Por: Alfonso de Villalobos.

Cuando Sergio Massa anunció la suba del piso del impuesto a las ganancias hasta $ 404.062 brutos, aseguró que la decisión llevaría «alivio fiscal a más de 300 mil trabajadores». Sin embargo el reclamo contra ese impuesto sobre el salario ha ganado centralidad en las discusiones paritarias como no ocurría hacía mucho.

La Asociación Bancaria anunció un paro para el jueves 23 «en defensa del salario». La paritaria está vencida y no se logra un acuerdo porque el sindicato exige una solución al pago de ese tributo antes de acordar un incremento salarial porque, aseguran, el aumento se lo termina llevando el impuesto. Claudio Bustelo, secretario de Prensa de La Bancaria, explicó a Tiempo que «afecta a más del 70% de los bancarios. Exigimos un mecanismo para la devolución de lo descontado».

Los trabajadores portuarios de Puerto Deseado fueron al paro por el mismo motivo. El sindicato de guincheros dice que el impuesto «destruye y confisca» el salario. En la misma sintonía se pronunciaron sindicatos de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

El Presupuesto 2023 incluyó una exención parcial de ese impuesto a los Camioneros, lo que permitió destrabar la paritaria del sector. En enero, Aceiteros selló un acuerdo con el Ministerio de Economía que los eximió para las horas adicionales del cuarto turno de trabajo. Los petroleros reclaman en su paritaria recuperar las eximiciones que consiguieron en 2017 a cambio de flexibilizar el convenio. CTERA logró el viernes pasado una eximición parcial en la paritaria nacional docente.

La reivindicación también aparece en el pliego que presentó la Conadu Histórica cuyas categorías convencionales más altas y con antigüedad también se ven afectadas. Lo mismo ocurre para gremios industriales como el del neumático.

El sindicato mayoritario de ANSES, APOPS, liderado por Leonardo Fabre, empapeló las calles de la Ciudad  de Buenos Aires con un afiche que clama que «el salario no es ganancia». Fabre confirmó a Tiempo que, a diferencia de UPCN, ATE y SECASFPI, decidió no firmar la última revisión de la paritaria 2022-2023 esta semana porque la patronal se negó a discutir un mecanismo de devolución de lo descontado por ganancias. «Con estos aumentos vamos a tener la alícuota más alta, de entre un 20 y un 30%. Rechazamos la propuesta porque se lo comía todo ganancias y la patronal no quiso discutir el tema», se quejó.

Fabre dijo: «No nos interesa que nos den dinero por un lado y nos lo quiten por el otro. El salario es intangible. Hubo dos meses que cobramos menos que el anterior, eso es ilegal».

Es que, más allá del debate sobre la naturaleza del salario y la aberración de gravarlo como si se tratara de una ganancia, lo cierto es que la legislación vigente está plagada de distorsiones. La última reforma de la ley estableció un régimen de actualización del «piso de ganancias» según el índice salarial Ripte (que elabora el Ministerio de Trabajo en base a los salarios registrados) pero no llevó las escalas del impuesto hasta ese piso. Los asalariados en la primera escala tributan una alícuota del 5% a partir de poco más de $ 170 mil brutos. A través de las deducciones especiales, todo trabajador que perciba un salario entre esa cifra y el «piso» de $ 400 mil, queda exento. Una vez superado ese umbral, son alcanzados por las alícuotas de las escalas correspondientes, que van desde el 20 hasta el 35%.

Sergio Arelovich, economista de la Universidad Nacional de Rosario, explicó a Tiempo que «la situación actual es resultado de atacar el problema por partes y no como un todo. Es un parche tras otro». Con todo reconoció que «ahora no pagan tantos trabajadores. En 2021 alcanzaba a dos millones y en la actualidad son poco más de 500 mil». Para Arelovich la irrupción del tema tiene que ver con el procedimiento mediante el cual se aplica el gravamen: «Lo más irritante son los saltos bruscos. Hay casos donde les descuentan el 50% del salario y al mes siguiente les reintegran el 25%. Así no se puede planificar una vida familiar», reflexionó. Esto se ve reflejado en la recaudación de AFIP por ganancias, que sube y baja de mes en mes.

Para Matías Cremonte, dirigente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AALL), «algunos sindicatos lograron que se excluya expresamente su actividad de esa ley. En otros casos, los empleadores reintegran parte o el total de lo descontado. Existe también cierta ‘ingeniería’ a la hora de negociar las escalas salariales y se le ponen nombres como ‘productividad’ a determinados rubros para que queden excluidos».

Para superar el cuadro actual Arelovich plantea que «lo primero que hay que hacer es modificar el procedimiento, eso tranquilizaría los ánimos. Hay una escala atrasada y mal actualizada. El mínimo no imponible debería ser el primer tramo de la escala».

En cambio, para Cremonte, «el problema es conceptual y no se va a resolver hasta que no se elimine ese impuesto injusto, porque el salario no es ganancia. Los trabajadores tienen una remuneración por su trabajo, los que tienen ganancias son los empresarios».

Para eso, claro, es necesaria una reforma tributaria de fondo. Arelovich aporta datos originados en la última información disponible de la AFIP. Allí surge que «del total del impuesto a las ganancias, el 20% corresponde a asalariados. A valores actuales son $ 90 mil millones por mes. No se puede llevar a cero porque es mucha plata. Para compensar, habría que modificar, por ejemplo, bienes personales. El porcentaje máximo que paga una empresa es el 30% mientras una persona humana llega al 35% y, cuando cobra el salario le gatillan el impuesto. Las empresas pagan a año vencido, licuado por inflación, con planes de pago y moratorias. Además pueden deducir todos los gastos fiscales mientras que, por ejemplo, hace 20 años que está congelada la deducción de intereses por créditos hipotecarios que siguen en 20 mil pesos». «

PROYECTO

Más de 45 sindicatos armaron una mesa sindical que exige una solución coyuntural al problema mientras esperan el tratamiento del proyecto de ley presentado por Sergio Palazzo para llevar el mínimo no imponible hasta el equivalente a cinco Canastas Básicas Totales, subir las escalas y eximir todos los adicionales.