Se han presentado tres proyectos de ley, todos de origen oficialista, que proponen una reducción de la jornada laboral. Las propuestas postulan llevar la jornada de 48 a 36 o a 40 horas semanales. Se lo puede ver como una iniciativa populista preeleccionaria, pero con doble propósito: aportar votos y enlodar aún más la herencia que dejará este gobierno. Dos proyectos fueron presentados en la Cámara baja: uno, por el diputado y dirigente gremial Hugo Yasky y otro por los bancarios Claudia Ormaechea y Sergio Palazzo. En el Senado fue Mariano Recalde quien expuso que la reducción “permitirá mejorar la distribución del trabajo existente y crear empleo, incrementar la productividad, mejorar la calidad de vida, disminuir los accidentes, reducir los costos empresarios y el impacto ecológico y sanitario”.

Los argumentos con que se intenta justificar estos proyectos son erróneos y rebatibles. Desconocen elementales reglas de la economía y la sociología y no han atendido experiencias vividas ante medidas de ese tipo. Si no es acompañada por una reducción proporcional del salario, la disminución de las horas de trabajo solo repercutirá en un aumento del costo laboral. Obviamente ninguno de los tres proyectos propone una contrapartida que contemple reducciones salariales.

La realidad observada históricamente es que tarde o temprano una caída de la productividad laboral es seguida por una merma del salario real. De esa manera solo se alimentará la pobreza.

Impulsores de la reducción de la jornada esgrimen que permitirá dar trabajo a quienes están desempleados. Si eso fuera real, se podría eliminar completamente la desocupación reduciendo cuanto fuera aritméticamente necesario la jornada laboral. En este error flota la absurda idea de que no sería afectada la producción mensual de cada trabajador.

Esta cuestión no debe confundirse con la tendencia a incrementar el tiempo libre en los países desarrollados como consecuencia de los avances tecnológicos que permiten aumentar la productividad y los ingresos por hora trabajada. Este fenómeno no necesita ninguna regulación. Justamente, debe asegurarse el mayor grado de libertad posible para facilitar inversiones en tecnología y robotización. Algunos trabajos manuales están siendo reemplazados por instrumentos de digitalización e inteligencia artificial. El teletrabajo ha ganado espacio en tareas administrativas, intelectuales y en la educación. La duración formal de la jornada laboral ha comenzado a ser un elemento menos relevante. El intento de reducirla impondría mayores controles que perjudicarían a todos.

Si el actual gobierno y la dirigencia gremial quieren generar empleo y que este sea formal y bien remunerado, deben saber que el camino es una reforma laboral que remueva los impedimentos regulatorios que desalientan y encarecen la contratación. En esa línea estarían, entre otras reformas, el otorgamiento de prioridad a los acuerdos colectivos a nivel de empresa; el progresivo reemplazo de la indemnización por despido por un fondo constituido por aportes del trabajador y el empleador durante el período laboral, y la flexibilización de las normas en beneficio de ambas partes por el aumento genuino de la productividad y del salario real.

La puesta en marcha de estas iniciativas claramente alineadas con el fracasado populismo provocará resultados contrarios a los enunciados por sus impulsores, ya que afectará la seguridad jurídica y desalentará inversiones.