El gobierno de Javier Milei recibió, y recibe, casi a diario, un pedido incesante de parte de empresarios: que la reforma laboral que se va a discutir en el Congreso de la Nación -ahora presentada por la UCR- tenga un artículo en particular que castigue a aquellos gremios que bloqueen accesos de empresas.

Julio Cordero, el hombre de Techint en la secretaría de Trabajo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, son las vías de comunicación para el reclamo.

Se trata de una solicitud prácticamente a la medida de las protestas del sindicato de Camioneros, que protagonizó varias marchas en puertas de firmas para visibilizar conflictos, pero que no es excluyente, ya que el de los Moyano no es el único gremio que apeló a esta metodología en conflictos puntuales.

Toda esta movida se da en medio de la discusión por la nueva Ley Ómnibus y el paro general de la CGT, que se llevará adelante el 9 de mayo.

El pedido: sanciones y castigos

Los empresarios quieren que en la ley de reforma laboral existan sanciones “ejemplificadoras” para los dirigentes sindicales que perjudiquen “la productividad” y hasta piensan llevarle a Nicolás Posse una propuesta clara y que de una idea de “castigo”.

También habrá reuniones con Julio Cordero, el secretario de Trabajo, un ex Techint con el que mantienen una muy buena sintonía. Cordero, de hecho, ante los suyos, dice que se deben producir cambios y hasta habla de “una metodología que debe revisarse”.

“Los distintos espacios políticos tienen las mismas ideas, esto se está alineando y la necesidad de una mejora laboral es algo que se puso sobre la mesa como un elemento esencial”, afirmó tras el último encuentro entre líderes sindicales y el Gobierno, en una mesa que no impidió la convocatoria al paro.

Rodrigo de Loredo, una de las voces más oficialistas dentro de la UCR que impulsa la reforma laboral.

Puertas adentro, el funcionario del área laboral está obviamente disconforme con el paro anunciado por la central obrera.

Sin embargo, a pesar del desacuerdo con la convocatoria de la CGT, que promete ser multitudinaria, descartó la posibilidad de romper el diálogo en estos momentos. En ese sentido, si el Gobierno abriera paso al avance de una propuesta que limite el derecho a protesta, podría detonar los puentes de contacto que Cordero busca mantener en pie.

La «nueva» reforma laboral

¿Qué dice la reforma laboral que ahora presentó la UCR y tiene el Gobierno en análisis? Del lado sindical marcan algo que saltó a la vista en cuanto el proyecto se hizo público: que en sus lineamientos principales es casi una copia de lo establecido en el DNU 70/2023 que terminó en la Justicia, con un fallo de inconstitucionalidad.

«Hicieron un copy paste sin dedicarle mucho tiempo y modificaron algunas cosas puntuales», expuso al respecto Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

En tanto, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), coincidió en que el contenido del proyecto «es prácticamente una copia del DNU«.

Por eso, primero apuntaron a los problemas de forma que tiene el proyecto introducido por el radicalismo y apoyado -y craneado- por el Gobierno de Javier Milei. «Lo que la UCR pretende es darle legalidad a la aberración jurídica que fue el intento de reforma laboral por un DNU«, señaló Cremonte.

«Es una norma que no está conjugada con los principios rectores generales de la ley, con lo que generará una catarata de juicios por inconstitucionalidades», consideró el abogado laboralista Sergio Omar Rodríguez.

Cambios mínimos

Para el propio Campos, el borrador radical es «muy deficiente en materia de técnica legislativa, al igual que el DNU».

Aunque es casi similar al capítulo laboral del DNU 70/2023, aclaró que hay algún detalle modificado en el nuevo texto que representan mínimas moderaciones positivas respecto del decreto.

Entre ellas, mencionó puntualmente el artículo (ahora ausente en el nuevo proyecto) que habilitaba en los hechos a pymes de hasta cinco trabajadores, a no registrarlos y mantenerlos como monotributistas.

«El borrador no incluye la figura del trabajador independiente con colaboradores -explicó-, que estaba en el DNU y habilitaba la deslaboralización (dejar de aplicar la Ley de Contrato de Trabajo) de aquellas personas que se desempeñan en establecimientos de hasta cinco trabajadores».