Mientras OCA logró que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) le extendiera por cinco meses la licencia para operar, la Secretaría de Trabajo de la Nación se presentó en el juzgado que en el que se tramita el concurso preventivo para sugerir el nombre de un administrador. El abogado Roberto Porcel es el elegido por la cartera conducida por Jorge Triaca, para dirigir los destinos de la principal empresa de correo privado del país.

La propuesta llegó la semana pasada, mediante un escrito presentado por la letrada apoderada de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de “preservar las fuentes de subsistencia de los miles de trabajadores afectados” y para prevenir una crisis más grave y frente a un “hipotético cuadro falencial con continuación”, definió.

Porcel es un abogado especialista en sociedades y quiebras, y en Derecho Penal marcario. Integra el estudio de abogados familiar y fue responsable de la radicación en el país de distintas marcas internacionales.

Asimismo, el letrado ya había sido el hombre de confianza del ahora secretario de Trabajo cuando tuvo que intervenir el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), tras la detención en septiembre de 2016 del entonces secretario general del gremio, Omar “Caballo” Suárez. Porcel fue director de Legales de la intervención. En septiembre de 2017, además, fue designado delegado normalizador de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra).

“Se trata de una respuesta de la secretaría a un pedido que hizo el juez para que todos los involucrados en la causa presentáramos posibles nombres para administrar la compañía”, indicaron desde Trabajo y agregaron que la propuesta puede ser rechazada.

De hecho, destacaron las fuentes, el nombre del administrador que designe el juez de Lomas de Zamora Pablo Tejada deberá ser consensuado entre todas las partes. Esto incluye, además de la Secretaría de Trabajo, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al Enacom y al dueño de OCA, Patricio Farcuh, a quien la AFIP acusa de haber vaciado la compañía.

En el escrito presentado ante el juez, la Secretaría de Trabajo destacó que el año pasado OCA, durante la administración de Farcuh, había sido sancionada por contratar trabajadores y no haberlos registrado.

“A la fecha, si bien ha abonado la multa impuesta, todavía no ha podido regularizar a los trabajadores y mantiene vigente su inscripción en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales”, expresó la cartera laboral y agregó que todos los hechos revelaron que la compañía tuvo una administración “deficiente y deficitaria que imposibilitan el bienestar de los trabajadores y sus familias”.

Asimismo, las fuentes descartaron la posibilidad de que OCA pueda acceder a un beneficio del Programa de Recuperación Laboral (Repro), porque, en principio, no cumpliría con las condiciones necesarias, ya que la crisis que atraviesa la empresa no es coyuntural, sino estructural.