Recordemos que a mediados de septiembre, 5 gremios autodenominados como la ‘federación de seguridad privada’ con actuación en 2 provincias y 3 localidades del interior, apresuradamente habían pactado con el sector patronal un salario neto de $103000 para diciembre (bruto $120000), $115200 para enero (bruto $132000) y $115920 para febrero (bruto $135000), aumento por demás insuficiente en vista del avance inflacionario que tuvo durante el mes pasado una canasta básica de casi $130000.

Luego de eternas reuniones entre García y CAESI, que según afirmó públicamente el octogenario dirigente hoy intervendría en la mesa paritaria la mismísima Ministra de Trabajo Kelly Olmos, desde los pasillos de Montevideo 666, se afirma que los empresarios defenderían a capa y espada su postura inamovible de no otorgar ningún aumento más.

Al respecto, el Bloque Nacional de Seguridad Privada viene manteniendo exhaustivas reuniones con autoridades ministeriales, sectores políticos y primeras líneas de la CGT a fin de destrabar la grave situación que mantiene a los trabajadores bajo la línea de la pobreza. La presión política ejercida por el espacio que lideran Christian López y Leónidas Requelme, más la presencia diaria en las calles y las constantes inspecciones que vienen realizando, mantiene en vilo a los empresarios del sector los cuales han dejado entrever que adicionaran una suma extra de $7.000 para enero del 2023 además de los ya acordados con la llamada ‘federación’ y los montos que los empresarios intentan imponerle al espacio de García.

Pese a que el Bloque Nacional estaría quebrando la postura inflexible del sector empresarial, estiman desde ese espacio gremial que aún así la oferta realizada es insuficiente y se mantienen en su postura de exigir que los trabajadores alcancen la canasta básica de alimentos y una suma especial de $60000 en concepto de bono de fin de año.