A los datos de diciembre, que exhibieron una consolidación de la aceleración inflacionaria, se sumaron las estadísticas sobre el aumento del costo de las canastas de indigencia y pobreza con guarismos por encima del promedio de la suba de precios. La remarcación de precios no se detiene. Durante enero, los relevamientos de las consultoras anticipan que los precios siguen creciendo a un ritmo elevado.

El jueves 21 el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que actúa como referencia para medir la indigencia, aumentó 5,1 % durante diciembre último. En el acumulado del año 2020 la suba fue de 45,5 %. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que actúa como referencia para medir la pobreza, se incrementó 4,7 % en diciembre y 39,1 % en todo 2020.

¿Qué indican estos números? Para simplificar, podríamos decir que la inflación de los sectores más pauperizados de la población, de los indigentes y los pobres es más alta que el promedio de la suba de precios, medido a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC): que registró en diciembre una suba del 4 % y en el 2020 un alza de 36,1 %.

La tasa de desocupación oficial del tercer trimestre fue de 11,7 %, pero si se incorpora a los desocupados a aquellos que dejaron de buscar trabajo desalentados por la crisis, la tasa se eleva a 19,4 %, según el centro CIFRA de la CTA. Días atrás, el INDEC estimó en cerca de 2 millones la pérdida de empleos en el tercer trimestre de 2020 en relación a 2019.

La inflación que se come los ingresos populares y la pérdida de empleo que directamente deja sin sustento a muchos hogares tiene como resultado una mayor indigencia y pobreza. En diciembre un hogar de cuatro integrantes necesitó $ 22.681 (CBA) para no ser indigente y $ 54.208 (CBT) para no ser pobre.

Días antes de conocerse la información de las canastas de indigencia y pobreza, el econometrista Martín Rozada estimó que la pobreza podría alcanzar al 44 % de la población en el último trimestre (octubre-diciembre) de 2020: se trata de unas 20 millones de personas. La eliminación del IFE, entre otros recortes de “gastos” vinculados al Covid, en la perspectiva de mostrar un ajuste adecuado a los oídos del FMI, no son neutrales al momento de medir la pobreza.

La canasta de pobreza no contiene un gasto muy importante para muchos hogares como es el del alquiler. Por eso, entre otros motivos, la Junta Interna de ATE INDEC estima una canasta de consumos mínimos que contempla el alquiler. No se trata del ideal ni un óptimo, tal como lo aclara esa organización gremial, pero se aproxima más a lo que necesita una familia para llegar a fin de mes: en noviembre el costo fue de $ 78.827.

Los salarios promedios, aún del sector registrado del ámbito privado (el mejor pago), se encuentran lejos de poder cubrir esta canasta de consumos mínimos. Es decir, la carestía de la vida abarca incluso a los trabajadores y trabajadoras formales.

Alberto Fernandez, no solo no devolvió lo que el macrismo le robó a los trabajadores, sino que en 2020 se consumó el tercer año consecutivo de pérdida de poder de compra del salario.

De visita en Chaco, el ministro de Economía, Martín Guzmán, celebró que el país atraviesa cuatro meses de recuperación económica. Pero las estadísticas van dejando en claro que el crecimiento (o más precisamente rebote) se desenvuelve bajo condiciones que agudizan la desigualdad y mantienen en la pobreza a la mayoría de la población.

Verano caliente

El Gobierno proyectó un 29 % de inflación para 2021. Por su parte, los gurúes del establishment económico esperan un número cercano al 50 %, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central. La expectativa del gran capital es que la inflación siga adelante con la tarea de erosionar los ingresos populares.

El dato publicado por INDEC de 4 % de inflación en diciembre del año pasado parece dar la razón a los pronósticos de los gurúes. De acuerdo a estimaciones privadas enero sigue caliente en cuanto a remarcación de precios.

Las carnes y frutas van al frente en las subas. En las últimas semanas, la consultora LCG, que dirige Guido Lorenzo, relevó aumentos en alimentos y bebidas que proyectados a todo enero podrían alcanzar a un 4,9 % mensual. El Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), conducido por Victoria Giarrizzo, registró aumentos de 3,3 % en alimentos y bebidas solo en los 18 primeros días de enero.

Los remarcadores

En las carnes el núcleo central de la fijación de precios la realizan los grandes ganaderos y los frigoríficos, muchos de los cuales exportan al exterior obteniendo generosos ingresos. Por ende, buscan conseguir en el mercado interno ganancias equivalentes. En la industria avícola (pollo y huevos) también pisan fuerte grandes actores como el Frigorífico Soychu, Avícola Capitán Sarmiento (Granja Tres Arroyos) o Las Camelias. En azúcar, la remarcación de precios corre por cuenta de los ingenios del norte, como Ledesma de la familia Blaquier: el aumento del endulzante fue del 50 % durante 2020.

La inflación no es un fenómeno natural. Detrás de cada precio remarcado hay un grupo empresario con el lápiz en la mano. En otros casos, es el oficialismo el que autoriza la remarcación, como ocurrió varias veces en las últimas semanas con los aumentos de los combustibles.

Según el INDEC, sólo el 3,17 % de los precios relevados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) corresponde a Precios Cuidados. Incluso en productos como la yerba mate, donde el 39 % de los precios relevados corresponde a Precios Cuidados, el aumento durante 2020 fue del 47 % en el Gran Buenos Aires. La política del Gobierno resulta estéril.

Una apertura de los registros contables y de los movimientos bancarios de las empresas sería una medida esencial para conocer el verdadero estado de las ganancias empresarias. Y abriría el camino para un verdadero control de precios llevado adelante por comités de trabajadores y consumidores sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados.

La pelea contra la remarcación permanente debe estar unida a la defensa del poder de compra del salario y, más en general, de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Por Pablo Anino