Las organizaciones aseguran que la medida viola el "Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación" de la OIT, por lo que solicitan al director general, Gilbert Houngbo, que remita la denuncia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su urgente tratamiento. Para las centrales sindicales el protocolo "muestra que hay una clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta y de sustraerla de su ámbito jurisdiccional que es el socio laboral para trasladarla al fuero penal".

"La nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país", sostuvieron en la presentación firmada por los tres secretarios de Relaciones Internacionales de las centrales obreras: Gerardo Martínez (CGT), Adolfo Aguirre (CTA-A) y Roberto Baradel (CTA-T). De acuerdo con el escrito, la iniciativa del Gobierno demuestra una "clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta" al trasladar las manifestaciones obreras del fuero laboral al penal.

Los sindicalistas advierten que el protocolo se implementa en un contexto de fuerte ajuste de la gestión de Javier Milei que "dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados". En ese sentido, sostienen que las medidas económicas anunciadas, al paralizar la actividad económica y erosionar el poder adquisitivo, forman parte de una "estrategia disciplinadora", en la que se inserta la represión de la protesta anunciada por Bullrich.

El “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación” tendrá su primera aplicación este miércoles, en la marcha convocada a 22 años de la represión del gobierno de Fernando de la Rúa que dejó muertos y decenas de heridos tras las protestas en Plaza de Mayo. La iniciativa de Bullrich (ministra de Trabajo de aquella fatídica gestión) autoriza a todas las fuerzas federales –Gendarmería, Prefactura, Policía de Seguridad Areoporturaria, Policía Federal y Servicio Penintenciario-- a intervenir frente a “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación“.

"Se trata de una reglamentación abusiva tendiente a desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos a su vez por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratificó", señalaron las centrales obreras que además afirmaron que el protocolo "contradice las recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación". La medida, sostienen, pretende tomar la protesta social como un tipo de delito penal sancionado por el artículo 194 del Código Penal de la Nación, que castiga con hasta dos años de prisión a quien "impidiere, estorbare o entorpeciere" el funcionamiento de servicios como transporte, comunicación o energía. Sin embargo, una basta jurisprudencia nacional e internacional citada en la presentación remarca que no puede invocarse el mantenimiento del orden público para reprimir la manifestación "en tanto no se apele a la violencia en el marco del reclamo".

Consultado por Página/12, Baradel aseguró que la solicitud "es muy importante porque la firmamos las tres centrales sindicales. El protocolo es absolutamente inconstitucional, viola convenios internacionales como el artículo 3 del convenio 87 sobre libertad sindical de la OIT y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional pretendiendo criminalizar la protesta social, equiparando el ejercicio de la libertad sindical a través del legítimo derecho de peticionar ante las autoridades y de manifestarnos en defensa de nuestros derechos con el artículo 194 del código penal".

"De cobrar efectividad el protocolo se instauraría un mecanismo represivo que atenta contra los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), tratados internacionales y Pactos conexos y los comentarios y recomendaciones de los órganos de supervisión de la OIT", alertaron, por lo que solicitaron la intervención del director general de la OIT para "que la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su tratamiento, a la mayor brevedad".