Cambiar o hacer convivir el régimen indemnizatorio. Seguro de desempleo. Actualizar y adecuar los convenios colectivos. Rearticular el sistema de inspecciones laborales. Modificar el sistema de ART. Bajar contribuciones patronales. Regímenes especiales para pymes. Reducción de la jornada laboral. Formalización de la economía popular. Contrato de trabajo por tiempo indeterminado en tiempos de crisis.

Las propuestas y debates alrededor de las leyes que regulan las condiciones de trabajo en la Argentina, los derechos y las obligaciones se despliegan en el escenario preelectoral con datos que presionan esa agenda: en la Argentina, el trabajo formal registrado no crece desde hace siete años -aunque la población sí- y el 35% del país tiene empleo informal, según estadísticas oficiales que no contabilizan como trabajo las tareas de cuidado y domésticas, realizadas en un 76% por mujeres y no pagadas.

Hablar de reforma laboral es entrar en una discusión práctica e ideológica tironeada por la puja de corporaciones. ¿Hacia dónde ir cuando las cifras de la población trabajadora en condiciones precarias son cada vez más altas y la dignidad de los salarios quedó muy atrás de la inflación? El primer escollo para navegar el debate es que a la “la derecha se apropió de la reforma laboral”, dicen quienes apuntan al sentido regresivo que tienen esas palabras juntas.

La reacción política del sindicalismo a la pregunta de Letra P fue defensiva. “No vamos a entrar en ningún debate porque no estamos de acuerdo con reforma alguna”, dijo el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, y remató: “Para no discutir la reforma laboral, los trabajadores tenemos que debatir cómo ganar las elecciones”.

Trabajo formal, el gran desafío

¿Por qué en Argentina crece el trabajo informal? En la trinchera empresarial, el textil Teddy Karagozian afirmó que “los pasivos laborales son impagables y desvalorizan a las empresas, las dejan sin futuro. No hay ningún escenario macroeconómico donde convenga emplear”. Propietario de seis plantas industriales radicadas en varias provincias, con 1.600 trabajadores , apuntó a los abogados laboralistas: “Son los únicos privilegiados de este sistema”.

“Es falsa la alta litigiosidad. Hablar del cuco es triste porque estupidiza el debate público sobre cómo mejorar las barreras de salida del empleo”, afirmó a Letra P el laboralista Juan Manuel Ottaviano, investigador de la Universidad de San Martín (UNSAM) y Fund.ar. “Más de la mitad del fin de los contratos laborales son por renuncia y, de los despedidos, una mínima parte reclama y una ínfima porción alcanza a una sentencia”, destacó, aunque admitió que entiende que “haya pymes con casos de indemnizaciones importantes”.

Las indemnizaciones de un juicio por despido se calculan, básicamente, con el artículo 245 de la ley de Contrato de Trabajo -protección contra el despido arbitrario- y se le suman las multas de la ley 24.013, la Ley de Empleo sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, que lanzó un registro masivo muy favorable a los empresarios y estableció multas a quienes se les detectasen trabajadores no registrados o mal registrados.

Daniel Argentino, director del departamento de Política Laboral de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), abogado y empresario curtiembrero: “El empresario tiene miedo de tomar un empleado. Con un abogado pícaro, la suma de multas puede llevar a una indemnización de dos millones a ocho millones de pesos, impagable para una pyme”. Además, admitió que “hoy los empresarios prefieren tener una persona informal, porque, si los agarra una inspección, terminan pagando lo mismo que si lo hubiesen tenido registrado. No cambia nada”. El empresario textil Marcelo Fernández, presidente de la cámara empresaria pyme CGERA, coincidió: “Es una preocupación para la pyme”.

Dos abogados que litigan desde hace más de 20 años en la justicia laboral bonaerense son tajantes: “No existe la industria del juicio. El trabajador quiere cobrar, acepta un acuerdo y busca conseguir otro trabajo”. Lo mismo dice Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) en una entrevista con Letra P realizada para este especial.

Cruzadas por la perspectiva de género, las estadísticas son aun más graves: “Cinco de cada diez mujeres no tienen trabajo remunerado ni lo buscan, mientras que sólo ocurre esto en tres de cada diez varones. Además, tienen mayores tasas de informalidad. El resultado es una brecha de los ingresos del 26%”, describió Delfina Schenone Sienra, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Lo que sea para matar la indemnización

El diputado de la UCR Martín Tetaz, que trabaja por la candidatura presidencial del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, propuso “derogar las dos leyes que rompieron la regla de oro de la indemnización en la Argentina, un salario por año trabajado, la 24.013 y la 25.323 ” y crear un “seguro de desempleo voluntario, que las pymes puedan optar por seguir con la indemnización vigente o, para contrataciones nuevas, tener un seguro con aportes empresariales que pueden ir del 3% al 8% del sueldo del trabajador, según el sector”.

Martín Tetaz, que trabaja por la candidatura de Gerardo Morales, propone un seguro de desempleo voluntario.

Para darle “previsibilidad al costo indemnizatorio”, Karagozian presentó el proyecto Mochila Argentina. Propone que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) instrumente un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) financiado por las empresas -entre 8.33% y 2% del salario según la antigüedad-: cuando hay un despido, se asegura el cobro del último sueldo según los años trabajados y, si cambian de trabajo, se llevan “la mochila” a su nuevo empleo.

El empresario Daniel Rosato, dueño de una papelera y una metalúrgica, presentó otro proyecto de seguro laboral: un fondo con aportes de los empresarios pymes y del Gobierno en caso de fin de una relación laboral registrada por despido, jubilación o renuncia. Argentino, de UIPBA, también se distancia de Karagozian e insiste en eliminar el sistema de multas de la ley de 1991. “No es común la idea de alguien que laburó cinco años y se hace despedir para cobrar un juicio”, señaló.

Con similitudes con el proyecto de Karagozian y de Rosato, el precandidato de la UCR a Jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau propuso reemplazar la indemnización por despido sin causa, por el aporte a un Fondo de Cese Laboral.

Juan Grabois, precandidato presidencial del Frente de Todos, indicó que, “sea mito o realidad, el temor al juicio opera subjetivamente como un desincentivo” y que “es real que existen abusos por parte de abogados que se llevan, de ambas partes, hasta el 40%. Es un abuso que debe ser regulado y se puede hacer sin tocar una coma de la legislación protectora de los derechos de los trabajadores”. El referente de la economía popular propuso un seguro para “contingencias judiciales” con aportes de las grandes multinacionales.

Juan Grabois: “Sea mito o realidad, el temor al juicio opera subjetivamente como un desincentivo para emplear”

El Estado, cómplice de la informalidad

Otra clave del debate es quién controla el trabajo informal que, desde la pandemia, se recupera mucho más rápido que el registrado. “Hace falta un sistema eficaz de inspecciones, que hoy en la Argentina no existe y serviría para limitar el abuso empresarial, y medidas que incentiven a las pymes a afrontar el registro”, aseguró el diputado Hugo Yasky (FdT), que lidera la CTA de los Argentinos.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron que las inspecciones son “una potestad de las provincias” y, por lo tanto, no pueden intervenir “a menos que lo soliciten”. “Es un error que la inspección esté descentralizada en las provincias, porque pierde totalmente eficacia”, advirtió Daer.

La informalidad es correlativa al déficit del sistema previsional: trabajadores que no tienen aportes, a los que se les dificultará el futuro retiro y que en el presente, sin cobertura de salud, recargan el sistema de salud público.

“Cuando llega el inspector, los hicieron esconderse o les dijeron que no vayan a quienes no están en regla. Se llega tarde y mal. Reclamamos que los sindicatos puedan ingresar a las empresas y chequear el empleo. Somos los primeros en saber cuándo hay un trabajador informal”, afirmó el secretario general del Sindicato del Seguro y secretario de prensa de la CGT, Jorge Sola, a Letra P.

Hoy no hay mecanismos que permitan que la justicia laboral informe a la AFIP o al Ministerio de Trabajo que una empresa acaba de acordar una indemnización por personal mal registrado. Ningún organismo recibe esa información para generar nuevas inspecciones y controles, por ejemplo. Con un Estado desconectado, los acuerdos de partes terminan con un pago y una forma legal que dice “sin reconocer hecho o derecho alguno y al solo efecto conciliatorio”. Ahí no pasó nada.

El camino del convenio colectivo

La “reforma laboral” genera desconfianza inmediata en la representación de las personas trabajadoras. “Es un concepto político más que pragmático. Ya lo vimos en el proyecto de (Mauricio) Macri en 2017, donde la propuesta fue la baja de derechos, inclusive los de la propia Ley de Contrato de Trabajo”, señaló Sola.

Hay un sendero abierto. “En los últimos 20 años-, las relaciones entre el capital y el trabajo cambiaron de manera muy abrupta y dinámica. Los gremios adaptaron sus convenios colectivos actividad por actividad, en modo paritario y según lo que la inversión de capital requiere para generar más mano de obra, mejores salarios y mejores condiciones”. Hoy, muchos gremios están iniciando ese camino de renovación de convenios.

Un antecedente, aunque en este caso directamente con la empresa, es el acuerdo que firmó en 1996 el gremio SMATA (mecánica) con la automotriz Toyota: bajo el concepto de “mejores niveles de productividad y el máximo desarrollo personal y profesional del personal”, acordó la polivalencia del personal (intercambio de sectores dentro de la fábrica) según la necesidad productiva de la patronal. Toyota se hizo líder del mercado y sigue creciendo. En SMATA, cuyo titular es Ricardo Pignanelli, prefirieron no hablar sobre del tema.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) marcó un hito en 2000: participar en las ganancias.

En 2017, se firmó la adenda entre el expresidente Macri y las empresas petroleras y sindicatos para adecuar el convenio colectivo del personal relacionado con el yacimiento de petróleo y gas no convencional Vaca Muerta; los gremios del sector lácteo ingresaron nuevas categorías a su convenio y el Sindicato de Carga y Descarga desarrolló un convenio exclusivo para la planta de logística del depósito que tiene Mercado Libre en La Matanza, que habilita turnos fijos y/o rotativos, no contempla horas extras y no fija categorías.

El Sindicato del Seguro y cámaras representativas de las aseguradoras firmaron un acuerdo de naturaleza colectiva: Sola detalló que, en plena pandemia de coronavirus, fue “el primer sector de Latinoamérica que incorporó el teletrabajo en el convenio y no fue una baja de derechos”. “Cada inversión de capital nueva requiere de una dinámica que a veces los convenios colectivos, cerrados en el siglo pasado, no permiten. Por ejemplo, la inclusión de nuevas tecnologías. También solicitamos derechos económicos, bono de productividad, mayor participación, la jornada más corta y mayores licencias. El ámbito de esa negociación debe ser el diálogo paritario para actualizar la relación laboral”, explicó Sola.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) marcó un hito en 2000, cuando modificó el convenio colectivo con la multinacional japonesa Bridgestone. Aceptó una rebaja salarial y consiguió una participación en las ganancias (el 33% del excedente de la ganancia neta libre de impuestos que supere el 6% de la facturación anual). Así lo prevé el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que hasta ahí estaba sin estrenar.

ART, la salud va y viene

Las aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) generan polémica. La privatización del servicio de prevención y atención de la salud de los trabajadores en el gobierno de Menem (Ley 20.557) se estructuró como un gran negocio financiero que maneja los aportes obligatorios de toda la población trabajadora del país.

Hugo Yasky: "Es necesario revisar el sistema de ART de la misma forma que Cristina Kirchner cambió el sistema de las AFJP, porque son puro lucro y perjudican a la parte más débil”.

Para Argentino, de la UIPBA, “el sistema es bueno, pero falta control sobre las ART de parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”. Las ART deben prevenir los accidentes laborales, pero, “con honrosas excepciones, no dan un curso ni de casualidad. Es un negocio que busca maximizar ganancias y, si no se las controla…”. En Chile, por ejemplo, las ART son empresas “mutuas” sin fines de lucro, que se asociaron para brindar salud y protección a sus trabajadores y a sus trabajadoras.

En los últimos años, los sindicatos nacionales comenzaron a crear sus propias aseguradoras de riesgos del trabajo: La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) tiene ART Mutual Rural y SMATA tiene la propia.

Karagozian remarcó que las provincias aún no adhieren a la reinstauración de las comisiones médicas que decretó Macri, que “impide el negocio entre abogados y médicos que inventaban mayores daños a los reales”. Para Yasky, es necesario revisar el sistema de ART “de la misma forma en que Cristina Kirchner cambió el sistema de las AFJP, porque son puro lucro y perjudican a la parte más débil”.

Una ley de empleo joven que no llegó

En su discurso ante la Asamblea Legislativa de 2022, el presidente Alberto Fernández anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley sobre Empleo Joven para facilitar la inserción de esa franja de la población en el mercado de trabajo. El proyecto nunca llegó.

Según el INDEC, en el cuarto trimestre de 2022, la tasa de desocupación promedia un 25% hasta los 29 años. En respuesta a Letra P, Esteban Torre y Manuel Mera, directores de Educación y de Protección Social del CIPPEC), consideraron que “es necesario impulsar un proyecto de Ley de Empleo Joven con incentivos para la contratación en empleos formales privados”, todo en un acuerdo “tripartito entre el sector empresarial, los sindicatos y el Estado”, porque “es fundamental que las personas jóvenes tengan acceso al primer empleo y experiencias formativas en puestos de trabajo”.

Formalizar y sindicalizar la economía popular

El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) llegó a más de 3,4 millones de personas y, en algunas provincias, la economía popular emplea más personas que el sector privado.

Según datos de la CGT, la población económicamente activa -la que potencialmente puede trabajar- alcanza los 22 millones de personas. La mitad, 11 millones, se emplea en los sectores público y privado. El resto es trabajo informal o monotributista y (poco) desempleo. En ese cúmulo de personas se observa una fragmentación de ingresos y de derechos, siempre a la baja. El trabajo asalariado privado se mantiene en alrededor de los seis millones de personas trabajadoras hace siete años, a pesar del crecimiento demográfico.

Para Grabois, “no están en los esquemas de seguridad social y se necesita complemento salarial y una nueva forma de monotributo social para ellas”. Ottaviano detalló que se puede encontrar economía popular dentro del cuentapropismo, profesionales, trabajo asalariado no registrado, economía familiar, trabajo no remunerado y hasta empleadores. “Es un sector informal, pero superintegrado al mercado, aunque de manera informal, sin derechos ni negociación colectiva. En un contexto de inflación alta, eso es un caldo complicado de indexación y precariedad”, dijo el dirigente.

“Hay que institucionalizar la negociación colectiva donde no la hay, formalizar una realidad que son nuevas formas de apropiación del valor del trabajo ajeno, muchas veces disfrazadas de emprendedorismo”, afirmó Ottaviano.

Eso es lo que sucede con la multiplicación del empleo en plataformas de transporte y delivery, donde las personass trabajan en condiciones de precariedad para empresas multinacionales que fijan su salario, bajo, mientras las obligan a ser monotributistas. “Es necesario crear un régimen del trabajador independiente que formalice al cuentapropista y le otorgue derechos laborales, lo haga sujeto de crédito, que lo desprecaricen”, dijo el economista radical Eduardo Levy Yeyati.

Ottaviano marca otra falla en el sistema laboral argentino. “Hay que impedir la tercerización de la producción de tareas que son propias de la actividad núcleo de una empresa”, sostuvo. Sobre esto, Victoria Basualdo y Alejandra Esponda señalan la urgencia de contar con estadísticas y discutir qué hacer con una modalidad que precariza.

Desde la CGT, Sola le da la bienvenida a esa idea. “La economía popular informal -afirmó- tiene un ejercicio de sindicalización muy saludable: cooperativas de trabajo, de las huertas, de los vendedores, deben estar en la CGT porque son laburantes y vinieron para quedarse”. Solá exceptúa en ese conjunto a los programas sociales, un capítulo aparte.

Reducción de la jornada laboral

Sobre la discusión acerca de acortar la jornada laboral -ley 11.544- para generar más puestos de trabajo, el laboralista Ottaviano aseguró que “no solo es factible, sino que es una tendencia que se da de manera estructural”. El promedio de horas trabajadas en la Argentina está entre las 30 y las 38, “bastante menor que el máximo legal (48 horas), pero, mientras no se reduzca, se está favoreciendo una mala distribución del tiempo de trabajo”, agregó Ottaviano y se declaró optimista en esta pelea.

“El máximo legal no se toca”, dejò trascender la Unión Industrial Argentina (UIA). Más prudente, Argentino (UIPBA) afirmó que, “por ahora, los países que aplicaron la reducción tienen un desarrollo industrial menor”.

La reducción de la jornada laboral es, junto con la participación en las ganancias, el cambio en la concepción de la familia tradicional para pensar la organización del trabajo y otros cambios progresivos, parte de la propuesta de Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma).