Si bien las negociaciones salariales con los gremios se darán a inicios de febrero, algunas entidades salieron a cuestionar el anuncio del Ejecutivo. En ese lote se anota la nueva conducción del SUTE, que tomará posesión el 12 de enero y tendrá su "debut" en la mesa paritaria semanas después.

Gustavo Correa, secretario gremial electo del sindicato de trabajadores/as de la educación, hizo una salvedad: "En primer lugar, el aumento es de $1.200; los $6.000 restantes forman parte del incremento de 2021 (que en el caso del Sute se otorgó por decreto) y corresponde a la intangibilidad del salario".

El sindicalista refiere a que las últimas cuotas del bono del año pasado fueron de $6.000, por lo tanto si el Gobierno decidiera dejar de pagarlo caería en una reducción del sueldo. "Hay vasta jurisprudencia en cuanto a que el salario es intangible respecto al año anterior. Si cada vez que hay un aumento anual, al siguiente desaparece, hoy estaríamos cobrando en australes; el Ejecutivo hace una interpretación maliciosa de la normativa", advirtió, en diálogo con Sitio Andino.

Adelantó -en tanto- que no aceptarán propuestas que incluyan "incrementos en negro que achatan la escala". "Si insisten con ello seguramente nos encontraremos con un año de bastante conflictividad con el sector", disparó.

En el mismo sentido se expresó el titular de Upjcm (Casino), Martín Caín, quien aseguró que eliminar el bono que se acordó en 2021 "no sólo es una cuestión contradictoria, sino también ilegal, ya que viola el principio de progresividad en toda negociación colectiva". "Cuando nos sentemos en la paritaria, dejaremos en claro que hasta el momento nos han otorgado sólo un aumento de $1.200".

En la acreditación de la suma no remunerativa no están incluidos los profesionales de la salud (régimen 27), ni los funcionarios y empleados judiciales, que acordaron un porcentaje de aumento en reemplazo del bono. Desde Ampros exigieron al gobernador Rodolfo Suarez que se reconozca al sector "que fue protagonista de la salida temporal de esta pandemia".

Su secretaria general, Claudia Iturbe, anticipó que "un bono en negro a cuenta de los aumentos salariales del 2022, será rechazado". Reclamó la apertura de paritarias "a la brevedad" a fin de "llegar a acuerdos para que los profesionales tengan un sueldo acorde al esfuerzo que han hecho en estos dos años y han permitido la apertura de la economía de Mendoza".

Por el lado de ATE -que representa a la Administración Central, Desarrollo Social y otras áreas gubernamentales-, destacaron que la continuidad del pago del bono fue acordado, a pedido de la entidad, en las audiencias de diciembre de 2021 con la patronal "con aumento, para que los trabajadores/as no tengan pérdida de poder adquisitivo", según indicó Roberto Macho, titular del gremio.

Asimismo, afirmaron que el complemento deberá incorporarse al básico a partir de este año, tal como fue convenido en 2021.