El Gobierno avanza en negociaciones sigilosas para relanzar la reforma laboral.

Será el cuarto intento en la gestión de Mauricio Macri, está vez liderado por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien en las últimas semanas sondeó a más de 50 dirigentes sindicales y empresarios de diversas actividades con la intención de tratar el proyecto de blanqueo laboral en marzo en el Congreso.

Una iniciativa que será acompañada de acuerdos en las mesas sectoriales para acelerar la rebaja de aportes patronales, reducir el ausentismo e introducir convenios por empresa, siguiendo el caso testigo de los petroleros de Vaca Muerta.

La idea es aprovechar el inicio de sesiones parlamentarias para debatir en principio uno de los tres proyectos oficiales presentados a fines de abril del año pasado y que apunta a la formalización de unos 300.000 trabajadores mediante la condonación de deudas por aportes y contribuciones patronales junto con las multas por infracciones y la extinción de acciones penales para los empleadores que regularicen la situación de su personal.

“Con lo de reforma laboral no hay cambios. Están los proyectos en el congreso y el ministro quiere insistir con el avance del blanqueo laboral”, confirmaron a iProfesional cerca de Sica.

Además del impacto electoral que el oficialismo busca capitalizar con una ley destinada a combatir la informalidad, el apuro del ministro responde a los cambios que observa en el ánimo de los inversores atraídos cada vez más por la ola de privatizaciones que anunció en las últimas horas el nuevo gobierno de Brasil, presidido por Jair Bolsonaro, y que incluye una profundización de la agresiva reforma laboral iniciada por su antecesor Michel Temer.

Otro factor que acorta los plazos es la asistencia financiera del FMI, que en su último memorándum volvió a insistir en generar consenso para avanzar en cambios laborales y jubilatorios. Hay una motivación adicional: si las empresas se acogen al plan oficial, también subirá la recaudación.

Con esa preocupación en mente, Sica tanteó el terreno el miércoles después de Navidad en una reunión en su cartera con la versión más opositora de las 62 organizaciones, liderada actualmente por el sindicalista del vidrio Horacio Váldes, y en la que fue presentado el flamante secretario de Trabajo, Luciano Fernández Aparicio.

Tal como había adelantado iProfesional semanas atrás, el ministro ratificó la necesidad de avanzar en cambios laborales pero con una estrategia diferente a la de Jorge Triaca, que naufragó a fines del 2017 tras frustrarse el principio de acuerdo con la CGT y chocar luego con el peronismo en el Senado.

“Lo que ustedes conocieron no existe más, ahora vamos a hacer cambios puntuales, no una gran reforma”, se atajó el funcionario.

Lo que se busca, explicó, es facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación de los trabajadores en nuevas tareas. Pero los sindicatos se mostraron recelosos del fenómeno del monotributismo impulsado por las nuevas plataformas de comida rápida y servicios de transporte por considerarlos un fraude laboral, al tiempo que se quejaron por el congelamiento desde 2015 de unos 20.000 expedientes gremiales en la Secretaría de Trabajo, que impiden la certificación de autoridades, el reconocimiento de nuevos sindicatos y la homologación de convenios colectivos.

El anfitrión no se quedó atrás y midió a los visitantes: “Yo sé a cuántos trabajadores representa la CGT, ¿ustedes tienen más o menos de 100.000?”. 

Concluidos los escarceos, el dueño de casa responsabilizó a Triaca por la virtual parálisis administrativa del área laboral que en septiembre dejó de ser un Ministerio, anunció que los trabajadores serán trasladados de la histórica sede de Alem al 650 como de la de Callao 114 a otros edificios, y pidió una “shopping list” para revisar los trámites atrasados a la comitiva integrada por Marcelo Peretta (Farmaceúticos), Rubén Salas (Químicos y Petroqúimicos), Marcelo Pariente (Motoqueros) y Julio Insfrán (Patrones de Cabotaje Marítimo).

Mezclado entre ellos estaba sentado el artífice del encuentro: Alfredo Atanassof, exjefe de Gabinete en la presidencia de Eduardo Duhalde durante la cual Sica ocupó el cargo de secretario de Industria.

Convenios por empresa

La campaña para “modernizar” el sistema laboral también desembarcó a fines de diciembre en la reunión de la mesa metalmecánica, uno de los 23 espacios tripartitos en donde el Gobierno busca acordar cambios en los convenios y la legislación laboral para reducir el ausentismo, limitar los permisos gremiales y habilitar la negociación por empresa, una modalidad que existe solo en grandes compañías de la actividad siderúrgica y automotriz, como Techint y Toyota.

La presentación del Power Point corrió a cargo del secretario de Industria, Fernando Grasso, quien dentro del capítulo laboral incluyó la necesidad de extender la trabada Ley de ART a todas las provincias y la reducción de los “costos laborales no salariales”.

Por la parte sindical, el líder del gremio metalúrgico UOM, Antonio Caló, y el dirigente de la seccional Campana, Abel Furlán, se mostraron preocupados por el cierre de fábricas ante la fuerte caída de la industria y la construcción, que se desplomaron en noviembre un 13,3% y un 15,9% interanual, respectivamente, según el INDEC. Mientras que los empresarios dejaron ver su inquietud por los efectos de la recesión, las elevadas tasas de interés y las retenciones a las exportaciones.

“Sica conoce bien el paño industrial y lo que se planteó en la mesa es modernizar la legislación laboral para ganar nuevos mercados”, aseguró a este medio el gerente de la cámara de Pymes metalúrgicas (CAMIMA), Fernando Ruiz y Blanco. 

Junto a él, estuvieron en la reunión el vicepresidente pyme de UIA, Miguel Ángel Rodríguez; el titular ad hoc de la entidad metalúrgica Adimra, Orlando Castellani; y representantes de las cámaras Cifra (fundidores), Cafor (Forjados), Cadieel (Electrónica), y Bienes de Capital (Cibipic).

La otra mesa en la que se abordó el capítulo laboral fue en la de logística, a donde fueron invitados todos los gremios del sector, excepto el de Camioneros. En un intento por reconstruir los puentes, Aparicio se reunió a solas el 20 de diciembre con el líder del gremio Hugo Moyano y su secretario adjunto, Pablo Moyano, según trascendió en la prensa.

En medio de la salida anunciada de Triaca, Sica inició un nuevo acercamiento con el sindicalismo peronista en noviembre pasado, cuando acordó con la CGT y las principales cámaras empresarias un bono de fin de año y un mecanismo de preaviso para los despidos sin causa, que aún no fue reglamentado como anticipó este medio.

Experto en la economía de Brasil y en contacto con los empresarios que tienen negocios en ese país, el ministro sigue de cerca el plan de Bolsonaro, que se propone avanzar en los primeros seis meses en una segunda reforma laboral, mediante una reducción del costo indemnizatorio para las empresas que contraten nuevos empleados. 

Precisamente, el proyecto de blanqueo laboral del macrismo incluye una reducción de la base de cálculo de la indemnización por despido y un fondo de cese laboral, una suerte de subsidio de desempleo que se alimenta de los aportes patronales pero que excluye del cálculo del despido las horas extras, aguinaldo y otros beneficios no remunerativos

Estos son algunos de los principales puntos que modifican la Ley de Contrato de Trabajo y generan rispideces en los sectores más duros del sindicalismo. Lo mismo ocurre con otro proyecto que reintroduce el sistema de pasantías, mientras que el tercero, por el cual se crea una agencia de evaluación tecnológica médica, es el más aceptado por los gremios.

Pero la relación con la CGT sigue siendo una incógnita. Sus dos titulares elevaron las voz en los últimos días al rechazar la reforma laboral y solicitar la convocatoria urgente del Consejo del Salario Mínimo frente a la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos producto de la inflación.

Uno de los motivos que mantiene vivas las tensiones es el reclamo por los millonarios fondos de las obras sociales retenidos por el Gobierno. Para aquietar las aguas, Sica y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recibieron a una delegación el 11 de diciembre, tal como reveló iProfesional. Los dirigentes se fueron con una advertencia: si no hay señales en las próximas semanas, en febrero irán a la Justicia.