El caso que dio origen al fallo fue "Acevedo, Eva María c/ Manufactura Textil San Justo s/ quiebra". Hasta ahora, la jurisprudencia argentina reconocía que, en situaciones de insolvencia, los créditos de los trabajadores debían ser saldados antes que las deudas del empleador con el Estado, en línea con el Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, el máximo tribunal consideró que, debido a que el Poder Ejecutivo nunca ratificó formalmente el convenio —pese a su aprobación legislativa en 1993—, este no tiene vigencia efectiva en el país.

La resolución de la Corte, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, implica que a partir de ahora el Estado podrá cobrar antes que los trabajadores despedidos en un concurso o quiebra empresarial.

Desde el sindicalismo y sectores políticos ligados al trabajo expresaron su preocupación por el impacto de esta medida. "Es un fallo político, no técnico", denunció el senador Mariano Recalde, quien advirtió que se trata de "un retroceso inadmisible" en la protección de los derechos laborales.

Recalde recordó que el Convenio 173 de la OIT establece explícitamente la prioridad de los créditos laborales sobre otros reclamos, incluidos los del Estado. También señaló que durante más de tres décadas la Justicia argentina interpretó que ese principio estaba vigente, en sintonía con la protección constitucional del trabajo.

Con este fallo, se abre un debate sobre la necesidad de avanzar en la ratificación formal del Convenio 173 y en la defensa de los derechos laborales frente a cambios que, advierten especialistas, podrían agravar la situación de vulnerabilidad de miles de trabajadores ante futuras quiebras empresariales.