Un diputado del Frente de Todos quiere que las empresas repartan entre los empleados el 10 por ciento de sus ganancias. Según Carlos Ponce, legislador por la provincia de San Luis, esto está contemplado en la Constitución Nacional y, además, se implementa en varios países. Pero la realidad es que la iniciativa genera resistencias en medio de la crisis que vive el país y casi no tiene chances de prosperar.

En el proyecto, se aclara que las empresas deberán depositar en las cuentas de los empleados en partes iguales el 10 por ciento de las ganancias netas, pero que ese aporte no será remunerativo, es decir, no tributarán ni será tomado en cuenta para el cálculo de indemnizaciones.

Ponce, del gremio del plástico, citó para su proyecto el artículo 14 bis de la Constitución que reza: «El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

La propuesta de una «ley marco» en ese sentido se da en un contexto de chispazos entre el Gobierno y los empresarios por el proyecto para gravar la «renta inesperada» de las compañías más grandes del país, que empezará a ser debatido por la Cámara de Diputados en los próximos días.

Detalles del proyecto

El proyecto busca que la participación en las ganancias beneficie a “todas las personas trabajadoras, requiriéndose un mínimo de antigüedad de 3 meses en el empleo (o sea que hayan cumplido el periodo de prueba)”. No la percibirían las personas directoras, ejecutivas, administradoras y gerentas.

Según la iniciativa, sería abonada por «todas las empresas, empleadores, asociaciones civiles y fundaciones con fines de lucro».

La vigencia de la norma será a los 2 años de la publicación, así se otorga a la negociación colectiva tiempo para establecer sus propios mecanismos de participación en las ganancias, informó el legislador.

En este sentido, la propuesta de ley también señala que «el monto percibido en concepto de participación en las ganancias no tiene carácter remunerativo y por lo tanto no podrá ser considerado a los fines de la determinación de las cargas sociales, montos indemnizatorios, aportes y contribuciones ni para el pago de impuesto alguno».

Antecedentes

En el país hay algunos ejemplos que ya funcionan respecto de esta propuesta. El principal es el que mantienen los trabajadores del neumático.

En este sentido, en febrero pasado las empresas del sector informaron que sus trabajadores recibirían un monto de 365 mil pesos cada uno en concepto de “anticipo de participación de las ganancias” y que en mayo se pagaría una suma idéntica para totalizar un saldo de alrededor de 730 mil pesos mediante un bono extraordinario por ganancias.

La incorporación de esta cláusula al convenio colectivo de la compañía fue negociada en plena crisis del 2001, por Pedro Wasiejko, actual dirigente de la CTA de los Trabajadores y que por aquel entonces se encontraba al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático y Afines (SUTNA).

En palabras del dirigente gremial, el acuerdo «establece que si la ganancia de la empresa supera el 6 por ciento neto sin impuestos, un tercio va a los trabajadores, otro tercio para comprar capital y otro a mejorar la redistribución que así queda en el país».

Este acuerdo, junto a otro paquete de medidas, permitió a las y los trabajadores surfear la reestructuración de la empresa, logrando que a partir del año 2004 -producto del crecimiento económico- se hiciera efectivo.