La reunión se hará a las 10 en el salón Alfonsín del Parlamento, situado en Perú 160, en el marco de las actividades previstas por el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se conmemora cada 8 de mayo.

La iniciativa tiene como antecedente los proyectos ya presentados años anteriores con el mismo propósito por la legisladora Montenegro, no obstante no fueron tratados en ninguna ocasión ni en las comisiones parlamentarias ni en el recinto.

La propuesta apunta a derogar el artículo 96 que encuadra como una contravención con pena económica a quienes ofrezcan o demanden “en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad”.

Según manifestaron los impulsores del proyecto, “es necesaria la derogación para ponerle fin a las situaciones de violencia policial como hostigamiento, detenciones arbitrarias, demoras, requisas y pedido de coimas que sufren lxs trabajadorxs sexuales por parte de la policía”.

La demanda se respalda en el informe «Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y lxs trabajadorxs sexuales», realizado por AMMAR y la RedTraSex, de 363 trabajadorxs sexuales encuestadas en los barrios de Once, Constitución y Flores, donde casi un 80% sufrió detención o demora por las fuerzas de seguridad. “En ningún caso hubo una causa judicial posterior y la población más afectada fue el colectivo de mujeres travestis y trans migrantes”, detallaron.

En ese sentido, señalaron que si bien en Argentina el trabajo sexual no es un delito, los Códigos Contravencionales o de Faltas de 16 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires “criminalizan la oferta de servicios sexuales en la calle y habilitan a la policía para vulnerar los derechos de lxs trabajadorxs sexuales”.

Y advirtieron que “la criminalización en lo contravencional es una herramienta de control que da lugar a conductas abusivas y discriminatorias”.