El gremio de la Sanidad alertó sobre la negativa de pagar el bono de fin de año que otorgó el Gobierno en clínicas de la provincia de Buenos Aires, que hasta ahora incumplieron el plazo para abonar esos 24 mil pesos, y podría recurrir a la Justicia para frenarlo.

La entidad que nuclea a los sanatorios privados bonaerense asegura que no tiene margen para abonar este adicional a sus trabajadores, y seguirá el camino iniciado en Córdoba, donde ya se judicializó el bono.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) recalcaron que el bono «deben pagarlo como sea» y no descartan medidas de fuerza de mantenerse en el tiempo. En todo el país, las seccionales del sindicato que lidera uno de los conductores de la CGT, Héctor Daer, comenzó a recolectar información sobre el cumplimiento del pago, para tomar medidas al respecto.

La situación podría terminar con un conflicto, pero además podría tener un efecto adicional: una de las formas para resolver el tema el valor del bono podría trasladarse a la cuota de las prepagas.

Desde la seccional Buenos Aires de ATSA están «en alerta» por la decisión de las clínicas de no pagar el bono. Hasta este lunes, no se habían abonado los 14 mil pesos, bajo los argumentos que el sector está «al límite de su capacidad». Por eso, la dirigencia de sanidad monitorea «minuto a minuto» lo que pasa en todo el territorio bonaerense.

«No se pagó hasta ahora, el Ministerio de Trabajo dio como plazo el 2022, por eso ya están incumpliendo», dijo un dirigente de ATSA, ante la consulta de Gestión Sindical. En este sentido, el dirigente del conurbano bonaerense remarcó que espera que las empresas «recapaciten y no nos lleven a un conflicto en los primeros días del año».

ATSA está haciendo seguimientos en los establecimientos para conocer la situación del pago de este adicional. «No se está pagando y esos nos preocupa, veremos cómo sigue el trascurso de la semana», dijo el mismo dirigente.

En todo el país, la situación es similar. Las clínicas en Córdoba fueron una de las primeras en adelantar que no están en condiciones de pagar el bono de 14 mil pesos, que le corresponde a trabajadores privados que ganen hasta 185.859 pesos, y que debía abonarse antes del 31 de diciembre del año pasado.

«Es obligación del empresario pagarlo y el trabajador que no lo reciba debe comunicarse con el sindicato y nosotros haremos las acciones correspondientes para que se le pague», remarcaron por ejemplo desde ASTA Entre Ríos, que este lunes lanzó una campaña de información sobre el tema, para conocer cómo viene el pago en clínicas y sanatorios, que hasta ahora son el sector que más protestó contra la medida. «Este decreto supone un derecho y como todo derecho, debe garantizarse», enfatizó la dirigente gremial y sugirió que los trabajadores que no lo cobraron se comuniquen con el sindicato.

Judicialización

El decreto anunciado por el gobierno nacional oficializó el pago de un bono de fin de año para todos los trabajadores del sector privado que perciban un ingreso neto de hasta tres salarios mínimos, vitales y móviles, de 24 mil pesos, a pagarse antes del 31 de diciembre. Se anunciaron además diversas medidas para ayudar a pymes que tengan problemas para afrontan los gastos, así como a empleadores de personal de casa particulares.

En el caso del sector, no sólo rechazan el pago, sino que además buscarían judicializar el rechazo. Así lo adelantaron desde la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA), que analizan ir más allá y presentar un amparo judicial para no pagar los 24 mil pesos que establece la normativa, a la que declaran “inconstitucional”.

FECLIBA manifestó la preocupación de todas las entidades que representa con motivo del anuncio por parte del Gobierno Nacional del pago del bono de fin de año, ante la imposibilidad de hacer frente al mismo teniendo en cuenta la situación de los Prestadores, (sigue) pic.twitter.com/g7yGoQwDua

— FECLIBA (@FECLIBA) January 2, 2023

FECLIBA manifestó mediante un comunicado que «la preocupación de todas las entidades que representa con motivo del anuncio por parte del Gobierno Nacional del pago del bono de fin de año, ante la imposibilidad de hacer frente al mismo teniendo en cuenta la situación de los prestadores».

Esta realidad se vio «agravada por la pandemia y el pago de sueldos y aguinaldos». FECLIBA analiza frenar judicialmente el decreto del Gobierno que obliga a los privados a pagar un bono de fin de año, insistió la entidad.

Como antecedente, desde DECLIBA recordaron que la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Córdoba (ACLISA) fue la primera en recurrir a la Justicia para frenar el depósito del bono. «A través de todas estas evaluaciones y situaciones de ahogo no sólo estamos en sesión permanente, sino también evaluando las medidas que los asesores legales de alguna forma nos dan. Y tratando de no confrontar con nuestros propios empleados. Lamentablemente estamos buscando algún tipo de recurso en la Justicia», concluyó la entidad.

Efecto colateral

La puja en el sector de las clínicas con ATSA podría tener una consecuencia no deseada: una suba de las cuotas de las prepagas. Las empresas recibieron de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) una carta para trasladar el valor del pago del bono a las cuotas que pagan los afiliados, lo que haría aumentar un 7 por ciento más a los aumentos ya programados y autoridades.

Así se lo dijeron a Gestión Sindical fuentes del sector, que aseguran que la decisión «caerá muy mal» en el sector de la medicina privada, que viene perdiendo afiliados por los incrementos y por el aumento del trabajo informal (problemática que comparte con las obras sociales sindicales).

En enero, la medicina prepaga subirá de acuerdo a lo programado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) 6,9 por ciento. Además, ya hay una importante suba en febrero: 8,21 por ciento. En ese caso, se pondrá en vigencia la nueva fórmula para calcular el valor de las cuotas, que incluye una forma de lograr una reducción en este valor.

Según se informó, los afiliados deberán informar a la SSS si ganan menos de seis salarios mínimos (lo que equivale a 371.718 pesos) para que las prepagas solo les aumenten un 4,91por ciento la cuota de febrero. Se trata de una “declaración jurada de ingresos” que se hará en Internet y deberá realizarse antes del día 20.