El conflicto en el sector de profesionales de la salud se prolongará, en principio, una semana más, luego de que enfermeros y médicos rechazaran la oferta salarial que hizo el gobierno local.

Se trata de 1.200 pesos para todos los trabajadores comunales, y de 2.200 pesos para los que prestan servicios en áreas críticas de la Salud, sumas que ya tienen incorporado 600 pesos que se iban a dar con el sueldo de septiembre.

“Estamos facturando muchísimo a obras sociales, a través de las historias clínicas digitales, prestaciones de laboratorio, placas, o extracciones, y vemos que la remuneración es muy poca, en donde los 600 pesos extra que ofrecen, porque 600 ya estaban comprometidos, son un chiste”, expuso la médica Mirta Ortega Sanz, profesional del Sanguinetti y referente local del gremio de la CICOP.

“El pedido en general es de una suba de 5 mil pesos, así que faltarían unos 3 mil más. Estamos trabajando sobrecargados, con la atención de 600 personas por día, así que hemos decidido solo atender urgencias, y la gente lo entiende”, añadió Ortega Sanz.

El conflicto, que arrancó entre los enfermeros del Hospital Maternal Meisner, también reúne cuestionamientos a los sindicatos, a los que algunos empelados acusan de “presionar” para que la oferta se acepte.

“El lunes se hará una nueva reunión en el Sanguinetti, pero hay sectores que están dudando de continuar con la medida de retención de tareas, ya que hay presiones de algún sindicato, porque al parecer ya se había firmado la oferta”, señaló uno de los enfermeros del Meisner a Pilar de Todos.

“Nos marean con el tema de las subas, al hablarnos de porcentajes, cuando en realidad queremos saber cuánto vamos a recibir de bolsillo. Estamos trabajando con menos gente desde que comenzó el conflicto, porque muchos compañeros se están yendo al sector privado. Por turno se necesitan 13 enfermeros, y estamos en algunos turnos con apenas 6”, agregó.

Desde el gobierno local, pidieron a los médicos y enfermeros continuar con la atención crítica, ya que “es una obligación no solo moral, sino también legal”, lo que para algunos profesionales sonó a una amenaza de judicializar la protesta.