Con un clima muy distinto a las últimas reuniones que se dieron durante la gestión de María Eugenia Vidal, esta semana se iniciaron las discusiones paritarias en la provincia de Buenos Aires. Salvo los judiciales, que deben reunirse el próximo viernes, todos los estatales se sentaron cara a cara con los funcionarios actuales, para comenzar a delinear los puntos centrales de un acuerdo salarial y laboral, que permita tener un año tranquilo en la materia. Desde el gobierno de Axel Kicillof buscaron diferenciarse de sus antecesores, y buscaron rápidamente iniciar las negociaciones, en especial con los docentes, una paritaria sensible para la sociedad, y que suele marcar el clima de las discusiones laborales en territorio bonaerense.

En esta primera ronda de encuentros, los gremios plantearon una batería de cuestiones de interés, ante los ministros de cada área, que llevaron por su parte pocas propuestas concretas. El dato saliente es que en ningún caso hubo oferta salarial, cuestión clave para cualquier acuerdo, ya que el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores públicos bonaerenses fue muy grande en el último año.

“El panorama es incierto”, admiten los dirigentes, que entienden que cualquier ofrecimiento está condicionado por la difícil situación económica de la Provincia, y cómo evolucione en las próximas semanas. La cláusula gatillo, otro punto que diferencia las posturas de las partes.

Docentes, estatales, profesionales de la salud y otros sectores tuvieron sus primeras discusiones con las actuales autoridades, bajo la atenta supervisión de Carlos Bianco, jefe de gabinete bonaerense. El funcionario adelantó públicamente que en esta primera instancia no habría oferta salarial, por lo cual las expectativas se fueron moderando.

En cambio, los ministros tomaron los reclamos de los gremios, una especie de presentación formal de las problemáticas de cada área. “La verdad que el intercambio fue bueno, la reunión fue cordial, lo que no tenemos claro es como va a evolucionar la propuesta salarial”, sostuvo Fernando Corsiglia, vicepresidente de CICOP, el gremio médico. El dirigente destacó ante Gestión Sindical que “hay voluntad de empezar a resolver la situación problemática de los servicios de salud, como sucede en nuestro caso, donde el ministro se manifestó al respecto, lo que está bastante incierto es el panorama salarial”.

La situación financiera de la Provincia, con una importante deuda en dólares que busca renegociar, hace que hasta el momento tanto en encuentros informales como en la apertura de las paritarias lo salarial sea enunciado, pero sin mayores precisiones.

La cuestión preocupa a los gremios, que vienen de dos años muy duros en materia de pérdida salarial. Los médicos afirman que entre 2018 y 2019 la caída de sus salarios es del 35 por ciento. “Tenemos que recuperar ese monto”, dijo Corsiglia. En este sentido, el ministro de Salud Daniel Gollan admitió en declaraciones previas que los salarios “sufrieron una pérdida”, lo que reconoce el problema.

“Es cierto, Gollan admite la pérdida salarial, es una verdad a luces, pero no sabemos cómo va a evolucionar, hay un reconocimiento, pero no sabemos cómo se va a instrumentar el aumento”. En el caso de los docentes, un trabajo del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma determinó que durante los cuatro años de gobierno macrista, los salarios del sector perdieron un 19,7 por ciento, pese a tener en la última paritaria ajustes por inflación casi mensuales.

Por su parte, los judiciales –que todavía no se reunieron para tener el primer encuentro paritario –calculan que su pérdida salarial para los últimos dos años ronda el 27-28 por ciento. En todos los casos, una vez abiertas las discusiones se pusieron en marcha las mesas técnicas, que buscarán acercar posturas respecto a la situación salarial de cada sector.

Un punto que hasta el momento divide las aguas en la discusión salarial es la implementación de la cláusula gatillo. La idea de “desindexar” la economía y dar aumentos salariales por sumas fijas del gobierno nacional es compartida por la gestión de Kicillof, aunque no de manera tan explícita. Para los estatales, tener un instrumento de revisión que defienda los salarios respecto de la inflación, “es fundamental”.

Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) confirmaron que tendrán su primera reunión el próximo viernes a las 10, y que uno de sus planteos será acordar un mecanismo para blindar el acuerdo salarial de la inflación. “Nuestro planteo es la necesidad de tener algún tipo de mecanismo para sostener el poder adquisitivo en el 2020, que se llame ‘gatillo’ o como quieran”, le dijo a Gestión Sindical un dirigente de la AJB en estricto off. El sector no cerró su paritaria ni en 2018 ni en 2019 –los aumentos dados por la gestión de maría Eugenia Vidal fueron por decreto –pero hay un fallo judicial que extiende la cláusula gatillo del 2017 a esos dos años.

“Nosotros decimos que ese fallo está vigente, y se debe cumplir, incluyendo la revisión de los dos años”, agregó el mismo dirigente. Por el momento, los funcionarios a cargo de las negociaciones no hablaron de sacar este mecanismo, pero la sospecha es que intentarán ir por ese camino. “Conocemos las posiciones del Alberto Fernández y de la Provincia, los funcionarios receptaron nuestra postura que es necesaria una cláusula de revisión, pero no plantearon ni rechazo ni aceptación. Por eso decimos que es incierto el panorama”, agregó al respecto Corsiglia, vicepresidente de CICOP.

El cierre de esta primera ronde de discusión será este viernes, cuando los judiciales sean recibidos. Según confirman desde la AJB, no esperan un cambio de actitud del gobierno, por lo cual no habrá una oferta concreta.

Como en otras áreas, el sector ya se reunió con funcionarios de la nueva administración, donde plantearon sus problemas y necesidades. “Vamos a ir con nuestra agenda, que va más allá de las cuestiones salariales que son centrales, como pedir por la emergencia edilicia que vivimos, recuperar el 3 por ciento de antigüedad, varios planteos sectoriales, pero el corazón es el tema de recuperar lo perdido y la cláusula 2020”, remarcó el dirigente consultado.

Los judiciales además tiene una postura crítica al bono solidario de 4 mil pesos, que el gobierno quiere pagar y que podría ofrecer en la próxima reunión. “Llega a muy pocos judiciales, preferimos que haya un aumento de emergencia que le llegue a todos. Desde septiembre del año pasado que no recibimos mejoras salariales”, remarcó el dirigente judicial.

En el gobierno, por el momento mantienen la tranquilidad respecto a las negociaciones, y esperan que la semana próxima luego de las reuniones de las distintas mesas técnicas vayan entregando los diagnósticos sectoriales.

“Nosotros pretendemos ir avanzando en algún esquema que permita, en la medida de lo posible, que el salario real se vaya recuperando progresivamente pero del otro lado está la situación financiera de la Provincia, que es muy compleja”, sostuvo la ministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec, protagonista de todas las negociaciones. En declaraciones periodísticas, la funcionaria sostuvo que la idea es que los estatales “no sigan perdiendo contra la inflación”, aunque también aclaró que no es posible recuperar el salario de cuatro años “de un día para el otro”.

En este punto, le apuntan a la racionalidad de los gremios, que en mayor y menos medida apoyaron al Frente de Todos. Lo que esta dejó en claro que la revisión por inflación es algo que quieren eliminar. “Si el gobierno nacional logra cambiar el contexto macroeconómico, vamos a poder hablar de otros mecanismos”, planteó la funcionaria, quien evaluó como necesario trabajar “la salida de la cláusula gatillo”, y avanzar en la búsqueda de “otros mecanismos que dejen tranquilos a los gremios y trabajadores de que su salario no va a perder de la manera que lo hizo estos años”.