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JAVIER SLUCKI

El Gobierno repite frecuentemente que la aprobación de la Ley Bases es un punto clave en el perseguido camino hacia el déficit cero. Sin embargo, no ahonda en quiénes son los que pagarían el eventual superávit que se busca con este proyecto que comienza a debatirse, por segunda vez, hoy en Diputados: mientras que la reimplantación del impuesto a las Ganancias permitiría recaudar medio punto más del PBI, la baja de la alícuota en Bienes Personales implicaría perder más de la mitad de esos recursos extra.

"Mantenemos nuestro compromiso de equilibrar las cuentas fiscales, de alcanzar el déficit cero", había dicho el ministro de Economía, Luis Caputo, al retirar el capítulo fiscal de la primera Ley Bases, a fines de enero pasado. Se trata de un reconocimiento oficial de que sin ley ómnibus el ajuste que recaiga sobre la gente sería más feroz, tal como se vio a partir de febrero, por ejemplo, con la eliminación de fondos compensadores para las provincias en materia de transporte o educación.

Aun así, la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal tampoco supondría un giro de 180 grados sobre ese escenario, ya que buena parte del extra que se recaudaría por Ganancias se perdería en las reformas al impuesto a los Bienes Personales.

Así lo revela el informe que elaboró la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en los últimos días, en la previa del debate parlamentario en la Cámara baja. Según detalló, el restablecimiento del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría (salarios) permitiría una recaudación de 0,5% más del PBI tomando el diferencial contra la situación hoy vigente.

Es la consecuencia de que aproximadamente un millón de trabajadores vuelvan a pagar el impuesto, eliminado por impulso de Sergio Massa en septiembre del año pasado. Si bien este tributo tiene un destacable fin redistributivo, la polémica con el actual proyecto surgió alrededor del mínimo no imponible y el modo de actualización. 

Mientras que hoy el piso para tributar Ganancias se encuentra en unos 3 millones de pesos (equivalente a 15 salarios mínimos), el paquete fiscal lo baja de hecho a 1,8 millones de pesos brutos. Pero, además, establece una actualización semestral, por lo que resulta probable que muchos gremios, de continuar con paritarias bimestrales o mensuales, pasen ese techo antes. Todo dependerá el ritmo al que siga desacelerando la inflación tras alcanzar la deseada baja a un dígito.

Pero, al mismo tiempo que el Estado podrá recaudar 0,5% más del PBI por Ganancias, perderá un 0,33% del PBI por la reducción de las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales solo en 2024, agrega el mismo informe de la OPC. Casi la mitad del 0,68% del PBI que recauda actualmente este tributo. Dado que la quita de las alícuotas va avanzando progresivamente, para 2027 se espera que la recaudación perdida sea de 0,61% del PBI actual.

El impuesto a los Bienes Personales alcanza únicamente a quienes tengan, a 2023, un patrimonio mayor a 27 millones de pesos, sin contar inmuebles destinados a vivienda (valuados en menos de 136 millones de pesos).

El impacto de los cambios en el monotributo y el blanqueo

En paralelo, otras medidas centrales del paquete fiscal tienen un impacto recaudatorio menor. Las modificaciones de las escalas del monotributo implicaría solo un alza en la recaudación del 0,07% del PBI, según la OPC, mientras que el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles implicaría una caída recaudatoria del 0,016% del PBI.

La incógnita se ciñe sobre el impacto del blanqueo, ya que la OPC aclara que no es posible anticipar cuántos contribuyentes lo aprovecharán y en qué magnitud. A modo de antecedente, el blanqueo que lanzó Macri en 2016 permitió una percepción extra de 1,8% del PBI, pero con condiciones diferentes al previsto en el proyecto actual, por lo que no es del todo comparable, agrega el mismo informe.

Con todo, la mayor parte del impacto fiscal está en la Ley Bases propiamente dicha. Un informe de la consultora Empiria estimó que, entre Ley Bases y paquete fiscal, el impacto final sería de un 0,7% del PBI. Los cálculos de la OPC permiten deducir que, sin contar el blanqueo, el impacto del paquete fiscal en sí es de aproximadamente 0,2% del PBI.

En pocas palabras, casi la mitad de ese esfuerzo fiscal que el Gobierno le pide a la población mediante el ajuste de la Ley Bases y el paquete fiscal se va en un alivio al estrato más rico de la población a través de la baja en Bienes Personales.

No es casualidad. De hecho, la alternativa para alcanzar el superávit fiscal con recortes al segmento más pudiente de la población se encuentra a mano: en la separata con el gasto tributario elaborada por el Ministerio de Economía cuando este estaba a cargo de Sergio Massa, que fue enviada como anexo al Presupuesto 2024 que, por la derrota electoral, nunca llegó a ser votado.

Allí, se especificaba que el gasto tributario total (lo que el Estado deja de percibir por exenciones impositivas a diversos sectores) es de 2,34% del PBI. Pero, aún más, 0,93% del PBI es "consumido" en beneficios fiscales para tres sectores claramente privilegiados.

Se trata de la exención del impuesto a las ganancias para los jueces nombrados previo a 2017 (con un impacto de 0,16% del PBI), la exención de IVA para CEOs (0,29% del PBI) y la exención de Bienes Personales para inmuebles rurales (0,48% del PBI).