La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), presidida por Mario Grinman, le envió una carta al secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, en la que instó al Gobierno Nacional a que aplique nuevas medidas para complementar la reforma de modernización laboral que Javier Milei impulsó y promulgó a través de la Ley Bases.

En la nota, la Cámara expresa que, si bien celebra los beneficios que se prevén tras la firma de la Ley Bases, "y así dar un primer paso trascendental para terminar con el inmovilismo y la rigidez de nuestro sistema de legislación laboral", entiende que "quedan pendientes algunos temas que necesariamente deberán abordarse en el tiempo más inmediato posible, en esencia, para colaborar con el mantenimiento de numerosas pymes que ven afectados sus costos laborales de manera creciente".

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La carta incluye recomendaciones de la CAC en relación a actualización de créditos laborales, Fondo de Cese Laboral, entrega de recibos de haberes en forma digital, régimen legal de contrato de teletrabajo y la necesidad de declarar otros servicios esenciales, entre otros, además de aspectos que la ley original contemplaba. Varios de estos puntos fueron removidos del articulado original que había sido llevado por el oficialismo en la Ley Bases.

"Entendemos que quedan pendientes algunos temas que necesariamente deberán abordarse en el tiempo más inmediato posible, en esencia, para colaborar con el mantenimiento de numerosas pymes que ven afectados sus costos laborales de manera creciente", indicó Grinman en su nota a Cordero, con quien se reunió este miércoles en el marco de la invitación al grupo del G6 empresario para debatir sobre el Consejo de Mayo.

Los seis puntos que pidió priorizar la CAC

En primer lugar, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios pidió debatir nuevamente un artículo referido a la actualización de los créditos laborales. La norma establecía que los "créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo podrán ser objeto de actualización, repotenciación y/o aplicación de intereses, pero el resultado de estas operaciones en ningún caso podrá ser superior al que resulte de actualizar el capital histórico por IPC con más una tasa de interés pura del 3% anual".

Asimismo, se establecía que "los empleadores que califiquen como micro, pequeñas y medianas empresas (conforme Ley 24.467) tienen la posibilidad de pago de sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas, ajustadas del modo establecido en el párrafo anterior".

Por otro lado, la CAC le solicitó al Ejecutivo que reglamente lo más rápido posible el sistema de fondo de cese "para ahorrar costos empresariales". Aun así, destacaron que "la conformación vía CCT de un sistema de fondo o cese laboral no tiene el consenso de todo el arco empresario".

Como tercer punto, Grinman pidió que vuelvan a debatirse "algunas cuestiones de gestión administrativa que hubiesen servido para ahorrar costos" como la "confección de recibos de haberes y entrega de certificados de trabajo, todo ello en orden a que se lleven a cabo mediante sistemas digitalizados, teniendo la misma validez que el papel".

En cuarto lugar, marcaron que el Régimen legal del contrato de Teletrabajo tiene rigideces que complican a las compañías.

la posibilidad de modificar la regulación relativa de los trabajadores a trabajadores a gozar de horarios de trabajo compatibles con casos particulares, estableciéndose que la adecuación horaria deberá ser coordinada con el empleador;la eliminación de la posibilidad de que el trabajador revierta unilateralmente el consentimiento prestado para trabajar bajo la modalidad del teletrabajo;que en caso de prestaciones transnacionales se aplicará al contrato de teletrabajo la ley de ejecución de las tareas, eliminándose la posibilidad de aplicar la ley del domicilio del empleador si fuere más favorable.

Como quinto punto, la entidad pidió "la convocatoria de todos los actores sociales a mantener una apertura de diálogo social", con la asistencia de la representación en la Argentina de la oficina de la OIT. "Se debería bregar por dos cuestiones esenciales dentro del futuro del ámbito de las relaciones laborales: la productividad de nuestra economía, y el concepto de capacitación y formación profesional de los trabajadores".

Y en último lugar, consideraron "fundamental para el Comercio" la declaración del transporte y la educación (nivel inicial, primario, secundario y especial) como "servicio esencial" y así garantizar una prestación mínima de aquellos servicios del 75%. "A su vez, los servicios bancarios y actividades vinculadas a servicios de exportación, también deberían incorporarse", afirmaron.