La CGT le encomendó a sus técnicos que analicen un proyecto de reforma del sistema de salud elaborado en 2019 por la Fundación Soberanía Sanitaria, encabezada por Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, porque sospecha que allí están contemplados los cambios que impulsaría el kirchnerismo y que podrían perjudicar a las obras sociales.

Entre las primeras observaciones de los expertos cegetistas figura que el documento contiene “más enunciados de buena voluntad que medidas concretas” y que incluso uno de sus ejes es de muy difícil instrumentación: en sus primeros párrafos propone la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA)”, al que definen como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”.

Sin embargo, prevé que se deberá “consolidar un marco normativo a través de una Ley Nacional de Salud y -en la medida que sea posible- contar con una Nueva Constitución, incorporando a ella la salud como derecho humano y el SNISA como estructura nacional que comprenda a todas jurisdicciones y subsectores”. Es decir, admite que para aplicar esas modificaciones habría que avanzar primero con una reforma constitucional porque, si no, será imposible obligar a las provincias a resignar su autonomía para subordinarse a un sistema “que comprenda a todas las jurisdicciones”.

Más allá de esa dificultad para que se pueda avanzar con la reforma proyectada, si es que ese documento de hace dos años realmente refleja lo que pretende aplicar el Instituto Patria, entre los sindicatos crece la preocupación por la posibilidad de que una iniciativa de ese tipo signifique un intento de apropiarse de los fondos de las obras sociales.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak

Por eso el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), mantuvo este martes un encuentro con 15 dirigentes de distintos gremios que le pidieron que explicara qué hay detrás de los supuestos cambios en el sistema de salud. En la central obrera no hay certezas sobre el plan y hasta ahora sólo hablaron con el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, quien les dijo que no sabía nada. El funcionario ya está recuperado de un infarto que sufrió el 31 de diciembre, el mismo día en el que el Gobierno decretó y anuló el aumento del 7% en las cuotas de las prepagas.

Aun así, algunos sindicalistas se enteraron de que Zanarini y el ministro de Salud, Ginés González García, estuvieron reunidos en las últimas horas con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y varios creen que allí se habló de la tan temida reforma, aunque el creciente temor que existe en las filas gremiales hasta ahora sólo está basado en las definiciones de Cristina Kirchner en un acto en La Plata, realizado el 18 de diciembre, cuando afirmó que “tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.

Para colmo, entre los trascendidos periodísticos sobre la paternidad del plan para modificar el sistema sanitario de la Argentina reapareció el nombre de Luciano Di Césare, un viejo enemigo de la CGT desde que, como titular del PAMI en el último gobierno kirchnerista, se convirtió en el autor de un polémico y frustrado proyecto que implicaba la apropiación de los fondos de las obras sociales por parte del Estado mediante la creación de un nuevo seguro nacional de salud.

El superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini

La desconfianza de la CGT hacia el kirchnerismo viene de aquellos años, en los cuales la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra los fondos de las obras sociales, estaba en manos de una “pingüina” como Liliana Korenfeld, ex funcionaria de Santa Cruz, y el Ministerio de Salud de la Nación estaba encabezado por Daniel Gollán, actual titular del área en la Provincia de Buenos Aires y, además, coordinador de la Comisión de Salud del Instituto Patria.

El que transparentó el malestar hacia Cristina Kirchner fue el líder de la UOM, Antonio Caló: “No estamos enfrentados (con el Gobierno). Avalo a este Presidente, a este gobierno -destacó-. Una cosa es la vicepresidenta. Yo estoy de acuerdo con el Presidente, las opiniones son distintas. El que manda, el que tiene el bastón de mando es el Presidente y yo lo avalo; la señora vicepresidenta, (a la) que le tengo el mayor de los respetos, tendrá que hacer la función legislativa”.

En la CGT, luego de la reunión de este lunes en la que se analizaron las versiones sobre la presunta reforma del sistema de salud, siguen en estado de alerta porque ningún miembro del oficialismo desmintió públicamente la existencia de ese plan. Aunque Alberto Fernández negó la estatización del sector durante su encuentro con Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, el cotitular cegetista Héctor Daer (Sanidad) y el dirigente de mejor llegada al Gobierno, se comprometió ante sus colegas en tramitar una audiencia con el Presidente, el jefe de Gabinete o el ministro de Salud para clarificar la cuestión.

Luciano Di Césare, ex titular del PAMI y autor de un proyecto que inquietó a la CGT

En un documento difundido tras la reunión realizada en UPCN, la central obrera hizo una fuerte defensa de las obras sociales: consideró que “el coronavirus demostró la solidez y nivel cobertura de uno de los sistemas de salud más solidarios del mundo, al tiempo que resultó evidente la necesidad de dotarlo de fondos suficientes para garantizar la salud de todos”. Y advirtió sobre “la necesidad de ampliar el financiamiento genuino que garantice una atención adecuada”.

En un mensaje cuyo destinatario fue el Gobierno, la CGT destacó que “los ingresos de las obras sociales mermaron año a año a medida que se fue deteriorando el poder de compra de los salarios y fueron los propios trabajadores los que, con sus aportes, compensaron las caídas de recaudación y costos extras generados por la pandemia en sus obras sociales sin aportar dinero extra”. “Los derechos inalienables como la salud deben ser defendidos sin banderías políticas”, fue otra de las sugestivas frases del documento cuyo origen fue la inquietud por la presunta reforma del sistema de salud.