“La justicia de Chubut acaba de condenar como culpable en el juicio sobre los hechos de Legislatura en septiembre del año 2019 al ex Secretario General de nuestro sindicato. Una condena que no es justicia, es criminalización de la protesta.

La docencia provincial viene desde hace años resistiendo los atropellos de este Gobierno de Mariano Arcioni y sus funcionarios que sistemáticamente han mancillado a la educación pública. Han menoscabado el derecho a la educación de los y las chubutenses con sus políticas sistemáticas de abandono presupuestario y han atacado sistemáticamente a la docencia en sus condiciones laborales y salariales. Las consecuencias de esta política de abandono son visibles para todo el mundo. Hace apenas un mes en la escuela de El Maitén, por mal funcionamiento de la calefacción, intoxicó a más de 72 personas con monóxido de carbono. Un verdadero atentado a nuestras comunidades educativas. Hoy, el salario inicial de docente penas supera el 50% del valor del costo la canasta familiar. Salarios de pobreza que apenas supera el umbral de la indigencia. Son éstas las consecuencias de una política de ajuste para las mayorías populares en una provincia rica. A eso le decimos basta. Mañana vamos a demostrar que no nos da lo mismo. Mañana paramos para señalar que este fallo judicial es vergonzoso y no lo vamos a aceptar.

Los hechos sucedidos en el mes de septiembre del año 2019 son consecuencia de haber llevada a todo un pueblo al borde de la desesperación, el ahogo y la violencia inscripta en una política que incumplió sistemáticamente las leyes más elementales, incumplieron las paritarias firmadas ese mismo año. ¡Incumplieron en el pago de los sueldos por meses! Nos seguimos preguntando: ¿Qué hizo el sistema judicial ante tamaña afronta a la vida institucional, el marco normativo y las pautas democráticas de nuestra comunidad?

La dolorosísima muerte de las compañeras docentes de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Jorgelina y María Cristina, en esa misma jornada del 17 y 18 de septiembre, luego haber concurrido a la ciudad de Rawson para protestar ante esta situación, es un luctuoso hecho que nada, ni nadie, borrará de nuestra memoria colectiva y que tiene a un solo responsable político, el Gobernador Mariano Arcioni.

La Junta Ejecutiva provincial ha realizado un pedido expreso a nuestra Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), una acción nacional para rechazar esta medida judicial que busca amedrentar al colectivo docente, no sólo en nuestro territorio provincial, sino a toda la docencia del país”.