Por: María Ester Romero.

En la edición del domingo pasado, PERFIL CÓRDOBA publicó en exclusiva el ofrecimiento que formalizaron directivos del gremio Surrbac, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, de US$ 750 mil a cambio del sobreseimiento definitivo por los delitos de defraudación, usura y asociación ilícita. Ese monto se suma a las propuestas de otros cinco acusados en la misma causa que permite alcanzar la cifra total de US$ 814 mil.

El jueves 10 de octubre los acusados presentes en la sala ratificaron las ofertas que habían hecho sus abogados defensores. La cifra que se comprometieron a pagar Saillén y Catrambone sería distribuida del siguiente modo: US$ 70 mil para el gremio que, aún intervenido, ellos siguen manejando; US$ 30 mil para Venancio Ferreyra, el querellante particular, y los US$ 650 mil restantes para una entidad de bien público.

Este medio intentó conocer cómo se determinaron las cifras. La reparación al sindicato procura resarcir las arcas gremiales mal administradas, mientras que la referida al querellante particular formó parte de una negociación con él. Lo que es imposible de saber es cómo se calculó la mayor oferta, de US$ 650 mil.

Según distintas fuentes, este tipo de cifras –que representan una reparación social porque los delitos afectan a la fe pública– no tienen relación directa con los perjuicios causados, son discutidas en negociaciones entre los operadores judiciales y deben representar una magnitud acorde a lo que la sociedad percibe como daño causado por las personas investigadas. En síntesis, lo que se instala en el imaginario popular.

El próximo martes, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) iba a comunicar si acepta o no los ofrecimientos, pero la decisión se postergó hasta el 29 de octubre. Si rechaza la propuesta abrirá el debate público y oral en contra de todos los acusados. Para los conocedores de los movimientos judiciales, la decisión de postergar una semana más la comunicación del fallo permite presumir que no hay una posición prevalente entre los tres miembros del tribunal.

Por lo pronto, el vocal José Fabián Asís en un juicio similar cuestionó la aplicación de una medida alternativa como la reparación integral del daño en casos penales económicos de complejidad, similares a la causa Surrbac. Es casi seguro que también en este caso se opondrá al ofrecimiento.

Queda por develar qué actitud tomarán los otros dos jueces, el presidente Jaime Díaz Gavier y el vocal Julián Falcucci. Hay quienes interpretan que, si la balanza se hubiera inclinado por el rechazo, el juicio podría haber comenzado el martes pasado, 15 de octubre, fecha que oportunamente se fijó para iniciar el debate. Son todas especulaciones que se dilucidarán en nueve días.

El ofrecimiento se enmarca en una solución alternativa de conflictos prevista por el Código Penal. A cambio del pago, los acusados obtienen el perdón definitivo, ya que no es un juicio abreviado con confesión de delitos. La consecuencia es la suspensión de la acción penal por lo que no acumularán antecedentes penales computables.

Al margen, queda una parte del expediente en instrucción contra Saillén y Catrambone por presunto lavado de activos. Catrambone también está en la lista de un futuro juicio contra exdirectivos de Crese y tiene abiertas investigaciones en la justicia provincial.

Crese: la foto de funcionarios y sindicalistas que no fue

En diciembre del año pasado, el TOF1 había decidido acumular dos expedientes y realizar un único juicio por “conexidad subjetiva”. Reuniría a los imputados en el caso Surrbac –ya mencionado– y a exfuncionarios de la empresa municipal Crese (Córdoba Recicla Sociedad del Estado) durante la gestión del intendente Ramón Javier Mestre. Entre ambas causas, hay un total de 18 acusados.

CRESE. Hay 11 exfuncionarios municipales acusados que zafaron de la foto con el Surrbac. Esperan fecha de juicio en el TOF1.

La foto de sindicalistas y exfuncionarios habría sido el retrato evidente de la connivencia dolosa entre dos patas del negocio de la basura, uno de los servicios esenciales que presta el municipio y que mueve miles de millones de pesos por año.

Pero finalmente se dio marcha atrás. Por solicitudes de pruebas en la preparación del juicio el TOF1 fijó fecha para juzgar a los dirigentes del Surrbac y dejó pendiente –sin un cronograma definido– a los funcionarios públicos. La foto que no fue.

En la causa Crese el listado de acusados se compone por los extitulares de la Crese, Alberto Luis Castagno y Norberto Bergami; los exdirectivos del área técnica de la empresa, Oreste Daniel Godino y Aldo Walter Vargas; el exdirector administrativo, Enrique Imberti Figueroa; el exdirector obrero, Pascual Catrambone –presente también en el proceso del Surrbac–; los hermanos Cristian Eduardo e Ignacio Guillermo Herrera; la esposa del primero, Micaela Schornig, y Carlos César Bonaldi y Gerardo Cuevas Lescano.

Todos acusados por asociación ilícita fiscal, evasión agravada tributaria y defraudación por administración fraudulenta.

Cotreco, paralizada sin definición desde hace un año

Mejor suerte parecen tener los directivos de la empresa Cotreco, una de las adjudicatarias del servicio de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba.

El 16 de noviembre del año pasado, el fiscal federal Maximiliano Hairabedián firmó una resolución –subrogando la Fiscalía Federal 1– donde instó el procesamiento de Horacio Fabián Busso; Marcelo Elvio Debernardo; Flavio Néstor Cavallieri; David Emanuel Druetta; Jorge Héctor Pereyra Córdoba; Diego Gustavo Pella r in; Juan Martín Pasquali; Omar Bernardo Bottoso; Carlos Vaquero; Iván Raúl Vaquero, y Mario Severo Garzón.

COTRECO. La Fiscalía instó procesamientos en noviembre del año pasado. En 11 meses no se define la situación procesal de los directivos de la firma, encabezada por Horacio Busso.

En la causa se investiga una presunta asociación ilícita para cometer evasión impositiva, apropiación de recursos de la seguridad social, apropiación de tributos, insolvencia fiscal fraudulenta, quiebra fraudulenta y, además, lavado de activos.

Desde entonces –ya pasaron 11 meses– el Juzgado Federal 1 no resolvió aún la situación procesal de las personas mencionadas. No sería de extrañar que presenten certificados de pagos de deuda para solicitar el sobreseimiento definitivo y solicitar el cierre de la investigación.