Las y los diputados cordobeses que voten esta semana el otorgamiento o no al Poder Ejecutivo de capacidad para privatizar empresas públicas deben saber que los ojos del movimiento obrero recaen sobre ellos.

Habilitar el desguace y enajenación de los bienes públicos no será gratuito, como no fue gratis su construcción en base al ahorro acumulado, el trabajo y el sueño de soberanía de generaciones de argentinos y argentinas que pusieron su esfuerzo para alcanzar ese objetivo.

Además, dar carta blanca a Milei para que haga y deshaga significa retroceder tres décadas retomando el camino de los negociados y el vaciamiento de los ’90, que concluyó con el país social, económica y políticamente estallado, a pesar de –presuntamente- gozar de los beneficios de una economía privatizada y desregulada.

¿Cómo terminó? Con cinco presidentes desfilando uno detrás del otro frente a una sociedad desahuciada y sometida al hambre y la desesperación, pero que buscó en sus organizaciones libres del pueblo el camino de la recuperación.

El proceso para llegar a tal amargo fin estuvo plagado de cientos de miles de despidos, desintegración territorial, desindustrialización, afectación de los servicios básicos para la población y aumento de costos de servicios que desplegaron la fuga de capitales y la desinversión que el Estado garantizaba.

En Córdoba sabemos bien su resultado, el cordón industrial más floreciente del país pasó a ser un páramo donde la industria privada que integraba el circuito de suministros y contrataciones terminó liquidada. Todo fue muy difícil de recuperar. El caso de la Fábrica de Aviones es quizás el más flagrante de todos.

Otros antecedentes se encuentran más allá en el tiempo, cuando la dictadura cívico-militar-eclesiástica (76-83) desguazó la fábrica IME que constituía un centro de producción de vehículos de trabajo más importante de Latinoamérica. Todo para dejarles campo despejado a las terminales de las empresas trasnacionales de producción de vehículos, que hoy solo producen menos del 10% de las autopartes en nuestro país.

Política canallesca implementada por José Alfredo Martínez de Hoz, que encuentra en el gobierno actual sus herederos, como los tuvo en los ’90 y durante el macrismo.

Sabemos que nuestra historia está plagada de marchas y contramarchas. Sin duda que ATE fue protagonista de la gran mayoría de aquellos momentos donde el Estado avanzó garantizando derechos y ejerciendo soberanía, de la misma manera fue puntal de resistencia para que las involuciones generadas por los liberales de todas las épocas no terminaran con el sentido de comunidad que involucra al Estado.

Un buen ejemplo es la resistencia a la privatización de la seguridad social en 1993, cuando el menemismo implementó el sistema de AFJP. Aquel enero las militancia de ATE salió a juntar en cada esquina de los barrios, en las puertas de las fábricas, los comercios y los organismos públicos un millón de firmas que permitieron que siguiera existiendo el sistema de reparto. Se conformó un sistema mixto donde el trabajador podía optar entre la cuenta individual para sus aportes o el sistema solidario.

Sin aquella lucha, encabezada por Víctor De Gennaro, hubiera sido más difícil recuperar el sistema de reparto de monopolio estatal en 2009, cuando los bancos amenazaban con vaciar el sistema previsional para salvar sus cuentas en la crisis internacional de aquel año.

Hoy enfrentamos el riesgo que la política energética, el correo, el Banco Nación, el sistema científico técnico, las universidades públicas o el sistema ferroviario, caigan nuevamente en manos de quienes explotan los recursos nacionales en base a la inversión ya realizada por el ahorro de las y los argentinos.

Reclamamos a los diputados nacionales que rechacen este proyecto, que respeten la herencia de los pioneros en el desarrollo inclusivo nacional y que recuerden que la infame traición a la patria no es una opción para la gente de bien.

ATE estará siempre defendiendo el Estado para liberar la Nación.