La CGT planifica montar una olla popular en la Plaza de Mayo como respuesta a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Será un acto en los próximos días -todo indica que durante marzo- que le permitirá a la central obrera mantener la iniciativa luego del paro nacional que convocó el 24 de enero y que contó con la adhesión de las dos versiones de la CTA y de organizaciones sociales.

 Para el nuevo acto en preparación la CGT inició contactos con la Iglesia católica tras las advertencias sobre la ausencia de asistencia gubernamental a los comedores populares. La iniciativa surgió en la reunión de la semana pasada de la "mesa chica" de la organización en la sede del gremio de Sanidad, tal como reveló este medio. Se trata, para los impulsores, de una alternativa para reanudar la presión contra el Ejecutivo sin echar mano a la herramienta del paro nacional de modo tal de no desgastar esa medida de fuerza.

La estrategia de la CGT contra la administración libertaria arrancó temprano con una movilización en diciembre a Tribunales para presentar un amparo contra la reforma laboral del DNU 70/23, que en definitiva fue acogida por la Justicia laboral que dictaminó hasta ahora no habilitar su operatividad. En paralelo estableció una red de contactos con bloques legislativos para fortalecer una oposición al DNU y al paquete legislativo del oficialismo. Y el mes pasado completó la primera fase con la huelga de medía día del 24 y la marcha al Congreso que terminó por ser multitudinaria.

Dosificar las protestas contra el Gobierno

Desde entonces la central sindical redujo su exposición y optó por dejar que la conflictividad obrera quedara a cargo de manera individual por parte de los gremios que entraran en tensión con sus contrapartes empresarias o con el Gobierno. Sucedió con los maquinistas de trenes de La Fraternidad, con el personal de Sanidad y con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, aunque también hubo protestas de organizaciones no referenciadas en la CGT como las de los estatales de ATE y los docentes de Ctera. Recién el lunes los cuatro gremios de educadores de la central mayoritaria (UDA, Sadop, AMET y CEA) harán un paro nacional.

Lo conversado en la reunión de la semana pasada fue que será clave dosificar esas protestas de modo tal que el Gobierno deba lidiar casi a diario con una huelga. Un escenario que, deliberadamente o no, el propio Ejecutivo propicia mediante la falta de propuestas salariales para los sectores que dependen de la administración pública y un corrimiento explícito en el arbitraje de los conflictos privados.

La última vez que la CGT emplazó una olla popular fue el 1 de mayo de 2019, como parte de las protestas que habían arrancado la jornada anterior con un paro nacional en medio de la conmemoración por el Día del Trabajador y en el contexto de una disputa abierta con la gestión de Mauricio Macri. En aquella oportunidad las ollas fueron desplegadas alrededor del Monumento al Trabajo, en las inmediaciones de la sede de la central obrera, y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, les había advertido a los gremialistas que les haría pagar el costo del operativo de seguridad.

Esta semana organizaciones sociales coordinadas por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desplegaron ollas con alimentos frente al Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. La funcionaria primero había desairado a manifestantes que se presentaron en la sede gubernamental para pedir asistencia y los conminó a realizar una fila, y cuando finalmente las organizaciones sociales recogieron el guante y montaron una hilera de varias cuadras Pettovello tampoco las recibió. Desde ese día se multiplicaron las denuncias por el abandono de los comedores populares por parte del Ejecutivo nacional.