Líderes e integrantes del gremio están acusados también por estafa y lavado de dinero. El juez federal Bustos Fierro les impuso embargos por 50 millones de pesos.
La Justicia federal de Córdoba procesó por defraudación por administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo a la cúpula del gremio de Luz y Fuerza de la provincia, encabezada por Gabriel Suárez y Jorge Molina Herrera.
En total, hay 25 procesados en la causa. Los dirigentes fueron embargados por 50 millones de pesos.
El tesorero, Molina Herrera, según pudo probar la Justicia, gastó 13 millones de pesos en fichas de casino.
Los procesamientos fueron ordenados por el juez federal Ricardo Bustos Fierro, producto de un gran expediente que comenzó hace dos años con la denuncia realizada por Mario Villar y Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Abogado que representa a Claudio Oroz cuestionó la resolución: “Es increíble que saquen esta resolución cuando ni siquiera comenzó la pericia contable, que es la que va a determinar si hubo o no daño económico. Se basan en la denuncia de la Proselac y tiene un oportunismo político en plena campaña”, expresó a Cadena 3.
Por su parte, el fiscal Casas Nóblega se manifestó conforme: “En la conducción del gremio determinamos que se valió de sus funciones para desviar fondos a sus arcas personales y de terceras personas también procesadas”, djio.
El informe presentado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) presentaba "movimientos financieros sospechosos" desde 2012, por parte de integrantes del gremio Luz y Fuerza.
En la denuncia figuraban los líderes del sindicato: Suárez y Molina Herrera, junto a otros integrantes.
Además, según informó La Voz del Interior, el análisis preliminar realizado en 2019 por la División Investigación de Lavado de Activos, Gendarmería Nacional y dos expertos, revisó copias de cheques librados contra la cuenta corriente que el sindicato registraba en el Banco Nación sucursal Córdoba.
En este informe se advirtieron "movimientos extraños" de libramiento y cobro de cheques en cuanto a los montos y beneficiarios de los mismos.
Según el entonces fiscal Gustavo Vidal Lascano, quien hace dos años impulsó el requerimiento de acción penal de la causa, la defraudación se llevó a cabo de tres formas.
La primera habría sido el libramiento de cheques a favor del gremio por parte de los integrantes de la conducción. La segunda consistía en librar cheques a favor de personas jurídicas con vínculos con el sindicato. Y la última, habría incluido el libramiento de cheques a personas relacionadas directa o indirectamente con los imputados.
La Justicia federal de Córdoba procesó por defraudación por administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo a la cúpula del gremio de Luz y Fuerza de la provincia, encabezada por Gabriel Suárez y Jorge Molina Herrera.
En total, hay 25 procesados en la causa. Los dirigentes fueron embargados por 50 millones de pesos.
El tesorero, Molina Herrera, según pudo probar la Justicia, gastó 13 millones de pesos en fichas de casino.
Los procesamientos fueron ordenados por el juez federal Ricardo Bustos Fierro, producto de un gran expediente que comenzó hace dos años con la denuncia realizada por Mario Villar y Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Abogado que representa a Claudio Oroz cuestionó la resolución: “Es increíble que saquen esta resolución cuando ni siquiera comenzó la pericia contable, que es la que va a determinar si hubo o no daño económico. Se basan en la denuncia de la Proselac y tiene un oportunismo político en plena campaña”, expresó a Cadena 3.
Por su parte, el fiscal Casas Nóblega se manifestó conforme: “En la conducción del gremio determinamos que se valió de sus funciones para desviar fondos a sus arcas personales y de terceras personas también procesadas”, djio.
El informe presentado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) presentaba "movimientos financieros sospechosos" desde 2012, por parte de integrantes del gremio Luz y Fuerza.
En la denuncia figuraban los líderes del sindicato: Suárez y Molina Herrera, junto a otros integrantes.
Además, según informó La Voz del Interior, el análisis preliminar realizado en 2019 por la División Investigación de Lavado de Activos, Gendarmería Nacional y dos expertos, revisó copias de cheques librados contra la cuenta corriente que el sindicato registraba en el Banco Nación sucursal Córdoba.
En este informe se advirtieron "movimientos extraños" de libramiento y cobro de cheques en cuanto a los montos y beneficiarios de los mismos.
Según el entonces fiscal Gustavo Vidal Lascano, quien hace dos años impulsó el requerimiento de acción penal de la causa, la defraudación se llevó a cabo de tres formas.
La primera habría sido el libramiento de cheques a favor del gremio por parte de los integrantes de la conducción. La segunda consistía en librar cheques a favor de personas jurídicas con vínculos con el sindicato. Y la última, habría incluido el libramiento de cheques a personas relacionadas directa o indirectamente con los imputados.
Informe de Francisco Centeno
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