Diego Lanese

Potenciados por el aislamiento, desde que se inició la pandemia los repartidores y delivery se volvieron mucho más que un servicio. Todos los días, un verdadero ejército de jóvenes y no tanto salen con sus motos y vehículos para garantizar que locales gastronómicos, de indumentaria y de productos de todo tipo puedan seguir trabajando. Pero estos trabajadores, en especial aquellos que son parte de las aplicaciones de entregas a domicilio, son uno de los sectores más precarizados. Cobran en negro, no tiene elementos de seguridad ni de higiene y cobran salarios muy bajos. Además, en los últimos tiempos, se le suma el aumento de la inseguridad, que en alunas zonas se ensañó especialmente con ellos, por lo que reclaman medidas. En los últimos tiempos, el sector buscó organizarse gremialmente, en especial desde la creación de la llamada Asociación de Personal de Plataformas (APP) a fines del 2018.

En este sentido, los empelados piden una ley que regule la actividad, pero hasta el momento los proyectos no avanzaron, salvo el de la Ciudad de Buenos Aires, que fue rechazado por los propios trabajadores y las centrales obreras. Lo que si avanza es una normativa para lo que las aplicaciones les cobra a los comercios, que creció exponencialmente en esta pandemia.

Los repartidores crecieron de la mano del aislamiento social y las modalidades de entrega a domicilio que adoptaron muchos de los sectores. De esta forma, estos trabajadores –considerados esenciales desde el inicio de la crisis –fueron visibilizados, en sus tareas y sobre todo en sus demandas. En el país hay siete empresas internacionales que operan a través de aplicaciones de celulares, para las cuales trabaja el grueso de los empleados.

Desde el inicio de la pandemia comenzaron los reclamos por mejores condiciones de trabajo, un pedido que lleva años, al que se sumó el de mayor seguridad, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde la actual situación expandió su llegada. La semana pasada, los repartidos realizaron dos protestas, una en la localidad de Remedios de Escalada, en Lanús, y la otra en Lomas de Zamora, donde denunciaron los “constantes robos que sufren”.

“Protestamos porque no podemos trabajar, todos los días hay robos, nos prometieron más seguridad pero no pasó nada. Es muy difícil salir todos los días a la calle en estas condiciones”, sostuvo Juan Barbetta, repartidor que participó de los reclamos. En diálogo con Gestión Sindical, el trabajador dijo que “hubo una respuesta parcial, prometieron un plan de patrullaje, pero se implementó un día o dos”.

Barbetta contó que a él lo robaron hace unos días, y le sacaron los elementos de trabajo. Es que la nueva modalidad de los delincuentes es hacerse pasar por repartidores para circular sin levantar sospecha.

Desde lo gremial, los repartidores vienen trabajando para organizarse en busca de mejores condiciones laborales. Desde fines del 2018 se lanzó la Asociación de Personal de Plataformas (APP), que intentó organizar a los cerca de 20 mil trabajadores del sector en la Ciudad de Buenos Aires. Con un pliego de reivindicaciones muy amplio, fue el primer intento de llevar adelante una regularización de un sector golpeado por la precariedad de los nuevos tiempos laborales.

Estos casi dos años de trabajo, lograron algunos avances, pero no terminan de conseguir una ley que regule el sector. Sólo la legislatura porteña aprobó una ley para los repartidores de app, pero curiosamente fue rechazada por los empleados. Allí quedó expuesta una fuerte interna entre los repartidores y la Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), organizaciones popularmente conocida como los “motoqueros”, que están dentro de la CGT.

Durante la pandemia, el gremio que conduce Marcelo Pariente no se sumó a los cuatro paros internacionales del sector, e incluso desconocieron la medida de fuerza. Esto profundizó las diferencias entre el ASIMM –con personería gremial- y las APP, y su versión nacional la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto (ATR).

En la provincia de Buenos Aires, esta disputa está lejos de los repartidores. Como le dijo a Gestión Sindical un repartidor que forma parte de uno de los grupos que se están organizando en el sur del, conurbano bonaerense “ninguno quiere tener un sindicato”. “Queremos seguir como estamos, trabajando de esta manera y representándonos entre nosotros».

«Ese es el acuerdo que tenemos desde que comenzaron las protestas, nos juntamos para pedir más seguridad o para ayudarnos entre nosotros, esa es la idea”, agregó el repartidor, que prefirió dar su testimonio en anonimato.

Es que la pelea sindical que comenzó en la Ciudad de Buenos Aires podría llegar a territorio bonaerense, y los grupos que organizan los cortes realizados por seguridad quieren evitar involucrarse. En las marchas de Lanús y Lomas de Zamora estuvieron representantes de la Asociación Civil de Repartidores Independientes, que nació en diciembre de 2019 en La Plata, y que busca volverse en una alternativa ante la pelea porteña. Si bien el fuerte de esta entidad es la capital provincial y su región, quieren llevar su modelo a otras zonas. Ellos aclaran cuando se presentan que no son un sindicato, pero piden casi lo mismo: seguro social y de vida, cobertura por accidente y otros beneficios.

El vacío legal por el momento no está en discusión en la legislatura bonaerense. Si un secundario que trajo el aumento de las actividades de las aplicaciones: lo que cobran a los locales que reparten. Esta semana, desde el bloque de Diputados de juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley que apunta a determinar “un criterio legal de regulación para esta prolífica actividad, sin convalidar excesos ni abusos”.

La propuesta lleva la firma del legislador Daniel Lipovetzky y se encuentra en análisis en las comisiones de Legislación General y Presupuesto, y entre otros puntos establece “un tope del 20 por ciento a las comisiones de las apps de delivery y un plazo máximo de diez días para el pago a los comerciantes”.

También genera una inmediata obligación a las plataformas que prestan servicios a implementar un canal de reclamos más accesible y de rápida solución. El proyecto establece, además, que las plataformas sumen una forma telefónica o digital sencilla para tramitar quejas e impone un plazo de hasta diez días para que las mismas acrediten el concepto de los pagos a los comercios.