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MARIANO MARTÍN

El Gobierno trabaja en secreto para sabotear el paro convocado por la CGT para el 10 de abril. Además de las conversaciones reservadas que los funcionarios mantienen con los sectores más dialoguistas de la central obrera, la administración libertaria se guarda un as en la manga: forzar el mantenimiento del transporte público de pasajeros el día de la medida para restarle contundencia. 

El plan tiene como eje el conflicto de los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras patronales de corta y media distancia del AMBA. El gremio que conduce Roberto Fernández lanzó para este viernes un paro en esa región ante la falta de avances en la paritaria de la actividad. En la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, calibran el dictado de una conciliación obligatoria para hacerla calzar con la fecha de la huelga general y de ese modo sostener el 10 de abril el servicio de colectivos que utilizan 9 millones de personas a diario en todo el país. 

En la cartera laboral confirmaron que está bajo análisis la imposición de la tregua que prevé la ley 14.786 para la controversia de la UTA. En ese caso, admitieron en Trabajo, la conciliación podrá extenderse por el máximo contemplado por la norma, es decir 15 días, con lo que eventualmente estaría en vigencia al momento de la huelga general. Para los funcionarios la imposibilidad de realizar medidas de fuerza durante su vigencia debería alcanzar también la dispuesta por la CGT a pesar de ser de una naturaleza diferente de la de la UTA. 

Paro de colectivosParo de colectivos: qué líneas adhieren a la medida de fuerza de la UTA

El truco no es novedoso y en otras oportunidades los gobiernos lo utilizaron para restarle fuerza a un paro. En ese aspecto chocan las explicaciones técnicas: "La conciliación obligatoria es un proceso de encarrilamiento de los conflictos colectivos. En el caso de la UTA debería analizarse para solucionar el conflicto salarial. Esto no le impide en absoluto al gremio adherir a una huelga general porque la conciliación que le prohíbe parar se dictaría por motivos salariales, no por otros. La conciliación sólo tiene efectos sobre el conflicto puntual", precisó Gustavo Ciampa, abogado laboralista y titular de cátedra de Derecho Colectivo del Trabajo en la UBA.

Roberto Fernández, líder de la UTA.

Más allá del debate académico el plan oficial para debilitar el paro tiene un anclaje político. En una reunión de la mesa chica de la CGT con el Gobierno en septiembre del año pasado, Roberto Fernández pidió la palabra para solicitarles a los funcionarios que lo ayudaran también en aquella oportunidad con una paritaria sin resolver, y se declaró interesado en colaborar con la administración libertaria por considerarse "mileísta de la primera hora". Y cumplió: un mes después la UTA se bajó a último momento de un paro que habían lanzado las dos confederaciones que nuclean a sindicatos del transporte y logró destrabar la negociación salarial. 

Es que las paritarias de los colectiveros -de todos los transportes públicos de pasajeros- están delineadas por completo por el Estado. Con boletos de colectivos que en el AMBA sólo llegan a cubrir el 10% de la estructura de costos de las empresas, el resto de queda saldado por subsidios. De ahí que la negociación, que la UTA sostiene sólo en el plano formal con las empresas, dependa pura y exclusivamente de decisiones económicas del Gobierno. 

En la UTA evitaron adelantarse a una posible conciliación. Admitieron que el Gobierno cuenta con esa herramienta pero prefirieron no responder si creen que su dictado podría afectar el paro de la CGT. Y de hecho admitieron que en el menú de opciones también está no acatarla, aunque la norma prevé que en esos casos los trabajadores involucrados pueden sufrir el descuento de su jornada laboral y el sindicato, multas dinerarias.