Ahora, los sindicalistas que integran el sindicato que conduce Hugo Moyano podrían ser enviados a la cárcel ante el temor de que se fuguen.

La decisión fue firmada por los Jueces Eduardo Alfredo Alomar, Guillermo Martínez y Alberto Antonio Moreno, y determinó se dicte un nuevo fallo para determinar el futuro de los gremialistas Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además es Concejal del Frente de Todos.

"Estimo justa y apropiada la ponderación efectuada por el Juez a tenor de los elementos plurales y heterogéneos que brinda la encuesta preliminar para acreditar la probable intervención que les cupo a los consortes procesales", dijo el Juez Alomar, coincidiendo sus otros dos colegas.

Los fundamentos de la resolución judicial

El Juez Alomar entendió además que, “hay necesidad de adoptar la más grave de las medidas de coerción (el encarcelamiento preventivo en una locación penitenciaria) por existir peligro de frustración de los fines del proceso". Señaló que, “los hechos permiten presumir la concertada intervención de miembros encumbrados de una organización sindical que al amparo de razones gremiales torcieron su rumbo mediante reiteradas acciones ilícitas en perjuicio de la actividad comercial de una empresa privada".

Sostuvo que, “esa hipótesis delictiva que agravan sensiblemente los montos de las penas a imponer en caso de condena, lo que implica que deberían quedar presos y esto permite presumir que, de hallarse en libertad en éste proceso, podrían fugarse". El juez Martínez compartió su opinión, y su colega Moreno remarcó que, "ante tal fuerza probatoria que emana de dichas constancias, desarrolladas por los pronunciamientos aludidos se impone a confirmar la prisión preventiva de ambos coencausados, porque basta la probabilidad de la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad penal que le corresponde al imputado". Así, por unanimidad, anularon la medida de arresto domiciliario.

Rechazaron así la apelación de los gremialistas, confirmaron la prisión preventiva de Cabaleyro y Espíndola por los delitos de turbación de la posesión -dos hechos-, coacción en grado de tentativa -dos hechos-, extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa. Y además dispusieron la nulidad del arresto domiciliario de ambos para devolver el caso al Juez de Primera Instancia que dicte una nueva sentencia.

Ambos en la práctica nunca salieron de la Delegación policial de San Nicolás, donde están detenidos a la espera de una decisión definitiva sobre su situación.

La acusación

Cabaleyro y Espíndola están acusados de extorsión y coacción. La Abogada de la empresa es Florencia Arietto, que asesoró a Patrica Bullrich en el Ministerio de Seguridad y participa del armado político de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Arietto, además, conoce a los Moyano porque fue Jefa de Seguridad del Club Atlético Independiente antes de la llegada a la presidencia del jefe camionero.

La empresa de San Pedro que fue bloqueada es una distribuidora de productos alimenticios, que pertenece a Ricardo Rey, tiene unos 35 empleados. El conflicto se originó cuando el sindicato le exigió pasar a los 35 empleados al convenio 40/89 y los gremialistas supuestamente les reclamaron dinero.

El empresario hizo algunos pagos, pero luego la compañía sancionó a un Delegado gremial y se agravó el conflicto. Los empresarios dejaron de pagar e hicieron una denuncia por extorsión que ahora desembocó en estas detenciones. La denuncia fue tramitada e investigada por la Fiscalía Nº 7 de San Nicolás, a cargo de María del Valle Viviani.