El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines le pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal que se construyan viviendas sociales para los obreros con los fondos secuestrados a la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca.

“Es evidente que dicho dinero es fruto de actividades ilícitas llevadas a cabo por las personas detenidas en su función sindical y en claro perjuicio de los trabajadores de la industria de la construcción de Bahía Blanca, a los cuales debían representar y defender en sus intereses” dice el texto firmado por el secretario general Víctor Julio Grosi y que ingresó esta semana a la mesa de entradas de la gobernación en La Plata. Propone que la administración provincial y el municipio bahiense realicen un censo para fijar prioridades y ambos organismos se encarguen de la realización del proyecto.

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En enero pasado, la Unidad de Delitos Complejos de Bahía Blanca detuvo a 14 ex miembros de la conducción local de la UOCRA, en una causa por asociación ilícita y extorsión, en perjuicio de empresarios y cuentapropistas de la construcción. Había sido abierta en octubre pasado, luego de denuncias públicas realizadas por la propia Vidal e incluye una treintena de hechos. Uno de los gremialistas capturados fue Humberto Monteros, ex secretario general de la UOCRA y titular de la CGT bahiense. En su vivienda de Monte Hermoso, donde fue detenido, el sindicalista tenía 5 millones de pesos y más de 100.000 dólares ocultos en bolsos. Además, en una caja fuerte, los investigadores encontraron 430.000 dólares.

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El SITRAIC pretende que con esos fondos “y los que en el futuro pudieran secuestrarse” se construyan viviendas sociales en tierras fiscales, exclusivamente para los obreros de la construcción radicados en Bahía Blanca. “Ese dinero les pertenece a ellos, muchos de los cuales están en una virtual situación de calle, debido a los bajos salarios por debajo de la canasta familiar que perciben” dijo a Clarín Adrián García, de la conducción bahiense del SITRAIC. Mencionó que el déficit habitacional que afecta al sector es muy alto y que la conducción de la UOCRA liderada por Monteros, durante una década y media, nunca impulsó la realización de un barrio para los trabajadores. “Sabemos que tienen tierras disponibles y más de una vez les han girado fondos para construir viviendas, pero nunca lo hicieron” remarcó García.

La propuesta comprende que las viviendas se construyan sobre terrenos fiscales de la provincia o requiriendo a la municipalidad de Bahía Blanca la cesión de terrenos. Propone que los destinatarios, sean trabajadores de la industria de la construcción, radicados en la ciudad o localidades aledañas, que no cuenten con vivienda propia.

“Se privilegiará a los trabajadores que sean jefes de familia y por sobre éstos, a quienes tengan hijos discapacitados, con certificado de discapacidad legalmente extendido” dice la nota enviada a la gobernación. Aclara que, una vez entregadas las viviendas, los trabajadores deberán abonarlas en un plan de pago a largo plazo, conforme su nivel de ingresos.

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“Es importante que el dinero secuestrado, fruto de actos delictivos en perjuicio de los trabajadores, ya que sus representantes sindicales se enriquecieron ilegalmente en la función gremial, abandonando la efectiva tutela de los derechos de los trabajadores, no sea derivado a otro fin que el de beneficiar a los trabajadores que durante años fueron perjudicados por quienes tenían la obligación legal de protegerlos”, agrega la nota del SITRAIC. El gremio, rival de la UOCRA, es querellante en la causa que instruye el fiscal Gustavo Zorzano, quien dos semanas atrás, pidió la prisión preventiva para los 14 detenidos. Entre los hechos investigados, figura la irrupción violenta de dirigentes de la UOCRA en asambleas convocadas en obradores por el SITRAIC.