La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el 9,1% ofrecido por el Gobierno en la paritaria para la Administración Pública Nacional, lo que significa una caída del 22,4% del poder adquisitivo de los estatales en el último año. "La caída del salario desde que asumió esta gestión ha sido estrepitosa. Esta propuesta es inaceptable. Lo que ofrecen ni siquiera se corresponde con los datos de inflación oficial. No podemos ser cómplices de este recorte brutal de nuestros ingresos”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“Con el correr de los meses, el ajuste en el sector público se consolida y cada vez es mayor. Con esta paritaria y cuando empiece el mes de junio, decenas de miles de estatales aparecerán como nuevos pobres. Son los propios datos oficiales los que muestran que desde que asumió este Gobierno los salarios han caído en picada. A partir de ahora el ingreso promedio en la Administración Pública apenas alcanza para cubrir la mitad del costo que tiene la canasta familiar básica", indicó el dirigente estatal.

"Hemos decidido rechazar la oferta porque nuestro sindicato no puede ser cómplice semejante destrucción de los salarios. Este grave recorte en los sueldos rápidamente se va a disparar a las provincias y municipios. Debemos darle continuidad y profundizar nuestro plan de lucha en todo el país", señaló Aguiar.

El acuerdo se compone de un 2% correspondiente al mes de abril y un 7% acumulativo para mayo, por lo que el aumento es de 9,1% en el bimestre. Este incremento fue aceptado por UPCN, por lo que el aumento se liquidará con los haberes de este mes.

Las paritarias en el convenio 214/06 comprenden el periodo que va de junio 2023 a mayo 2024, por lo que el sector público nacional cierra su año de negociación con un aumento del 200,9%. Teniendo en cuenta que la inflación proyectada para para mayo según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central es de 7,5%, la caída del salario real para los estatales es de un 22,4%.

Cabe destacar que en noviembre -a seis meses de iniciada la paritaria- el acuerdo había quedado 3,4% por encima de la evolución de los precios hasta ese momento. Pero es a partir de diciembre cuando todos los acuerdos quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación, consolidando la pérdida real del poder de compra.

La representación de ATE estuvo compuesta por Flavio Vergara, Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo, y Vanina Rodríguez, Secretaria de Formación, junto a Julia Scarensi, Luciano Fernández y la representante jurídica, Mariana Amartino. Por parte del Gobierno, participaron Enrique Pinedo, subsecretario de Evaluación Presupuestaria, y Rosana Reggi, subsecretaria de Transformación del Estado y Función Pública.

Según el último dato del Indec, una familia necesitó $828.158 en abril para no caer bajo la línea de pobreza. Sin embargo, la Junta Interna de ATE-INDEC informó que este ingreso debería ser como mínimo de $1.253.953.

Durante la paritaria, también se firmó un acta complementaria donde se dejaron asentados los siguientes reclamos de ATE:

● Ningún/a trabajador/a por debajo de la línea de la pobreza;

● Aumentos salariales por encima de la inflación;

● Apertura de todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales, especialmente los más postergados, como el del Personal Civil y Docente Civil de las FF.AA. Seguridad IOSFA, cuyos salarios iniciales están por debajo de la línea de la indigencia;

● Inmediato aumento salarial para los/as trabajadores/as contratados por el Decreto 1109/17.

● Liquidación del aumento salarial este mes.

● Cese de las políticas de ajuste;

● Incorporación de una suma fija al salario en concepto de Orientación para el presente convenio general que garantice el reconocimiento de la función y un salario digno;

● Garantizar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público - pases a planta permanente.

● Cese de los despidos y reincorporación inmediata de todos/as los/as trabajadores despedidos/as a partir del 10 de diciembre de 2023;

● Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas;

● Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos/as los/as trabajadores/as jubilados/as;

● Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades;

● Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los/as trabajadores/as estatales;

● Anulación del DNU 70/23 y la Ley Bases