Por: Mariano Martín.

La armonía preelectoral entre el Gobierno y la CGT puede alterarse de manera dramática en los próximos días por la situación financiera de las obras sociales. En la cima de la central obrera integrada por Héctor Daer avisaron que en caso de continuar la demora en los desembolsos que el Ejecutivo había comprometido para este año -y que por ahora solo concretó a cuentagotas- impulsará una movilización hacia el Ministerio de Salud. Los dirigentes, peronistas verticalistas al fin, resolvieron encapsular su protesta en la figura de la jefa de esa cartera, Carla Vizzotti, y exculpar a Sergio Massa.

El eje del malestar es, como en los últimos dos años, la posibilidad de desembolsos extraordinarios desde el Estado con destino a las prestadoras de salud de los gremios para compensarles los gastos extra en servicios a sus afiliados discapacitados, en particular de educación y transporte. Con ese fin Massa accedió a incluir en el Presupuesto 2023 una partida específica de 138 mil millones de pesos que, según la dirigencia sindical, permanece virtualmente inmaculada.

La “mesa chica” de la CGT se encargó de focalizar su malestar en Vizzoti al señalarla como impulsora de un proyecto de integración de los subsistemas de salud (público, privado y solidario, como se conoce al de las obras sociales) con reminiscencias al explorado en alguna oportunidad por Cristina de Kirchner y sus técnicos en el rubro sanitario. Según los dirigentes la ministra en soledad es la supuesta encargada de poner freno a los desembolsos incluso en contra de lo resuelto en ese sentido por Massa y el propio Alberto Fernández, con el propósito final de imponer antes su iniciativa integradora.

Anoticiada del enojo de la CGT, Vizzotti minimizó la posibilidad de una protesta en su contra y respondió que hasta ahora la central no le hizo llegar ninguna objeción a sus propuestas. De hecho el miércoles pasado la ministra cerró un Encuentro Federal de Integración del que formaron parte las obras sociales sindicales, nacionales y provinciales junto con las universitarias y de las Fuerzas Armadas; las mutuales; las clínicas y los sanatorios; los ministros de Salud de cada distrito, la Superintendencia de Servicios de Salud; la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La funcionaria hizo saber que todos los participantes estaban de acuerdo con el camino de integración explorado, que incluye dos créditos del Banco Mundial y el Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de 500 millones de dólares para fortalecer ese proceso.

La controversia de fondo entre la CGT y Vizzotti parece enfocada en la utilización de los recursos: mientras la central obrera pretende el desembolso liso y llano, con un ritmo sostenido, de los 138 mil millones de pesos resguardados en el Presupuesto, la ministra está resuelta a darle a esos recursos un destino más restringido a las necesidades puntuales del sistema solidario de salud y no meramente efectuar un reparto ajustado a los expedientes de prestaciones presentados por cada obra social.

Para desmentir una aparente asfixia financiera que le endilgan los gremios, la ministra hizo saber que en su gestión hubo un 93% de ahorro en la compra de medicamentos para la hemofilia, 70% en la compra de moduladores para fibrosis quística y la entrega de un medicamento de alto costo a todos los subsectores. También la absorción por parte del Estado de un medicamento para la atrofia muscular espinal considerado el más caro del mundo, a razón de más de dos millones de dólares por tratamiento, y el impulso de negociaciones conjuntas de los subsectores de salud para el abaratamiento de remedios.

Tanto en la iniciativa de Cristina de Kirchner como en la de Carla Vizzotti la CGT observa los mismos fantasmas: un excesivo intervencionismo del Estado en la gestión de las obras sociales y en su vínculo con los sectores farmacéutico y de las clínicas y sanatorios de capital privado. El argumento histórico de la “mesa chica” de la central es que los gobiernos suelen sentarse sobre los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que se constituye de aportes de las propias obras sociales -y en ese sentido alegan que deberían volver íntegros al sector- pero en el caso de la reserva presupuestaria de los $138 mil millones se trata de recursos estatales que Alberto Fernández les prometió a los gremios por la disparada que registró en los últimos años el peso de los servicios educativos y de transporte a los discapacitados.

Héctor Daer