“Repudiamos los hechos de violencia acaecidos en una marcha en barrio Moreno, donde se dieron episodios que los jujeños que no estamos acostumbrados a ver, menos en situaciones cuando estamos cerca de una compulsa electoral", dijo Carlos Santillán.
Al hacer referencia a los hechos acaecidos en una caminata del Frente Unidos y Organizados, el titular del SEOM señaló que los mismos “nada tienen que ver con la democracia que pretendemos o con la lucha por los derechos humanos que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, que es por la vida y no por la muerte”.
“Veladamente, nos están haciendo cargo de lo que no somos responsables. (Los acusados de la agresión) nunca trabajaron para nosotros pintando nada, nunca trabajaron con nosotros, y ahora se saben los nombres”, sostuvo, añadiendo que “nosotros sí hemos sido atacados y amenazados con arma de fuego por José Luis Bejarano, candidato a primer concejal por Unidos y Organizados”, reflexionando luego que “los que tomaron el gremio, posiblemente quieren revancha y por eso nos quieren involucrar en un hecho tan lamentable”.
Recalcó Santillán que “nosotros hemos evitado cualquier tipo de enfrentamiento de pobres contra pobres, porque eso es algo irracional”.
“Esta escalada violenta no tiene nada que ver con los parámetros de nuestra ideología”, manifestó, seguidamente, el dirigente.
Ante una pregunta periodística, Santillán dijo que “dados ya los nombres, en Jujuy todos conocemos que esa gente pertenece o ha pertenecido a la Tupac Amaru. No tenemos registro que esa gente pertenezca a otra organización. No sabemos qué hecho hizo que se haya producido este terrible enfrentamiento. Lo que sí sabemos es que es un enfrentamiento dentro de la organización Tupac Amaru y no afuera, como lo están diciendo”.
Denuncia penal por administración fraudulenta
En la conferencia de prensa, el abogado Mario Culcuy, detalló que este miércoles el SEOM presentó una denuncia por los supuestos delitos de administración fraudulenta contra Hugo Prieto, Ariel Palacios y Pedro Velázquez, ante la Fiscalía de Investigación Nº 4, a cargo de Aldo Lozano.
Culcuy dijo que “una de las prioridades del equipo jurídico del SEOM es movernos en el marco de la verdad, con pruebas de todos y cada uno de los actos que produzcamos. No nos interesa salir a vituperar ni ofender a nadie, sino tenemos pruebas contundentes”.
El abogado puntualizó que se está llevando a cabo una auditoría profunda sobre la situación económica del gremio “que está muy golpeada, por el mal desempeño de quienes usurparon la institución y que, arrogándose la representación del sindicato, dispusieron de fondos de una manera grave, que dejó un agujero negro en la economía del sindicato”.
Culcuy aclaró que aunque la auditoría no concluyó, “hemos plasmado esta primera denuncia, ya que cuando se proclama a la lista ganadora, se procede a comunicar esta situación a diversos organismos, entre ellos el banco. Sin embargo, esta gente siguió suscribiendo valores y títulos como cheques de pago diferido y corrientes, como si fuesen autoridades, incluso haciéndolo por medio de gente que no estaba autorizada para hacerlo por el Estatuto”.
“Producida la muerte de Juan Carlos Bejarano, se hace un corrimiento de autoridades, pero la gente que asume ciertas funciones dentro de ese grupo para el manejo de los fondos, no estaba habilitada”.
“De este modo, empieza a caminarse sobre un estado fraudulento de cosas. Lo que es peor, fue el ardid que se usó, presentando ante las instituciones bancarias y a los municipios una vieja certificación que los reconoció en su momento como autoridades legítimas, pero cuando la realidad electoral era otra. Fue un ardid para engañar a los municipios y a las autoridades bancarias”.
La denuncia, agregó Culcuy, se hizo ante la Fiscalía de Lozano, “sin perjuicio que este funcionario, al ver la fecha de este movimiento fraudulento de fondos, pueda remitirla a otros fiscales que estaban actuando en ese momento”. Tampoco se descartó que se amplíe la denuncia ni que la propia Fiscalía detecte otros delitos.
La defraudación sería “en principio, de un millón de pesos, en un período de tres meses. Esto no quiere decir que no sea más, y que no tengan responsabilidades otros organismos como los bancos”, sostuvo, acotando que “por ejemplo, hubo movimientos de caja chica de 300.000 pesos en un mes”.
Además, señaló que ya se trabaja en la recopilación de elementos para presentar una denuncia por el delito de usurpación. “Nosotros, no vamos a parar, porque no queremos impunidad. Nuestros objetivo es luchar contra la impunidad, pero no queremos hacerlo caminando sobre el agua, sino sobre cosas ciertas”, sostuvo el letrado.
Dan dinero para fragmentar el gremio municipal
Finalmente, Santillán indicó que Prieto, Bejarano y Velázquez, “se encuentran actualmente recorriendo el interior ofreciendo préstamos a largo plazo a los compañeros, para que se afilien a un nuevo gremio, con la intención de seguir dividiendo al movimiento obrero, en este caso al sindicato municipal. Estas metodologías también son violentas, como se viene denunciando”, finalizó.
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