La CGT decidió endurecerse contra el Gobierno en rechazo de otra propuesta incluida en la ley ómnibus: la eliminación de la paritaria nacional docente a partir de la reforma del artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo: los 5 sindicatos del sector que integran la central obrera acordaron declararse en estado de alerta y pidieron una reunión “en un plazo de 48 horas” con el secretario de Educación, Carlos Torrendel, para discutir el salario mínimo docente.

A la vez, instaron a los diputados a “votar negativamente” el proyecto impulsado por Javier Milei para “no ser cómplices de la destrucción del sistema educativo”, ya que “este avasallamiento antidemocrático representa un retroceso sin par en lo concerniente a derechos de los trabajadores y trabajadoras docentes y abre el camino al desfinanciamiento y la mercantilización educativa”.

La decisión fue adoptada en un encuentro presidido por el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, quien lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA), de la que participaron Ernesto Cepeda, de AMET (Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica); Fabián Felman, de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); Hernán Escudero, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), y Daniel Ricci, de la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN).

Aunque nadie lo reconoce abiertamente aún, el telón de fondo de este conflicto, en la medida en que no pueda resolverse, es el riesgo del comienzo del ciclo lectivo de este año en algunas provincias. El Gobierno, por ahora, no cuenta con la herramienta que le brindaba el DNU 70, que contiene una reforma laboral que reglamenta el derecho de huelga en el sector educativo. Sin embargo, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo resolvió este miércoles el amparo presentado por la CGT y determinó que el capítulo laboral del DNU es inconstitucional. El Gobierno apelará a través de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, pero la reforma laboral sigue sin poder aplicarse.

Romero ya había reclamado al Gobierno el 20 de enero, antes del paro general de la CGT, que “aclare rápidamente si va a dar continuidad a la paritaria nacional docente” debido a que circulaban versiones sobre una serie de cambios al proyecto original de la ley ómnibus que implicaban “la eliminación de las entidades gremiales del acuerdo de los aspectos laborales como el salario mínimo”.

“Nosotros estamos defendiendo el derecho a la negociación paritaria, un derecho humano, con rango constitucional y reconocimiento internacional que propende a la pacificación social”, dijo el titular de UDA, que advirtió: “Si se eliminan las entidades gremiales del acuerdo de los aspectos laborales como el salario mínimo, la Argentina estaría entrando en una catástrofe educativa que traería una serie de implicancias muy serias para la docencia y el sistema educativo en su conjunto”.

Además de los sindicatos de la CGT, las organizaciones gremiales que integran la CTA de los Trabajadores, como CTERA y SUTEBA también declararon el estado de alerta ante las reformas educativas incluidas en la ley ómnibus, en sintonía con la advertencia que le hicieron a Torrendel en una reunión que mantuvieron el 4 de enero, en la que le entregaron un documento en el que, entre otros puntos, se planteó “la importancia de la paritaria nacional docente para establecer el piso salarial, Fondo Nacional de Incentivo Docente, conectividad y temas vinculados a la formación docente continua y al financiamiento educativo destinado a infraestructura y otros aportes a la educación”.

Ahora, la junta ejecutiva de CTERA, encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, solicitó al Gobierno “el retiro del capítulo sobre educación incluido en el proyecto de ley ómnibus ya que el nuevo borrador empeora la situación respecto al proyecto original, y todos los artículos redactados vulneran los derechos conquistados y abren de par en par las puertas a la privatización y mercantilización de la educación en nuestro país”.

“Especialmente rechazamos el artículo relativo a la paritaria nacional docente ya que en los borradores que circulan se elimina la participación de la parte estatal correspondiente a la Secretaría de Educación (ex Ministerio de Educación Nacional) y además, se excluye nuestra participación gremial -dijo-. Un total despropósito que desvirtúa el sentido de esta instancia de negociación colectiva, que fuera una conquista histórica dada en el marco del funcionamiento de las instituciones democráticas”.

Según resaltó CTERA este jueves, “en el marco de la paritaria nacional docente hasta el momento se había podido garantizar el sostenimiento de diversas políticas públicas y la defensa de los derechos laborales de la docencia argentina”, por lo cual alertó que “la eliminación de esta instancia, además, devendría en la destrucción del FONID y del Fondo Compensador, de los fondos para construcción de escuelas, equipamiento, Conectar Igualdad, Educ.ar, comedores y copa de leche, y de los recursos para la formación docente permanente y gratuita, entre otras cuestiones”.

Las advertencias de los gremios de la CGT

Mientras, la embestida de los gremios docentes de la CGT reforzará la ofensiva sindical contra la ley ómnibus en medio del debate que la cúpula cegetista tendría la semana próxima para decidir cómo seguirá el plan de lucha que incluyó el paro de 12 horas con movilización del miércoles 24.

Tras la reunión realizada en el edificio de Azopardo 802, los 5 sindicatos educativos que integran la CGT difundieron un comunicado en el que rechazaron “el contenido del Título VI, Capítulo II, Educación, del proyecto de ley ómnibus ya que avasalla principios democráticos, derechos laborales y jurídicos”.

“En una iniciativa antidemocrática sin precedentes, ninguna de las reformas pretendidas fue consultada con los representantes de los trabajadores”, enfatizaron los gremios, que destacaron que la propuesta del Poder Ejecutivo “reforma el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, eliminando la paritaria nacional docente, el ámbito en el cual se discute y establece el salario mínimo docente para todas las jurisdicciones del país, como así también toda cuestión de índole laboral”.

Agregaron que también “pretende que este salario sea determinado anualmente por el Consejo Federal de Educación, eliminando toda posibilidad de negociación entre partes, vulnerando así el derecho a la negociación colectiva y dejando la facultad de fijar salarios en manos de una sola de las partes, la patronal, en este caso el propio Estado Nacional”. Además, “ataca los derechos laborales ya que pretende declarar la educación como servicio esencial, cercenando el derecho a huelga y abriendo el camino al desfinanciamiento, como ocurre en países como Perú y Ecuador”.

“De la misma manera -señalaron- avasalla cuestiones relacionadas con la carrera docente que se han ido construyendo durante años en base al diálogo y a la discusión colectiva en la paritaria nacional desde el restablecimiento de la democracia. Nada dice en relación a las sumas que abona la Nación a la docencia -FONID y Material Didáctico/Conectividad- que forman parte, en un porcentaje significativo, del salario de cada trabajador y trabajadora en cada una de las jurisdicciones”.

Para los gremios docentes, la ley ómnibus “determina modificaciones sobre la duración de las carreras técnicas, sin ningún tipo de fundamento pedagógico y sin haber realizado consulta alguna ni estudios sobre su viabilidad, desjerarquizando al futuro profesional técnico al incorporarse al mundo del trabajo”, al tiempo que “abre las puertas al arancelamiento universitario, ignorando de plano uno de los mayores logros y conquistas que ostenta nuestra Nación: la gratuidad de la educación superior”.

“De la misma forma -añadieron-, atenta contra el financiamiento de las universidades nacionales, afectando gravemente el funcionamiento de las casas de altos estudios, e introduce en este sector modificaciones sin fundamentar y que tampoco fueron consultadas”.