Por Pablo Maradei.

El Gobierno de Javier Milei recicló un viejo anhelo de Federico Sturzenegger: limpiar de las boletas de servicios los cargos municipales. Desde este miércoles es un hecho debido a la resolución 267-2024 de la secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía que «las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor». 

A contramano, Rubén «Cholo» García de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) dijo a InfoGremiales que esa decisión «es inconstitucional» y que están estudiando la arquitectura jurídica para iniciar acciones. Los municipios, por lo sondeado, seguirán por ese andarivel. 

En particular, la situación de los empleados municipales bonaerenses es una muestra de lo que le pasa a estos trabajadores a nivel nacional: sufren la fuerte caída del salario. En el caso de la provincia de Buenos Aires, «el 80% no cubre la canasta básica alimentaria de 950.000 pesos«, se queja García. Y agrega: «Tenemos el 50% de los trabajadores en negro». Completa: «Es claro que de avanzar en esto habrá una merma en la recaudación municipal con un impacto en los salarios de nuestros trabajadores».

En ese sentido contó una novedad: «Le pedimos al gobernador Kicillof que por ley 14.656 convoque al Consejo provincial en carácter de urgencia; aunque no es que maneje las paritarias ese Consejo», pero sí bajo su órbita están «las relaciones de empleo público de los trabajadores de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires». 

FESIMUBO participó de la movilización que organizaron los gremios y la CGT para rechazar el veto del Gobierno a la nueva ley de jubilaciones.