"Es un proyecto que ya fracasó y ahora regresan con contratos en peores términos", advirtió Fabián Catanzaro, secretario gremial y de prensa del gremio.

Un modelo cuestionado

El programa prevé concesiones con cobro de peajes que abarcarán nuevas rutas y tramos previamente devueltos por falta de rentabilidad. Según Catanzaro, los nuevos contratos eximen a los concesionarios de pagar cánones o realizar obras significativas. "El Estado seguirá haciendo las rotondas y otras mejoras, mientras las empresas solo cobrarán peajes para tareas menores como bacheo y corte de pasto. Es un negocio redondo para ellas", criticó.

Además, los pliegos contemplan la habilitación de actividades comerciales en la zona de camino, como estaciones de servicio, hoteles y tiendas, lo que amplía las oportunidades de explotación económica para los concesionarios. "Cualquiera con aval bancario podrá quedarse con una concesión, lo que plantea serios interrogantes sobre el control y la transparencia del proceso", alertó el dirigente.

El estado actual de las rutas

Desde FEPEVINA señalaron que el 60% de las rutas nacionales se encuentran en "mal o regular estado" debido a una subejecución presupuestaria del 40%. Según datos del gremio, esta situación contribuye a los más de 6.000 muertos y 120.000 heridos anuales por accidentes viales en el país, con pérdidas económicas que alcanzan los 10.000 millones de dólares.

"Por cada peso que no se invierte en mantenimiento, reconstruir o rehabilitar el mismo tramo cuesta entre tres y cinco veces más. Es una política inviable que prioriza el superávit fiscal sobre la vida de los usuarios", denunció Catanzaro.

Respuesta a la Casa Rosada

Las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien minimizó la responsabilidad del Gobierno en el deterioro de las rutas nacionales, generaron una fuerte reacción desde FEPEVINA. "Es preocupante el nivel de desconocimiento e irresponsabilidad de un funcionario de alto nivel. Las rutas son una responsabilidad del Estado y están directamente vinculadas con la seguridad vial", respondieron desde el gremio.

Catanzaro señaló que los lineamientos actuales demuestran una "decisión deliberada de no mantener la infraestructura". Además, recordó que el decreto 505/58 obliga al Estado nacional a garantizar el mantenimiento de las rutas, función que, según el gremio, está siendo deliberadamente desatendida.

Emergencia vial y llamados a la acción

El sindicato impulsa un proyecto para declarar la "Emergencia Vial" ante el alarmante aumento de accidentes. También exigen priorizar el presupuesto para Vialidad Nacional, que en 2024 fue prorrogado pero apenas ejecutado en un 60%. "La política actual pone en riesgo la vida de los usuarios y condena al país a 30 años más de expoliación y entrega", concluyó Catanzaro.

Con las licitaciones a punto de abrirse, la discusión sobre la concesión de rutas nacionales parece lejos de terminar, mientras crece la preocupación por el impacto social y económico de estas medidas.