En el documento difundido por la redes de la Federación, destacaron que “la acusación de extorsión en el contexto de una medida de trabajo a reglamento es una interpretación errónea y dañina de la naturaleza de las acciones sindicales”. Así, la ITF, que ya había emitido en el día de ayer un comunicado referido al conflicto, volvió a respaldar al líder sindical Pablo Moyano ante la profundización del mismo.

En este sentido, señalaron que los recolectores de residuos, al adoptar medidas sindicales, ejercen su derecho a protestar de manera pacífica y ordenada, buscando llamar la atención sobre sus demandas legítimas. “Esta acción es una manifestación de su descontento y un intento de iniciar un diálogo con los empleadores para mejorar su situación”, añadieron.

En la misma línea, Edgar Díaz, Secretario Regional de la Federación, sostuvo que la denuncia penal por extorsión del diputado de la coalición cívica en contra de Pablo Moyano “representa un grave atentado contra los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. La criminalización de las medidas de protesta de los gremios es un hecho alarmante, ya que puede constituir un avance peligroso hacia la persecución y al totalitarismo”.

Asimismo, Díaz reconoció la importancia histórica de los derechos a la protesta y a la huelga, ya que “son piedras angulares de la democracia y de las relaciones laborales justas, protegidas por la Constitución Nacional Argentina en su artículo 14bis, así como por la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley de Contrato de Trabajo”. En este sentido, afirmó que estos derechos son herramientas legítimas que los trabajadores y trabajadoras utilizan para negociar mejores condiciones laborales y defender sus derechos.

“Los actores sociales, incluyendo los empleadores y el estado, deben respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en lugar de criminalizarlos”, agregó.

Derecho a la protesta

Al respecto, desde la ITF advirtieron que la acusación contra Pablo Moyano desconoce una serie de pactos y convenios históricos que resguardan el derecho a la protesta. “La denuncia no solo desvirtúa la esencia de las acciones sindicales, sino que también ignora el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, así como los convenios fundamentales de la OIT que la República Argentina ha ratificado, en particular el C87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) y el C98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949)”.

Así, afirmaron que estos convenios “establecen claramente el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse, protestar y negociar colectivamente sin temor a represalias o criminalización. La denuncia del diputado Del Gaiso quebranta estos convenios y afecta directamente la capacidad de los trabajadores y trabajadoras para organizarse, protestar y negociar colectivamente, socavando así la libertad sindical y la negociación colectiva”.

Para finalizar, señalaron que intentar llevar la protesta gremial al ámbito penal es un ataque injustificado a la actividad sindical y que los empleadores y el estado deben “reconocer y respetar el papel crucial de los sindicatos” en la promoción de condiciones de trabajo y en la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. “Es imperativo defender y proteger los derechos de los trabajadores a organizarse, protestar y negociar colectivamente sin temor a represalias. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa, donde los derechos laborales sean verdaderamente respetados y promovidos”, concluyeron.