El Sindicato de Obreros y Trabajadores del Azúcar del ingenio salteño de San Isidro y legisladores provinciales del Partido Obrero presentaron en la Cámara de Diputados de Salta un proyecto de declaración de utilidad pública y expropiación del establecimiento azucarero, el más antiguo del país, que anunció su cierre en enero pasado.

“Estamos presentando en la Cámara de Diputados un proyecto de expropiación, ya que no hay nada concreto sobre la venta del ingenio y estamos con los plazos justos”, expresó el secretario general del Sindicato de Obreros y Trabajadores del Azúcar del Ingenio San Isidro, Mariano Cuenca.

Se trata de un proyecto elaborado por los diputados del Partido Obrero, que cuenta con la adhesión de “los legisladores del departamento General Güemes y esperamos más adhesiones”, explicó el diputado Claudio Del Plá, del PO.

“No podemos darnos el lujo que este año no se lleve adelante la zafra, por lo que eso significa para todo el departamento” y “siendo una de las industrias que más empleo genera en la provincia, vemos la necesidad que el gobierno pueda garantizar nuestro derecho a trabajar”, sostuvo Cuenca.

El dirigente se manifestó confiado en que este año “algún privado pueda comprar” el ingenio, pero resaltó que hasta que eso ocurra se debe ver “las posibilidades de que el gobierno de la provincia asegure que este año haya zafra”.

“El 80 por ciento de la molienda del ingenio se concreta gracias a cañeros independientes que, en el caso que en San Isidro no haya zafra, se van a otros ingenios que les hacen contratos por varios años”, comentó.

En este sentido, Cuenca advirtió que, si sucede esto, cuando San Isidro “quiera retomar sus actividades ya no va a poder y queda todo un departamento devastado y destruido económicamente”.

El ingenio San Isidro, fundado en 1760 en la localidad salteña de Campo Santo y considerado el más antiguo del país, anunció en enero pasado el cese de sus actividades y el inicio del procedimiento preventivo de crisis, por razones de orden económico, financiero y laboral, y aseguró que mientras dure este proceso los 730 trabajadores cobrarán sus haberes sin concurrir a cumplir con sus tareas laborales.

Lo hizo a través de un comunicado a sus trabajadores, en el que las firmas Prosal SA y Emaisa SA, del grupo Gloria, informaron que el Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Nación está orientado a permitir las acciones que resulten necesarias para “cesar las operaciones de la empresa”.

La empresa se refirió a la “imposibilidad material de continuar con las labores habituales en el campo y las instalaciones del ingenio”, fundamentada en poderosas razones de “orden económico, financiero y laboral”.