Es claro que, en este contexto, nadie tiene el capital político que haría falta arriesgar para negociar con los actores interesados y hacer frente a las probables muestras de descontento. Tampoco el nuevo gobierno podrá hacerlo en lo inmediato.

Hoy, el gobierno se puso como objetivo la reforma laboral que quedara de esta manera postergada por tiempo indefinido. Cualquier pronóstico realista dice que habría que esperar como mínimo hasta 2020 para volver a discutir el tema. Así lo consideró a fines del año pasado Dante Sica, uno de los grandes adalides de la reforma y también un ministro cuya imagen viene creciendo exponencialmente dentro del gabinete nacional.

La perspectiva entonces, es tener una reforma laboral que llegue tarde, o en el peor de los casos demasiado tarde. Nuestro mundo, además de ganar constantemente en complejidad, experimenta cambios cada vez más rápidos. La economía cambia merced a las circunstancias, sin esperar a que estos cambios sean convenientes para la política.

Esta tendencia se verifica al estudiar las cuatro grandes reformas laborales que tuvieron lugar desde 1974 (cuando se creó la Ley de Contrato de Trabajo). Los requisitos del contexto histórico llegaron solo en forma tardía e incompleta a transformarse en legislación. La reforma de Martínez de Hoz en el 76, la flexibilización menemista en el 91, la infame Banelco y el reordenamiento de 2004. Cuatro casos en los que la política llegó con demora a discutir los cambios estructurales necesarios.

En la actualidad, uno de los grandes desafíos viene dado por la emergencia de las llamadas economías colaborativas, representadas por actores tan diversos como Uber, MercadoLibre,Amazon, Ebay, Airbnb, Rappi y Glovo. Estas empresas han creado nuevas oportunidades; sin embargo, también funcionan en un marco totalmente desregulado, que significa una amenaza para otros sectores de la economía.

El potencial disruptivo de estas empresas está en que generan grandes ganancias con escasa o nula responsabilidad impositiva. Mientras las PyMEs deben cumplir con una larga lista de regulaciones, las economías "colaborativas" no realizan aportes por sus empleados, lo que conduce a la precarización y al deterioro del sistema previsional. La única salida para un modelo de empresa tradicional es esquivar las normativas, lo que a su vez lleva al crecimiento del empleo en negro, otro de los grandes temas que preocupan en el frente económico.

La conferencia que celebró la Organización del Trabajo ( OIT) en Ginebra la última semana abordó precisamente este tipo de problemáticas: aumento de la informalidad, desempleo en los jóvenes, cambios tecnológicos y nuevos modelos de empresa. El propio Sica, que encabezó la delegación argentina, volvió a mencionar la necesidad de una reforma para crear nuevos puestos de trabajo.

La participación del ministro en este evento, acompañado por el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, fue sin duda positiva no solo en la medida en que permitió tender puentes con el mundo sino que también sirvió para abordar problemáticas laborales propias del contexto argentino. Sica coincidió y mantuvo conversaciones, entre otros con Gerardo Martínez, líder de la UOCRA; Héctor Daer (ATSA y CGT), Pedro Wasiejko (Secretario Adjunto de CTA de los Trabajadores), Pablo Micheli (Secretario General de la CTA Autónoma) y Guillermo Borelli (del independiente Sindicato de Petroleros de Córdoba).

El contraste queda en evidencia: el mundo ya está haciendo frente al nuevo cambio de paradigma, mientras Argentina todavía debate la necesidad del cambio. El precio a pagar es demasiado alto, ya que no implementar ahora las medidas necesarias nos haría perder oportunidades y ventajas competitivas en el mercado regional y global.

También se hace patente que la reforma necesaria no es únicamente de carácter laboral. A este ritmo, incluso si se la aprueba en 2020 o en 2021, puede que sea una reforma ya anticuada desde su nacimiento. No se trata únicamente de implementar cambios en el mercado de trabajo tal como se lo ha entendido claramente, sino de pensar también una reforma de carácter impositivo.

Hace falta legislar sobre nuevos fenómenos que ya son parte de la vida cotidiana pero que todavía funcionan en un vacío de regulaciones, dar respuesta a las PyMEs y a los trabajadores informales, y sobre todo encarar un programa que de aquí a 20 o 30 años garantice la viabilidad del sistema previsional. La política puede esperar a que el contexto sea el indicado; pero Argentina no puede esperar.

*Consultor en Comunicación Política y Asuntos Públicos