Por Juan Manuel Barca.

La CGT recibió con entusiasmo el aumento salarial por decreto con un piso de $4.000 resuelto por el Gobierno. Previo a la oficialización del "incremento solidario", la cúpula de la central obrera ya estaba al tanto hoy del contenido de la medida. Y en las últimas horas empezó a mostrar su optimismo.

"Para todos los trabajadores es una gran noticia, hay que percibirla y seguir negociando para superar el peor año económica, es un buen punto de inicio", dijo a iProfesional Federico West Ocampo, representante legal de Héctor Daer, el cotitular de la central obrera.

Después de fuertes tironeos con los empresarios, el Ejecutivo otorgará un pago de $3.000 en enero y $1.000 en febrero para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, lo que totaliza un aumento de $3.300 con los descuentos. La semana que viene, según pudo saber este medio, se formalizarán las mismas sumas para los empleados de la administración pública, que las cobrarán en febrero y marzo.

En la central obrera reconocen que el monto mínimo resultó inferior a lo esperado. El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, había hecho circular la posibilidad de que el mismo oscilara entre los $6.000 y $9.000. Pero se mostraron conformes con la decisión oficial ya que los salarios de $20.000 recibirán un aumento superior al 15% y las escalas medias un 10%. Según los cálculos que hacen en Azopardo, la suba representa la mitad de la pérdida salarial de la mayoría de los trabajadores.

"Para empezar a negociar en marzo, no es un mal piso. Ahora si vas a salarios mayores, el anticipo se queda corto, pero lo pueden soportar", explicó un asesor de un gremio industrial alineado con Alberto Fernández. El decreto establece a su vez que el incremento deberá ser absorbido por las futuras negociaciones salariales. Un "adelanto" que en la cúpula sindical es leído como una apertura de hecho de las paritarias y "sin condicionamientos", a la vez que "compromete" a los empresarios a pagar un ajuste salarial de antemano.

El clima de optimismo en la central obrera contrastó con las señales de tensión que proliferaron en las últimas horas entre el Gobierno y Hugo Moyano. El camionero fue el único dirigente que salió a pedir a través de un comunicado "paritarias libres", en un cuestionamiento al nuevo esquema salarial. Previamente, el sindicalista había pedido un aumento semestral del 33%, muy alejado de las expectativas oficiales. La advertencia de Fernández de "no hacer pedidos desmedidos" habría estado dirigida a Moyano.

Lo cierto es que las diferencias van más allá de cuestiones salariales. Moyano reconoció públicamente su malestar por la designación del ministro de Transporte, Mario Meoni, y el desplazamiento del abogado Guillermo López del Punta, a quien el camionero promovía cómo número dos de la cartera. Tampoco logró ubicar a ningún allegado en el Enacom, el ente regulador de las comunicaciones con incidencia en el correo privado OCA. La discusión del "incremento solidario" no hizo más que adelantar la interna en la CGT.

Advertencias empresariales

En el campo del empresariado, también quedaron heridos por el decreto. Para reducir los daños, el Gobierno se encargó de recibir a todos los sectores: se reunió con el Grupo de los Seis, ADIMRA y las entidades pymes más afines en los últimos días. A raíz de las negociaciones, el aumento excluyó para el cálculo los adicionales salariales previstos en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento un criterio distinto mediante negociación colectiva.

Pero en las últimas horas empezaron a escucharse algunas quejas sobre su impacto en las empresas más chicas. Aunque el decreto contempla la eximición del pago de las cargas patronales, desde la Cámara de la Construcción señalaron que la suma "es necesaria para los trabajadores pero muchas empresas en especial pymes no sé si lo van a poder pagar".

Desde la Cámara de Comercio, en cambio, consideraron que el ajuste salarial es "necesario" para recomponer los ingresos y que se reunirán el lunes para evaluar el alcance de la medida.

En sus fundamentos, el texto oficial afirma que "la crisis económica que atraviesa nuestro país ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios perjudicando a los trabajadores y a las trabajadoras, acentuando así aún más la grave crisis incremento un criterio distinto mediante negociación colectiva".

En ese contexto, el Gobierno decidió disponer en forma obligatoria incrementos salariales mínimos en el sector privado y la exención de cargas tributarias, dos facultades que le fueron delegadas por la Ley de Solidaridad aprobada el 20 de diciembre pasado.