José Mayans, jefe de los senadores del Frente de Todos, y la senadora de su bancada María Teresa González (Formosa) presentaron la propuesta con el objetivo de promocionar la compra desde el Estado de alimentos e insumos alimenticios elaborados y producidos por el sector y fijar parámetros a observar en los procesos de compra de estos productos por parte de la Administración Pública Nacional.

En caso de aprobarse la norma, las jurisdicciones y entidades que adquieran alimentos y/o materias primas para la elaboración de alimentos, deberán prever que en sus respectivos Planes Anuales de Contratación no menos del 30% del crédito anual aprobado para ese rubro de gastos sea destinado a la compra de alimentos y/o materias primas para la elaboración de alimentos abastecidos por agricultores y agricultoras familiares

Según informa la Agencia de Noticias Télam, en su articulado, el proyecto señala que el régimen de preferencias para la compra pública de alimentos e insumos alimenticios provenientes del sector de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena tiene como fin "contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la población".

Además, el proyecto presentado por el Frente de Todos, subraya “Promover la inclusión social de la población rural mediante el apoyo a la comercialización y el fortalecimiento integral de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y sus cooperativas" y destacan la necesidad de "fortalecer el asociativismo y el cooperativismo en el sector".

Contribuir a una adecuada educación alimentaria de la población, mediante la difusión de la calidad nutricional e inocuidad de los alimentos producidos por la agricultura familiar y la promoción de los beneficios de los sistemas de producción agroecológica".

La norma establece también que la Oficina Nacional de Contrataciones difundirá información sobre la reserva de mercado que realicen las distintas unidades operativas de contrataciones. La convocatoria a presentar ofertas contemplarán el envío de invitaciones a por lo menos tres proveedores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar con un mínimo de cinco días hábiles de antelación a la fecha de apertura.

Además, la iniciativa prevé crear el Fondo Nacional para el Régimen de Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Familiar.

El texto fue acompañado por los senadores del FdT María Eugenia Catalfamo (San Luis), Norma Durango (La Pampa), Silvia Sapag (Neuquén), Beatriz Mirkin (Tucumán), Silvina García Larraburu (Río Negro), Ana María Ianni (Santa Cruz), Sergio Leavy (Salta), Antonio Rodas (Chaco), Inés Blas (Catamarca), Cristina López Valverde (San Juan) y Alfredo Luenzo (Chubut).

Las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda, que conducen Alberto Weretilnek (Juntos Somos Rio Negro) y Carlos Caserio (FdT-Córdoba), respectivamente, serán las encargadas de abrir el debate de este proyecto.