los investigadores encontraron más de 5 millones de pesos y 100 mil dólares escondidos en bolsas, cajas y bolsos, así como también una pistola calibre 9 milímetros y estupefacientes para consumo.

También hallaron una caja de seguridad en la vivienda en la que se hallaba Monteros, donde se encontraron otros 423.309 dólares distribuidos en fajos.

Según se indicó el fiscal consideró que Monteros y Burgos "fueron los jefes de la banda y hasta conformaron empresas familiares que prestaban servicios para la construcción, como baños químicos, transporte, vestimenta y gastronomía" a clientes que "eran rehenes de sus imposiciones pues estaban obligados a contratar prestaciones de menor calidad y mayor costo".