En el marco de las negociaciones para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei accedió a aplicar una serie de reformas estructurales exigidas por el organismo. Según trascendió, el FMI condicionó la firma del entendimiento a la implementación de medidas que incluyen una nueva ola de privatizaciones, el aumento de la edad jubilatoria y la ampliación de los años de aportes requeridos para acceder a la jubilación.
El documento del organismo multilateral, publicado recientemente, revela que para avanzar en el programa de facilidades extendidas, la administración libertaria debe comprometerse a un fuerte ajuste del gasto público y una transformación del sistema previsional argentino.
Reforma previsional en marcha
Entre los puntos más sensibles se destaca la exigencia de "armonizar" el régimen jubilatorio, lo que en la práctica implicaría un incremento en la edad para jubilarse y un aumento en la cantidad de años de aportes necesarios. Esta medida impactaría directamente sobre millones de trabajadores, particularmente aquellos del sector informal o con trayectorias laborales discontinua.
A su vez, el FMI sugiere revisar los regímenes especiales que gozan ciertos sectores —como docentes, trabajadores de la construcción y fuerzas de seguridad—, con el objetivo de "reducir los desequilibrios" del sistema.
Privatizaciones bajo la lupa
El acuerdo también apunta a avanzar con un programa de privatizaciones. Aunque el Gobierno no detalló qué empresas estatales se pondrán en venta, el Fondo dejó en claro que espera una "reducción del tamaño del Estado" y una "mayor participación del sector privado en áreas estratégicas".
El guiño del organismo al paquete de leyes de desregulación y privatizaciones presentado por el Ejecutivo se da en un contexto de resistencia creciente desde los sectores sindicales y populares, que advierten sobre la pérdida de soberanía y la entrega de activos estratégicos.
Contexto de ajuste
En paralelo, el Gobierno se comprometió a alcanzar un superávit fiscal del 2% del PBI para este año, lo que implica una profundización del ajuste. El FMI respaldó este rumbo, aunque aclaró que será clave sostener la "paz social" para evitar tensiones que puedan poner en riesgo el cumplimiento del programa.
Desde los gremios ya se escuchan voces de alerta. "Estas reformas afectan derechos históricos de los trabajadores", señalaron desde distintos sectores sindicales, anticipando un escenario de conflictividad en aumento si el Gobierno avanza sin consensos.
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