Dirigentes gremiales que representan a los trabajadores de la Osplad, la Obra Social para la Actividad Docente, pidieron a la Justicia y a la Superintendencia de Salud de la Nación la “inmediata intervención” de la mencionada institución. 

La fuerte sospecha es que delegados de Ctera y de la CTA que conduce Hugo Yasky, cuyos representantes ocupan la mayoría de las bancas del directorio de la obra social, habrían desviado fondos millonarios con fines políticos, que nada tienen que ver con las necesidades de los educadores.

La grave acusación fue realizada por el secretario gremial del Soeme, Tomás Casco, quien aseguró que la Osplad está al borde de la quiebra y  que 2.000 trabajadores y sus familias podrían quedar sin fuente laboral, más allá de que la prestación de salud a los docentes es casi inexistente.

“Presentaron balances apócrifos y han contado con la connivencia de la Justicia durante el gobierno kirchnerista”, aseveró Casco, que luego señaló: “Esa denuncia la traccionaron con el estudio Dorfman que era socio del exjuez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, e hicieron lo imposible para parar la causa”.

“Toda la Ctera ha generado en Osplad un deterioro tremendo, nosotros como gremio hicimos una denuncia por el perjuicio patrimonial desde el año 1991. Generamos una denuncia penal de vaciamiento y aportamos pruebas de los balances apócrifos. Hicimos la denuncia a través de la Superintendencia”, agregó Casco.

“La obra social, tras haberla recibido ellos con casi 300.000 afiliados hoy, tras 20 años de gestión, cuenta con solo 120.000 y un deterioro permanente”, indicó el dirigente del Soeme.

Casco insistió: “Tienen una política de vaciamiento paulatino del sistema previsional de salud para los trabajadores de la Educación. Vendieron un hotel y ahora quedan las últimas joyas de la abuela, que esperemos no las liquiden. En la actualidad, Osplad tiene un pasivo muy grande. Están dejando secar  la obra social porque no quieren pagar el costo político de la mala administración”.

Además, el dirigente gremial afirmó que “los trabajadores de la obra social y los representantes del sindicato sufrimos persecución por denunciar. Igualmente hemos colaborado en un plan de salvataje, pero ellos nunca cumplieron con los compromisos”.

“Necesitamos que la Superintendencia de Salud intervenga en las auditorías de la obra social, se van a llevar muchas sorpresas”, concluyó Casco.

En 2012, trabajadores de la Osplad agrupados en el Soeme se presentaron ante el Juzgado de Instrucción nº 34 de Capital Federal y radicaron una denuncia penal ante las graves irregularidades detectadas en la obra social. Solicitaron que se investigue la posible comisión de delitos de administración fraudulenta, fraude al comercio, publicación de balances falsos, presumiblemente cometidos por las entonces autoridades de la institución: presidente, Daniel Roberto Perata; secretario de Actas, Nicolás Mario Rojas; síndico titular, Antonio Landro, y demás miembros del consejo de administración y funcionarios jerárquicos. Entre las pruebas presentadas figuran numerosas facturas truchas y documentación referida a la dualidad de padrones. Concretamente, Osplad tendría un padrón “real” para uso interno y otro “aumentado” para ser presentado ante la Superintendencia de de Salud.