Por José Maldonado

La CGT se creó en 1930 con el objetivo de defender los derechos laborales de los trabajadores, incluyendo salarios justos y condiciones de trabajo seguras. Sin embargo, durante el primer año del gobierno de Javier Milei, mientras el salario mínimo, vital y móvil sufría una pérdida brutal de poder adquisitivo y más de 220 mil personas se quedaban sin empleo tanto en el sector público como privado, la central obrera se mostró fracturada y con poca reacción.

Después de un arranque conflictivo y con dos paros generales en los primeros meses, la CGT desplegó una estrategia de diálogo y negociación con el gobierno libertario que no consiguió revertir una caída en los salarios solo equiparable a la de 2001, ni logró frenar una reforma laboral que avanzó sobre derechos de los trabajadores.

La delegación de CGT que se reunió con Cordero

Los números del impacto de la gestión libertaria sobre la clase trabajadora son contundentes. En noviembre, el salario mínimo vital y móvil había acumulado una caída del 28,4%, según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). El golpe sobre el empleo también fue duro: entre agosto de 2023 y agosto de 2024, en Argentina se perdieron 223 mil puestos en el sector privado y en el público. De ese total, 31.200 fueron echados del Estado por la motosierra de Milei.

La CGT fracturada

En su haber, la central obrera ahora conducida por Héctor Daer y Carlos Acuña se adjudica haber logrado morigerar los alcances de la desregulación laboral original que propuso el Gobierno, haber conseguido la homologación de acuerdos paritarios que le ganaron a la inflación y haber frenado en el Congreso de la ley de "democracia sindical" impulsada por el radicalismo para limitar los mandatos de los dirigentes.

El balance parece deficitario para la organización sindical que representa a más de seis millones de trabajadores de todo el país, la de mayor peso e historia, que termina el año en un escenario de fuertes cuestionamientos internos y la fuga de dirigentes como el camionero Pablo Moyano y el diputado Mario Manrique (SMATA). A lo largo del primer año de la gestión de Milie, los dos criticaron fuertemente la inacción de la central ante las políticas de Milei.

La CGT elegirá autoridades el próximo año en un contexto de debate sobre su identidad y su capacidad de accionar sobre la realidad de los trabajadores y presionada por un frente de gremios combativos con eje en la CTA reunificada en donde confluirán inevitablemente todas las corrientes sindicales opositoras al Gobierno.

Dos paros y una negociación fallida

Después de haber jugado fuerte por la candidatura presidencial de Sergio Massa, la CGT empezó la era libertaria activa, mostrando movimiento después de cuatro años sin medidas de fuerza. Fueron los primeros en salir a la calle en una movilización a Tribunales en diciembre contra el DNU 70/23, una etapa que concluyó con dos paros generales y una gran movilización.

La primera huelga fue el 24 de enero, a un mes y medio de la asunción del líder de La Libertad Avanza y fue la de mayor impacto, porque también incluyó una movilización multiudinaria al Congreso. En medio de un escenario de despidos masivos en el Estado, devaluación y ajuste, la medida de fuerza se imponía.

La CGT volvió a jugar su poder de fuego con el paro general del 9 de mayo, en medio de la pulseada con el Gobierno por el avance de la ley ómnibus que incluía en su primera versión una reforma laboral de amplio alcance con artículos que proponían limitar las reelecciones de los secretarios generales de los gremios y eliminar las "cuotas solidarias".

Con el correr del año, llegó la etapa del diálogo. La designación de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete inauguró una nueva etapa en la relación Gobierno - CGT. El ida y vuelta tuvo como protagonista al asesor presidencial Santiago Caputo, que se sumó sorpresivamente a la primera reunión en la Casa Rosada. La central obrera llevó una agenda de temas centrada en cuestiones como el reparto de fondos a las obras sociales sindicales y la necesidad de limitar la reforma laboral, además de la homologación de paritarias conflictivas que el Gobierno no quería avalar porque superaban la inflación.

Los despidos, la pérdida del salario y el cierre de pymes

En lo que va de 2024, la política libertaria impactó fuerte sobre el empleo, el salario y las jubilaciones. Según el Gobierno, los haberes de los trabajadores empiezan a mostrar recuperación a partir del descenso de la inflación y como efecto de la paritaria. Sin embargo, los números muestran otra realidad.

El salario mínimo, vital y móvil tuvo una pérdida brutal de poder adquisitivo, producto del efecto de la devaluación de la moneda y su impacto en los precios. De acuerdo a un informe elaborado por CIFRA, vinculado a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), no hubo recuperación para el salario ya que que en octubre con $271.571 mostró un valor real 28,4% menor que en noviembre de 2023. Por su parte, si se lo compara con la gestión de Cambiemos el poder de compra del salario mínimo es 39,9% menor que en 2019 y 54% menor que en noviembre de 2015.

De acuerdo al último informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en los diez meses que fueron desde octubre de 2023 hasta agosto de 2024, se perdieron en Argentina 223 mil puestos de trabajo en el sector público y privado. Según informó Francos ante el Senado, en el Estado se echaron 31.226 personas, entre los que figuran empleados de las empresas y sociedades, 11.200, y los de la Administración Pública centralizada y descentralizada, que totalizan otros 20.026.

Las pymes, principales empleadoras del país, fueron las más castigadas. En lo que va del año cerraron 16.500 pequeñas empresas, según informó el Frente Productivo Nacional. La caída del consumo interno, el aumento de los costos de servicios y la dificultad para exportar debido a un dólar poco competitivo fueron tres de los factores principales.

La pérdida de derechos laborales fue otro de las constantes del primer año de gestión libertaria. El caso de los gremios aeronáuticos fue un ejemplo claro. Después de meses de conflicto, aceptaron rediscutir convenios ante la amenaza de privatización de Aerolíneas Argentinas.

Ante este panorama, la CGT se prepara para un cierre de año "en modo avión". Tras la salida de los críticos como Pablo Moyano y el retorno de figuras de peso como Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, la central de Azopardo parece concentrada cien por ciento en el proceso de renovación de autoridades del año que viene y en cómo se plantará en la pulseada por lugares en las listas para las elecciones 2025.