En declaraciones al Diario Extra de esta semana, Hernández dijo que el actual Ejecutivo “no tiene interés alguno en honrar la deuda” de 3,2 billones de colones que mantiene con la CCSS.

El Estado mantiene otra deuda con la Caja, de 5,4 billones de colones, contraída por el Ministerio de Salud Pública, y tampoco quiere pagarla. “No hay voluntad de cancelación y aparte hay una situación de privatización, convenios con hospitales privados. Así, el sistema quiebra”, dijo.

Hernández opinó que la Caja debe ser saneada, pero remarcó, apoyado en estudios independientes, que la institución no está en quiebra y que se han presentado fórmulas para recuperarla que las autoridades no han querido analizar.

“No se puede castigar a la institucionalidad y favorecer a algunas alianzas público-privadas”, insistió.

Alrededor de un 20 por ciento de los servicios de la Caja han sido además tercerizados, mientras faltan anestesiólogos, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, ortopedistas.

El SINAE denunció a María Eugenia Esquivel, presidenta de la CCSS, y a Carolina González, directora actuarial de la institución, ante el Ministerio Público y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) por falsedad ideológica, cohecho propio y corrupción.

En su XVI Conferencia Regional Latinoamericana, desarrollada en mayo en Sao Paulo, la UITA denunció el vaciamiento de la CCSS como parte del proceso de “desgaste del Estado benefactor y de instauración del ideario neo liberal” que se viene desarrollando en Costa Rica desde hace al menos tres décadas y que el actual Ejecutivo ha acentuado con una ofensiva antisindical sin precedentes”.

“La política del actual gobierno abandona su responsabilidad económica con la seguridad social, dejando de pagar la cuota del Estado y obviando la enorme deuda acumulada con la CCSS”, subraya la resolución.

El texto recordó igualmente que el gobierno de Chaves eliminó la representación de los trabajadores en la CCSS y designó en cambio en altos cargos a “personas vinculadas a empresas transnacionales, contraviniendo el Convenio 102 de la OIT”, al cual Costa Rica adhirió.