Los gobernadores enviaron un mensaje inequívoco de cara a la negociación paritaria de este año: quieren eliminar la cláusula gatillo, que en 2019 les complicó las finanzas. Algunos ya, unilateralmente, la dieron de baja antes de terminar el año, mientras que otros negocian con los gremios la búsqueda de nuevas fórmulas de actualización salarial.

De esa forma, los gobernadores siguen el camino del presidente Alberto Fernández, que, a poco de asumir, le pidió a la CGT que no reclamara esa alternativa. El desafío de los sindicatos es cómo ganarle a la inflación sin un sistema de actualización.

Para las finanzas provinciales es clave desactivar la indexación automática en el marco de la caída de ingresos propios y coparticipables.

Desde hace varias semanas hay un desfile de gobernadores a la Casa Rosada buscando recursos y la misma situación se repite a nivel local con los intendentes. En 2018, último año de superávit para el global de las provincias, el 60% de la reducción del gasto respondió al atraso salarial, según datos del instituto Iaraf. Esa ecuación no se repitió en 2019.

En Buenos Aires ya hubo un primer encuentro donde -sin cláusula gatillo- el temario giró alrededor de las demandas laborales; se les prometió el pase a planta permanente de 4500 agentes y en unos días habrá una oferta salarial concreta. La gobernación bonaerense pagó la suma fija de $4000 a cuenta de futuros incrementos; Oscar De Isasi, secretario general de ATE, planteó que "no se puede perder frente a la inflación y hay que recuperar poder adquisitivo".

Desde el gabinete del santafesino Omar Perotti indicaron a LA NACION que la cláusula gatillo es "insostenible" ya que genera un problema económico "difícil de resolver". Ya se realizaron los primeros contactos con los gremios y la premisa es "buscar opciones".

En Córdoba hubo un acuerdo que alcanzó hasta enero último y en la próxima semana comenzará la discusión de cara a este año; la administración de Juan Schiaretti está persuadida de que el esquema del gatillo no se puede sostener. La recaudación propia acumula 19 meses de caída y no se espera una mejora en el corto plazo de ingresos.

Juan Manzur, en Tucumán, suspendió unilateralmente el último tramo de la indexación salarial automática; si bien las paritarias de este año no comenzaron formalmente ya hay contactos entre la ministra de Gobierno, Carolina Vargas, y los referentes sindicales. "Los gremialistas piden que se pague y se les explica por qué no se puede hacer frente al último tramo -confió una fuente a este diario-. Ya Manzur dijo que en los futuros acuerdos la cláusula no estará más; en los últimos dos años el aumento fue del 90%, lo que muestra que siempre hubo voluntad de dar el máximo". En San Juan, Sergio Uñac reemplazó la indexación automática por ajustes de suma fija (pagó los $4000 a cuenta); el presupuesto proyecta un incremento salarial del orden del 30% en línea con la evolución esperada de los ingresos provinciales.

Oscar Herrera Ahuad, de Misiones, anunció una suba de 13% este mes y siete por ciento más el próximo: "Hicimos, de acuerdo con los porcentuales, un seguimiento a nivel nacional. Hasta ahora no tuvimos ninguna remesa extra para el pago de los salarios públicos". Con la misma alza cerró la paritaria docente provincial y con el compromiso de una revisión semestral.

Hugo Ballay, ministro de Economía de Entre Ríos, subraya que el año pasado los estatales recibieron una suba de 57,6% por encima de la inflación y de la evolución de la recaudación provincial, que fue de 43%. "Es unos de los mayores incrementos concedidos en el país en comparación con los otorgados por el Estado nacional", resaltó. La discusión de este año todavía no comenzó, pero se analizan alternativas en el marco de la crisis general. El ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez, planteó que la paritaria comenzará en marzo cuando la administración de Rodolfo Suárez tenga "indicadores fundamentales como la aprobación del presupuesto provincial". Todo indica que la cláusula gatillo que se aplica desde 2017 llegó a su fin en diciembre; ya hubo una movilización de estatales en reclamo de la apertura de la discusión salarial.

Los números de Chubut son los más complicados entre los de las provincias; el gobernador Mariano Arcioni anunció un plan de reestructuración del Estado, que incluye el congelamiento de salarios estatales por 180 días y el deceso de la cláusula gatillo. Su administración arrastra problemas desde hace meses para completar el pago a los empleados.