El dirigente gremial criticó, al igual que su par de la CGT, Héctor Daer, a la cámara baja del Congreso por no haber convocado a las centrales a la comisión de Trabajo en la previa del tratamiento del proyecto que resultó aprobado, “se aprobó una reforma laboral que no se discutió en la comisión de trabajo y quiero dejar constancia”, disparó Yasky.

El diputado nacional por Unión por la Patria señaló que la reforma laboral propuesta en el proyecto del gobierno de Javier Milei, “desincentiva la registración y legaliza el fraude laboral”.

Yasky repasó algunos de los indicadores sociales de la actualidad y resaltó que hoy en día, “el salario mínimo vital y móvil tiene un desplome histórico, está en un 54% por debajo del último valor que había tenido en el gobierno de Alberto Fernández, que ya venía perdiendo”, entre otros datos aportados por el gremialista.

A su vez, señaló que el proyecto de reforma laboral dentro de la Ley de Bases, “elimina sanciones a empleadores por contratar en negro o retener aportes, crea la figura de monotributista con cinco colaboradores”, lo que repercutiría en que “unos 600 mil trabajadores podrían pasar de estar registrados a convertirse de inmediato en un número de informales que incrementaría lo que ya tenemos”, criticó.

También se refirió al nuevo Fondo de Cese Laboral y al “abaratamiento del costo del despido” que conlleva, “favorecer el despido sin causa con un agravante, en otro artículo le permite a los empleadores el despido discriminatorio. Esto es algo absolutamente contrapuesto al artículo 14 bis de la Constitución” y añadió que la totalidad del capítulo laboral es inconstitucional por el mencionado artículo y por el 75, que impone la no regresividad de las leyes.

Yasky cargo contra el proyecto y remarcó que “elimina la responsabilidad solidaria por flexibilizar trabajadores, alarga el período de prueba hasta un año, habilita el pase a disponibilidad de trabajadores por 12 meses, de manera tal que en este contexto todos los trabajadores del Estado quedan pendiendo de un hilo”, subrayó.

El dirigente advirtió que con la eliminación de la moratoria previsional, “9 de cada 10 mujeres que no se van a poder jubilar y van a tener que cobrar una PUAN, y 3 de cada 10 varones no se van a poder jubilar”, lo que según Yasky acerca al país a “un modelo social parecido al que impera en el resto de países de América Latina, absolutamente regresivo en términos de una cobertura jubilatoria que es orgullo de los argentinos”, caracterizó.

Por otra parte, desde CTA-T, manifestaron que el proyecto, “viola el principio de la estabilidad laboral, porque cuando hablamos de despido discriminatorio habilita a que por ejemplo, por actividad sindical pueda ser despedido un trabajador. El que despide por indiscriminación solamente tiene que pagar una multa”, cuestionó.

En otro tramo de su alocución, Yasky consideró que el proyecto de ley de Bases y el paquete Fiscal, “rebaja el impuesto a los ricos y carga con más impuestos a los trabajadores con el impuesto a las ganancias y la eliminación del monotributo social y se suben las escalas y montos del monotributo”, expresó.

En esa línea enfatizó en que “está claro que no estamos frente a una medida que tiende a garantizar más recursos para el Estado, sino que garantiza que los recursos del Estado, que van a ser más o menos los mismos, los pongan los pobres y los trabajadores, mientras que los más ricos se desentienden de pagar el tributo”, insistió.

Yaský criticó además el blanqueo de capitales estipulado en el paquete fiscal y remarcó que “incluye como beneficiaros a no residentes sin origen de los fondos, lo cual abre las puertas al lavado de dinero, a los fondos que surgen de la trata de personas y del narcotrafico” y que, de esta forma, “convertimos a la Argentina en un enclave que le tiende la alfombra roja a los narcotraficantes”, fustigó.

Sobre el capítulo de privatizaciones, mencionó que las empresas que no están mencionadas para ser privatizadas pueden sufrir intervenciones que desvirtúen su rol y su función” y que “muchas de estas empresas ya pasaron por manos privadas, fueron vaciadas y luego vueltas a recuperar por el Estado” que ahora podría volver a desprenderse de las mismas.

El diputado también cuestionó el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y sostuvo que “otorga excesivos beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años y sin contraparte alguna. No hay obligación de favorecer a proveedores locales, no se agrega valor en Argentina” y que siguiendo este sistema, “nos convertimos en un enclave extractivo que simplemente va a mirar cómo se llevan nuestras riquezas a cambio de nada”, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal “que en la práctica no existe”, del gobierno.

Yasky, criticó que el proyecto sea “todo de corto plazo” y  agregó que en el Senado, “tenemos la oportunidad de evitar que con la sanción de esta ley entreguemos a nuestros país y nuestros derechos”, concluyó el dirigente.