Para bailar el tango se necesitan dos. Esta vieja frase milonguera es la que guía por estas horas los esfuerzos del Gobierno para acordar con la CGT la reforma laboral. 

Pese a las objeciones planteadas por los abogados de la central sindical, las negociaciones siguen en marcha.   

Las conversaciones no responden tanto a un gesto de republicanismo como sí a la necesidad del oficialismo de llegar al Congreso con un piso de consenso. 

Sucede que, con 25 bancas en el Senado, Cambiemos requiere del voto del peronismo "friendly", que reúne 31 voluntades y es liderado por Miguel Pichetto.

La postura que adopte la CGT es clave para el Gobierno, que ya decodificó el mensaje de Pichetto: la bancada de senadores peronistas no va a acompañar ningún proyecto que no cuente con el aval sindical.

La estrategia sigue los pasos de la Ley de ART. Tras el fracaso de un DNU repentino de Mauricio Macri, el pacto con la central obrera posibilitó el visto bueno del Senado a la norma (que bloquea el acceso del empleado a la Justicia Laboral, con la finalidad de reducir reclamos por accidentes y enfermedades del trabajo). 

Lo mismo se busca con la reforma laboral. En el Ministerio de Trabajo aseguran que solo resta acordar el 10% de los 145 artículos del borrador que contempla:

- Un blanqueo de trabajadores

- La baja de cargas patronales

- El régimen de nuevas pasantías

- Profundos cambios a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)

"Se está avanzando con diálogo y sólo hay diferencias en 14 artículos, que se discutirán en una próxima reunión por ahora sin fecha", afirmaron a iProfesional desde la cartera encabezada por Jorge Triaca.

El secretario de Trabajo, Horacio Pitrau, y el jefe de Gabinete, Ernesto Leguizamón, tomaron nota de las observaciones de la delegación de técnicos sindicales que, previamente, mantuvo un encuentro con sus jefes políticos en UPCN.

En la sede ministerial de Alem al 600, los abogados de la central obrera plantearon "fallas" en algunos aspectos, como el blanqueo de empleados (multas y salario reconocido), la eliminación de párrafos que alteran la doctrina laboral y la revisión de media docena de ítems que impactan en la LCT.

Este último punto es el que genera mayores rispideces y en el que el sindicalismo peronista debe hacer malabares a la hora de negociar, al entender que es una "reforma laboral profunda". 

La discusión contempla:

- La modificación del "ius variandi" (el cambio unilateral de la empresa de las condiciones de trabajo)

- La base de cálculo de la indemnización

- El banco de horas

- La responsabilidad solidaria

"No vi mal la reunión, receptaron los planteos que hicimos y algunas cosas las van a sacar", dijo a iProfesional uno de los seis abogados que integró la comitiva de este martes.

Estuvieron presentes Federico West Ocampo (Sanidad), Alberto Tomassone (Comercio), Marta Pujadas (Construcción), Horacio Ferro (Gastronómicos), Hugo Moyano hijo (Camioneros), Brenda Escobar Alvarez (Panaderos), Pablo Smurra (metalúrgicos) y Enrique Lorenzo.

Con todo, las definiciones clave llegarán este miércoles a las 15, tras la reunión del Consejo Directivo, donde se va a dirimir la interna entre los sectores "duros", que se oponen a flexibilizar el contrato individual, y una mayoría conciliadora, incluido el triunvirato, que lograría imponer su peso.

En las últimas horas, el moyanismo y aliados tensaron la cuerda: mientras Pablo Moyano permanece en el exterior -desde donde envió una amenaza de paro- su hermano Facundo anticipó su voto en contra de la reforma.

Este último apuntó contra la profundización de la "tercerización laboral", la eliminación del pago de horas extras, la ampliación de la jornada y la rebaja de las indemnizaciones, al excluirse del cálculo algunos ítems remunerativos.

En paralelo, el judicial Julio Piumato convocó a una huelga el 15 de este mes, en rechazo a la iniciativa del Gobierno, al considerar que trastoca el régimen laboral del Poder Judicial. 

Es que, entre otros puntos, el proyecto elimina la feria de julio, extiende la jornada a ocho horas, modifica la feria de verano (del 15 de diciembre al 15 de enero, en lugar del 1° al 15 de enero) y restringe las licencias.

Por su parte, el bancario Sergio Palazzo reclamó la convocatoria al Confederal de la CGT para definir un plan de lucha. 

Más moderados, el metalúrgico Francisco Gutiérrez y el conductor de ferrocarriles, Omar Maturano, también abogan por preservar la actual legislación laboral. 

"Si tocan la Ley de Contrato de Trabajo, se va a tener que resolver en el Congreso", advirtieron ambos dirigentes en dialogo con iProfesional.

Aval empresario

Mientras tanto, Triaca y el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunieron con la UIA para afinar el lápiz del paquete de reformas y, dicho sea de paso, para reforzar la impronta dialoguista que buscan darle a sus iniciativas, de cara a la discusión en el Congreso. 

En rigor, la reforma laboral es sólo uno de los puntos de un plan que se aceleró después de las elecciones, cuyo principal objetivo es reducir el déficit fiscal, como lo explicitó Macri.

Las principales críticas del empresariado pasan por la suba de los impuestos internos contemplada en la otra reforma, la tributaria. 

En el plano laboral, en cambio, las compañías ven con buenos ojos el proyecto, que recogió recomendaciones tanto del Grupo de los Seis como  de organismos multilaterales, como FMI y OCDE. 

Las modificaciones a la actual normativa fueron analizadas este martes en una conferencia en el Sheraton de Libertador del grupo TMF, en la que se trazó un diagnóstico alentador de las negociaciones en marcha frente a un auditorio de gerentes y jefes de recursos humanos.

El cambio "fue sorpresivo, porque nadie se lo esperaba, y disruptivo, porque rompe el paradigma de los últimos 15 años", expresó el abogado de empresas, Héctor García.

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La iniciativa, según el especialista, barre con la "restauración" de los beneficios perdidos entre 1976 y 1994 que fuera impulsada por Héctor Recalde.

Entre esos beneficios -ahora bajo la lupa- figuran la restricción del "ius variandi", la ampliación de la irrenunciabilidad de derechos y el indubio pro operario (si hay dudas, la ley siempre debe ser siempre interpretada en favor del trabajador).

El proyecto oficial también buscaría evitar el esquema de la Ley Nacional de Empleo de 1991, que incrementó la tasa de desocupación. Ahora, el Gobierno apunta a "alentar" el trabajo formal y la contratación, si bien esto dependerá en gran medida del repunte de la actividad.

Entre los "claroscuros", los RRHH identifican la baja de cargas patronales en materia previsional para sueldos de hasta $10.000, en línea con el salario mínimo, vital y móvil. 

Si bien en el caso de grandes empresas disminuyen del actual 21% al 19,5% -en un plazo de cinco años- en las Pyme acogidas en el régimen especial suben del 17% al 19%.

La letra chica

Hasta antes de las elecciones, las negociaciones entre partes giraban en torno a un blanqueo y una baja de los aportes con reducción de las indemnizaciones. 

Sin embargo, después del espaldarazo en las urnas, el Ejecutivo reveló un paquete de modificaciones mucho más profundas.

"Hubiera sido imposible discutir todo, por eso se hablaron algunas cosas y otras se incluyeron después", alegaron fuentes del Ministerio de Trabajo.

El combo de reformas se extendió incluso al sistema jubilatorio, con la modificación del índice de movilidad: tal como anticipó iProfesional, el Gobierno quiere atarlo a la inflación y no a la recaudación, como sucede hoy en día.

De lograrlo, el fisco erogaría $100.000 millones menos, lo que daría lugar al mayor ahorro entre todos los cambios planteados (en consecuencia, el menos negociable por el Ejecutivo).

También sumarían fondos la suba relativa de aportes a las Pyme y el blanqueo de empleados que pasarían a contribuir al sistema previsional.

A diferencia de las jubilaciones, la estrategia detrás de la reforma laboral y tributaria es la de un ataque en múltiples frentes con la idea de hacer "pasar" la mayor cantidad de artículos. 

"Siempre el primer cascotazo es el más fuerte para negociar desde una postura más dura", interpretó un abogado de CGT. 

En este marco, la central obrera realizó en la reunión de este martes las siguientes observaciones:

1.- Blanqueo

Según el proyecto oficial, los trabajadores tendrán derecho a computar hasta cinco años de servicios con aportes jubilatorios, calculados sobre un monto mensual de salario mínimo. 

En este punto, la CGT reclama una extensión a siete años y, además, que sea tenido en cuenta el salario de convenio, premios y vacaciones.

También rechaza la reducción de multas a empresas que incumplan con sus obligaciones. 

Hoy día, la sanción es el 25% de las remuneraciones durante el período en que el empleado estuvo en situación irregular, mientras que la reforma la ata al salario mínimo, lo que implica un monto inferior.

2.- Espíritu de la ley

La iniciativa del Gobierno hace referencia a "promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas" y el diálogo social como "vías naturales de "cooperación entre trabajadores y empleadores".

En este punto, la CGT pide borrar esos párrafos. Los asocia a la dictadura militar y, según alertan, modifican la doctrina laboral -sostenida sobre la premisa de la desigualdad entre las partes y la función protectora de la Justicia de los derechos del trabajador- por una concepción "cooperativa".

3.- Ius variandi

El proyecto del Gobierno restringe aquellos casos en que el empleado puede considerarse despedido si la empresa decide cambiarle formas y modalidades del trabajo.

En este punto, el sindicalismo reclama mantener el acceso a la Justicia, ya que el anteproyecto quita la facultad de realizar un amparo judicial.

4.- Indemnización

La iniciativa oficial redefine el concepto de "salario" y excluye beneficiosque la empresa otorga a determinados empleados, como el celular y la prepaga, así como el aguinaldo y vacaciones. 

La central obrera solicita en este ítem incluir el sueldo número 13 y los premios.

5.- Horas extras

Se modifica el artículo 201, al señalar que por convenio colectivo podrá establecerse un banco de horas como mecanismo de compensación, con un máximo de 10 horas diarias por año. 

En este punto, la CGT exige reducir ese "crédito de horas" a tres meses y excluir del régimen al dependiente que realice horas extras.

6.- Responsabilidad solidaria

La iniciativa del Gobierno, limita los reclamos por subcontratación, al excluir distintas actividades a las que considera secundarias.

Entre ellas, limpieza, seguridad, mantenimiento, gastronomía y servicios informáticos. 

Los gremios buscan reducir esa lista.

En este marco, el Gobierno y líderes sindicales avanzan con la reforma laboral. Ambos saben que cada "pequeño" cambio en el texto puede inclinar la balanza en favor de uno u otros. 

La "foto" muestra que ya consensuaron importantes modificaciones. Pero la "película" es larga y el capítulo final se rodará en el Congreso, donde entrarán en escena nuevos actores, con otros intereses.