El abogado Alberto Luciani (es defensor de los trabajadores petroleros Néstor Vibares y Martín Oñate), comentó los cuestionables motivos, por los que llevan a juicio a los dirigentes gremiales que trabajaban en la empresa BACS SA:

 Los hechos de los cuales son acusados acontecieron en febrero del 2014. En ése momento los trabajadores Vibares y Oñate eran miembros del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, con la legalidad necesaria para llevar adelante una medida de fuerza que respondía a los reclamos de sus compañeros. Precisamente había un despedido arbitrario y diferencias salariales. También se encontraba otro delegado llamado Jorge Armoa y mediante una asamblea de base se había resuelto un paro de brazos caídos.

El juez Quelín que pertenece a la localidad de Las Heras, inmediatamente había ordenado detener a los dos integrantes del sindicato y al delegado de base a favor de la insistencia de los directivos de la empresa petrolera. La acusación por la que fueron detenidos fue, entorpecimiento económico de la actividad petrolera, coacciones y violación de domicilio. Vibares, Oñate y Armoa permanecieron tres meses con prisión preventiva hasta que por muchas exigencias de diferentes organismos y la presión social, fueron puestos en libertad a principios del 2015.

La causa siguió su curso y llega al juicio a realizar en el juzgado de Caleta Olivia.
Allí se va a dictaminar el principio de inocencia o culpabilidad de los tres trabajadores, sin ninguna prueba que avale los supuestos daños causados durante las medidas de fuerza a BACS SA. Tan sólo tiene la intención de ser un caso testigo para amedrentar a cualquier trabajador que quiera llevar un reclamo de justa causa. En el caso de los tres petroleros les genera la angustia de perder nuevamente la libertad.

El objetivo concreto que planteó el abogado Luciani es la absolución a los trabajadores petroleros, porque cumplían con sus tareas como representantes de sus compañeros. Pero según afirma; es muy difícil llevar adelante una defensa justa a los trabajadores, porque también son amedrentados los abogados que los defienden y llegan a iniciarles sumarios para desistir en la defensa de los trabajadores.

Además del juicio a los petroleros, se hizo hincapié en otras persecuciones a otros trabajadores y trabajadoras que están con causas penales como ocurre, con once jubilados de la administración pública acusados de pegar afiches durante los reclamos de atraso de sus haberes en 2017. También habló Gabriela Ance (militante del Partido Obrero) que fue indagatoria acusada de participar en los reclamos de cientos de trabajadores que fueron duramente reprimidos en los alrededores de la casa de la gobernadora Alicia Kirchner en 2017.

Otro caso que se mencionó fue la posible cesantía de dos docentes que reclamaban por una lista de cargos que contenían varias irregularidades realizadas a propósito por el Consejo Provincial de Educación y donde habían expulsado a los vocales que representaban a ADOSAC y se negaron a aprobar dicho listado.

En la reunión participaron varios integrantes de los organismos de derechos humanos, ADOSAC, APROSA, CTA Santa Cruz, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido de los Trabajadores Socialistas, donde decidieron impulsar una campaña contra la persecución hacia los trabajadores que luchan por sus reclamos en Santa Cruz. Pronto habrá un comunicado para difundir en todo el país, llamando a la solidaridad de los que luchan y son perseguidos por la justicia del FPV.